La crisis de la vivienda también tiene consecuencias dentro de las aulas. Así lo advierte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que ha aprovechado el inicio del curso escolar para poner el foco en el impacto que la inseguridad habitacional tiene sobre niños y niñas, especialmente en una provincia como Cádiz.

La organización recuerda que la vivienda es un derecho reconocido en la Declaración Universal y en la Constitución española, aunque considera que no se está garantizando. En su análisis, reclama medidas para aumentar la vivienda pública y social e intervenir el mercado del alquiler ante una situación que afecta especialmente a las familias vulnerables y a los jóvenes.

Pero la Apdha quiere centrar la atención en los menores. Según los datos recogidos en un informe elaborado por la entidad —titulado El derecho a la educación no es posible sin vivienda—, uno de cada cinco niños y niñas reside en viviendas insalubres, una situación que, de acuerdo con Save the Children (2023), afecta negativamente a su salud, desarrollo, bienestar y rendimiento escolar. En Cádiz, además, la organización señala que las infraviviendas se localizan mayoritariamente en el centro histórico.

Cuando perder la vivienda afecta a la educación

La emergencia habitacional también está relacionada con los desahucios. El informe cita a Unicef (2024), según cuyos datos el 80% de los desahucios que se producen en España afecta a familias con menores. En el primer trimestre de 2026 se practicaron 122 desahucios en la provincia de Cádiz, según los datos del TSJA recogidos por la Apdha. En Andalucía fueron 616 durante ese mismo periodo.

Por provincias, Granada registró 142 desahucios, Cádiz 122, Málaga 94, Sevilla 87, Córdoba 70, Almería 54, Jaén 24 y Huelva 23. Cádiz aparece así como la segunda provincia andaluza con más lanzamientos en ese trimestre.

El problema, según advierte la organización, no termina cuando una familia pierde su vivienda. Muchas de las familias desahuciadas son alojadas temporalmente en albergues, pensiones u hoteles alejados de sus centros educativos, e incluso en otros municipios.

Esta situación puede comprometer el derecho a la educación de los menores y llegar a provocar cambios de colegio y pérdida de las redes afectivas construidas con profesores y compañeros. El informe también recoge que los hogares con menores soportan especialmente la presión de los precios. Cuatro de cada diez hogares con hijos que viven de alquiler sufren una sobrecarga económica por la vivienda, mientras que el 72 % de los hogares con menores concentra los casos de riesgo de pobreza entre las personas que viven de alquiler.

Más de medio millón de niños y niñas, el 6,2 %, viven además en condiciones de carencia severa de vivienda, como hacinamiento, humedades o goteras.

Ansiedad, falta de concentración y menor rendimiento escolar

La Apdha plantea que la comunidad educativa debe ser consciente de las condiciones vitales de su alumnado. La organización señala que existen indicadores contrastados que muestran cambios importantes en la conducta de los menores que atraviesan estas situaciones.

Estos niños y niñas pueden mostrarse más inquietos o irascibles. También pueden sentir vergüenza de explicar lo que ocurre en sus hogares y afrontar la situación en soledad. La inseguridad habitacional puede coincidir además con una bajada del rendimiento académico, dificultades para realizar y entregar las tareas escolares, pérdida de concentración y menor motivación hacia el trabajo.

El informe identifica otras consecuencias educativas relacionadas con estas situaciones, como la ansiedad, las pesadillas, los ataques de pánico, los problemas de conducta, el aislamiento o el absentismo escolar.

También apunta a las dificultades para estudiar en viviendas con hacinamiento y a los problemas que pueden encontrar las familias para ayudar a sus hijos con las tareas escolares.

La Apdha subraya que las dificultades académicas no pueden analizarse al margen del contexto familiar. A su juicio, es necesario tener en cuenta si la unidad familiar dispone de un lugar adecuado, seguro y estable para vivir.

La situación de Cádiz añade además una presión específica por el coste de la vivienda. El informe sitúa el alquiler residencial medio en torno a los 900 euros mensuales, el precio más elevado de la Bahía. En San Fernando se sitúa en 613 euros; en Puerto Real, en 615; y en El Puerto de Santa María, en torno a 775 euros.

La lista de demandantes de vivienda social de Procasa rondaba las 6.900 personas en diciembre de 2025, según los datos recogidos en el documento.

El informe señala asimismo que Cádiz es la capital de provincia española donde las familias soportan un mayor esfuerzo económico para comprar vivienda. Además, más de 140.000 personas en la provincia quedarían por debajo del umbral de pobreza una vez descontados los gastos relacionados con la vivienda, según el informe Foessa 2026 citado por la Apdha.

La Apdha pide a los colegios que estén alerta

Ante esta situación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hace un llamamiento a colegios e institutos para que estén atentos a las familias que puedan estar atravesando una emergencia habitacional.

La organización plantea tres líneas principales de actuación: detectar entre el alumnado y sus familias estas situaciones, desplegar las medidas de apoyo que permitan los medios disponibles y denunciar y exigir a las instituciones responsables que adopten medidas para evitar ese sufrimiento.

El informe propone mecanismos de detección temprana, entornos de confianza para que las familias puedan pedir ayuda, apoyo emocional y adaptación de tareas y evaluaciones. También reclama coordinación entre docentes, orientación y equipos directivos, así como conexión con servicios sociales, Procasa, sindicatos de inquilinos y entidades sociales.

A ello suma el seguimiento individualizado y la incorporación de educadores sociales, profesionales de integración y psicólogos, además de acciones de sensibilización sobre la problemática de la vivienda dentro de los centros educativos.