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El debate sobre las pensiones, latente desde hace años, es de largo recorrido, pero se ha situado en el centro de la agenda política gracias al digno activismo de nuestros mayores. Y aunque, el que suscribe, no es ningún especialista, si quiere realizar algunas consideraciones con el objetivo de ayudar a que los árboles nos permitan ver el bosque.

Los más apocalípticos proclaman, a todas horas y como posesos, la insostenibilidad del sistema, eso sí, del sistema público. Y, aunque existen serios problemas, tanta vehemencia suena a que este no más que otro eslabón en la ofensiva ultraliberal de reducción de lo público. Conviene recordar, en este punto, que el sistema público de pensiones es uno de los ejes básicos del Estado del Bienestar.

Se aluden, como causas principales de insostenibilidad, la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Problemas ciertos, y que afectan a nuestro sistema público de pensiones, pero comunes a nuestro entorno occidental, en el que se vienen adoptando diversas medidas a modo de respuesta. El incremento de las cotizaciones (como sucede en Alemania), la capitalización pública (como en el caso de Suecia) o las reformas paramétricas (incremento tanto de la edad de jubilación como de los períodos de cotización exigidos para tener derecho a pensión completa), se encuentran entre las respuestas más relevantes.

Con la propuesta de ahorro y capitalización de Mariano Rajoy, queda claro que la derecha pretende reducir las pensiones públicas, excluir a los empresarios del problema (al menos en gran parte) y hacer recaer sobre los trabajadores la responsabilidad sobre el alcance de su pensión futura

La primera de las respuestas que pueden ocurrírsele a cualquier persona normal, es la de, si nos podemos sostenerlo, aumentemos nuestras aportaciones. Es decir, subamos las cotizaciones. Y en este punto, la respuesta, nuevamente de los apocalípticos, es no. Ya se paga demasiado por este concepto, no se puede incrementar. Sería demasiada carga para trabajadores y empresarios.

Sin embargo, y curiosamente, su propuesta, mayoritaria entre la derecha política, económica y periodística, es la de capitalizar, a través de fondos de pensiones privados. Y resulta curioso, porque con esta propuesta excluyen a los empresarios en su participación y destinan la carga sobre los asalariados. Ahorren y así tendrán una mejor pensión. Se les olvida que no quieren cargar a los trabajadores con más cotizaciones, y, sin embargo, proponen que un nuevo gasto en fondos privados. Está claro, por tanto, que su propuesta solo persigue disminuir la responsabilidad de los empresarios en su participación para sostener el sistema público de pensiones. Empresarios a los que, como ya he dicho, se les ha facilitado el despido y su abaratamiento, al tiempo que se les ha permitido pagar salarios de miseria que impiden que gran parte de los trabajadores puedan llegar a final de mes. A la derecha, sin duda, se le ve el plumero.

Con la propuesta de ahorro y capitalización de Mariano Rajoy, queda claro que la derecha pretende reducir las pensiones públicas, excluir a los empresarios del problema (al menos en gran parte) y hacer recaer sobre los trabajadores la responsabilidad sobre el alcance de su pensión futura. O dicho de otro modo, venirle a decir a las rentas más bajas que, si su pensión es pequeña, es porque no han ahorrado lo suficiente. Culpabilizarlos. Pero no quedamos que no se podían subir sus cotizaciones por falta de recursos. Sin duda, la estrategia de la derecha es torticera y demasiado evidente. O se tiene dinero o no se tiene dinero, ya sea para cotizaciones o para fondos de inversión privados.

El sistema de capitalización no garantiza, por otra parte, un tratamiento uniforme de todos los trabajadores, ya que dos personas con situaciones similares, recibirían una prestación diferente en función de la rentabilidad obtenida en los fondos donde hubiesen invertido

Lo que no nos dicen, cuando nos proponen el régimen de capitalización, son los riesgos que corremos, ni a quienes beneficia al sistema propuesto. En primer lugar, con tal sistema, la responsabilidad del estado, así como la de los empresarios, y por consiguiente el mantenimiento del sistema público de pensiones, se vería reducida a la mínima expresión, conculcando con ello un derecho constitucional. En segundo lugar, los ahorros de los trabajadores invertidos en este tipo de fondos tienen el riesgo de que, si los mismos son mal gestionados, y pagando las respectivas comisiones a los gestores, si es el caso,  el valor de nuestro dinero se reduciría sensiblemente. Y, por otra parte, si los salarios, como es el caso en España, son tan bajos, las posibilidades de capitalización de los trabajadores serán mucho menores, y, por lo tanto, también  sus pensiones lo serán. En cambio, las rentas más altas podrán destinar una mayor parte de sus ingresos a la capitalización de sus futuras pensiones. Queda claro, por tanto, que este sistema beneficia, en mucha mayor medida, a las rentas más altas, y en especial en nuestro país, si tenemos en cuenta la reducción salarial operada durante la crisis, con la política laboral del Partido Popular.

En segundo lugar, otros de los grandes beneficiados, con el sistema de capitalización, serían los bancos y las compañías de seguros, que gestionarían a buen seguro estos fondos, como ya hacen en la actualidad, pero multiplicado por mucho más. Esta es una de las características del capitalismo pepero, crear empresas y espacios económicos, desgajándolo de lo público. ¿O no se acuerdan de la reina de las ranas y los hospitales de Madrid?

El sistema de capitalización no garantiza, por otra parte, un tratamiento uniforme de todos los trabajadores, ya que dos personas con situaciones similares, recibirían una prestación diferente en función de la rentabilidad obtenida en los fondos donde hubiesen invertido. Es un sistema que, por tanto, abandona el principio de solidaridad, salvo en el caso de Suecia que, con su sistema de cuentas nocionales, con su sistema de contribuciones individuales, de contribución definida, si lo mantiene, aunque adaptando el nivel de prestaciones a la capacidad económica del país. Y por cierto les va muy bien.

Por otra parte, nuestra hucha de las pensiones se ha nutrido, en el periodo 2000-2010, exclusivamente con los excedentes de las aportaciones de las cotizaciones. Es decir, hasta épocas recientes, recientísimas, el sistema era capaz de retroalimentarse de estos excelentes. Qué ha cambiado, desde entonces hasta ahora, para que, de repente, el sistema sea insostenible. La crisis económica, ciertamente, pero también la legislación que el Partido Popular ha implantado, con el perverso objetivo de hacer insostenible nuestro sistema público de pensiones, con políticas de reducción de lo público, alimentando la privatización de esferas de tal carácter. La reducción de los salarios, el despido fácil y barato, el incremento de costes de consumos imprescindibles (como la luz, el agua y otros) y el discurso apocalíptico, tienen como exclusivo objetivo reducir los beneficios que las sociedades occidentales establecieron después de la segunda guerra mundial. Este es el plan.

Han aprovechado la crisis para provocar su debilitamiento, el de nuestra hucha de las pensiones, y forzar un cambio estructural que se dirija hacia la proliferación de los fondos privados

Y hay que recordar, en relación con las huchas de las pensiones, que existen otras fuentes de financiación que, hasta ahora, no se han explorado en nuestro país. La experiencia europea nos dice que estos fondos, en los que España no es un caso único, se han nutrido también de los superávits de los Presupuestos Generales del Estado, de las privatizaciones de  bienes públicos, e, incluso, de los impuestos pagados por los ciudadanos.

En definitiva, la realidad es clara, han aprovechado la crisis para provocar su debilitamiento, el de nuestra hucha de las pensiones, (y si no, analicen los destinos de los dineros extraídos de este fondo) y forzar un cambio estructural que se dirija hacia la proliferación de los fondos privados (mensaje más que repetido bajo el eufemismo de “hay que ahorrar). Insisto, el gobierno sostiene que no se pueden incrementar las cotizaciones de los trabajadores, porque no se pueden esquilmar más, y sin embargo, aconseja ahorrar para hacerse planes privados. Y si ya están esquilmados, de donde creen que van a generar el ahorro, especialmente las rentas más bajas. Contradicción esta que demuestra la perversidad del gobierno español.

Y si, además, tenemos en cuenta que los gastos de mantenimiento de la vivienda (electricidad, agua y otros), vienen a significar, según algunos analistas, en torno al 40% del gasto de las familias, y  si observamos las subidas de los costes de consumo en las viviendas en los últimos años, podremos darnos cuenta que la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido mucho más de lo que el gobierno pone de manifiesto maquillando las cifras

El verdadero problema es que se ha facilitado, no me cansaré nunca de repetirlo, el despido y su abaratamiento, se ha legislado para facilitar la reducción notable de los salarios (elemento clave del sostenimiento del sistema), al tiempo que han subido considerablemente los consumos básicos. Y esto ha provocado un empobrecimiento de los asalariados, mucho más acusado en los de rentas más bajas, entre los que podemos incluir a la mayoría de los pensionistas. Este es el asunto.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza. Si miramos a nuestro vecino, Portugal, comprobaremos que han conseguido elevar el nivel de sus pensiones a valores anteriores a la crisis económica. No todo está perdido, pero para ello deberemos desalojar al PP del gobierno. Esta es nuestra tarea para defender el Estado del Bienestar.

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