Una vivienda de dos plantas situada en la calle Ángel Ganivet de Lebrija se queda, de momento, fuera del mercado. La Tesorería General de la Seguridad Social ha suspendido la subasta pública del inmueble, que tenía un precio de salida de 100.352 euros, después de la aprobación del Real Decreto-ley 26/2026, que incluye medidas para proteger la función social de la vivienda y aumentar la oferta de vivienda asequible. La venta no llegó a celebrarse y ahora será necesario determinar qué régimen jurídico se aplica al inmueble y cuál será su destino definitivo.

La decisión figura en una resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla publicada este miércoles en el BOE. El documento, firmado el pasado 5 de octubre por la directora provincial, Teresa Caipa Pérez, acuerda suspender la celebración de la subasta pública mediante procedimiento abierto. La enajenación de la vivienda había sido acordada el 22 de junio y la convocatoria de la subasta se produjo el 9 de septiembre, con un precio de salida de 100.352 euros. El anuncio correspondiente fue publicado en el BOE el 14 de septiembre.

El cambio de escenario llegó con la publicación, el pasado 30 de septiembre, del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre. Entre sus medidas se contemplaba la aportación de determinadas viviendas pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social a la entidad Casa 47 para destinarlas a políticas de vivienda asequible. Aunque la norma no fue finalmente convalidada por el Congreso de los Diputados, la Tesorería ha optado por paralizar la operación mientras se determina qué tratamiento jurídico debe recibir el inmueble.

Vivienda social

La resolución publicada en el BOE justifica esta decisión en la necesidad de "salvaguardar el interés público y evitar actuaciones que pudieran resultar incompatibles con las previsiones de la citada norma". De este modo, la subasta queda suspendida hasta que se determine "de forma definitiva el régimen jurídico aplicable al inmueble". La vivienda permanece así dentro del patrimonio de la Seguridad Social, sin que se haya completado el procedimiento de venta que estaba previsto inicialmente.

Las condiciones de la subasta establecían que el adjudicatario debía cubrir al menos el 50% de la cantidad total del precio de cierre. Sin embargo, la operación ha quedado en suspenso y el inmueble permanece ahora a la espera de una decisión sobre su futuro. Entre las posibilidades está su eventual incorporación a las políticas públicas de vivienda asequible, aunque por el momento la Tesorería únicamente ha acordado detener la venta hasta que quede definido el régimen jurídico aplicable.