José María González, Kichi, alcalde de Cádiz, pide el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras la protesta protagonizada por emigrantes en el de Aluche (Madrid), donde se han concentrado en la azotea del edificio. González apoya así, dice, a los que “legítimamente protestan ante una vulneración constante de los derechos fundamentales” y señala que este acto “no es un motín, es una movilización ciudadana y una reclamación de la justicia más elemental”.
“Los CIE constituyen espacios opacos en los que no se garantizan adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida personal y familiar, a la intimidad, a la integridad física, al acceso a la justicia, o incluso en la propia vida”, señala González en Diputación, durante el debate de una propuesta de Ganemos Jerez en la que se pedía el cierre inmediato del CIE de Algeciras y de Tarifa.
La medida en cuestión salió adelante con el voto en contra del PP, y a través de ella se instaba al Ministerio de Interior para que pusiese en marcha un plan para sustituir los CIE por pisos tutelados por ONG e instituciones donde se garanticen los derechos de las personas. “Las instalaciones del CIE (de Algeciras) se encuentran ubicadas en el edificio del antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, instalaciones clausuradas en el año 2000 porque las deficientes condiciones del edificio hacían inviable su continuidad”, recuerda el alcalde de Cádiz.
El CIE de Tarifa, por su parte, se encuentra en un limbo legal “aún mayor que el que ya de por sí tienen los CIE”, ya que “esta apariencia de funcionamiento provisional y dependiente del CIE de Algeciras ha servido para encubrir o disfrazar la realidad de estas instalaciones constituidas, en realidad, de forma totalmente irregular como un CIE totalmente independiente tanto en funcionamiento como en organización interna”.
“Las mujeres se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres”, advierte González, que señala que “se ha probado que, entre las mujeres encerradas en los CIE, hay embarazadas, víctimas de tráfico, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en el Estado español a sus hijos”. También apunta que “en los CIE se continúa internándose a personas con enfermedades físicas y psíquicas graves, reduciendo las posibilidades de recibir atención médica especializada y continuar con los tratamientos”.
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