El sindicato Acaip-UGT ha pedido a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias que revise con urgencia la clasificación de un interno trasladado a Sevilla II tras protagonizar, según la organización, dos episodios violentos contra trabajadores de Puerto III. El preso mantiene el segundo grado, una decisión que el sindicato considera incomprensible dada la gravedad de los hechos que relata.
El primer episodio se produjo el 30 de octubre en la enfermería de la prisión. Según Acaip-UGT, el interno se abalanzó sobre un médico y los funcionarios intervinieron para evitar consecuencias mayores. Al día siguiente, el preso volvió a la enfermería tras simular un desmayo, según la versión sindical. Durante el regreso a su módulo, atacó al personal penitenciario. Uno de los funcionarios sufrió la fractura de un brazo y múltiples contusiones.
“¿Qué tiene que hacer un interno para que Instituciones Penitenciarias reconozca su peligrosidad? ¿Acaso fracturarle un brazo a un funcionario y atacar a un médico no es suficientemente grave?”, plantea el sindicato en su comunicado.
El sindicato pide que se valore su destino a un departamento especial
Acaip-UGT reclama que se revise la clasificación del preso y se valore la aplicación del artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario. Según explica la organización, esta modalidad contempla el destino a departamentos especiales de internos clasificados en primer grado que hayan protagonizado alteraciones regimentales muy graves, hayan puesto en peligro la vida o la integridad de funcionarios, otros internos o terceras personas y hayan mostrado una peligrosidad extrema.
El sindicato acusa a Instituciones Penitenciarias de maquillar las estadísticas de peligrosidad con su política de reducción del número de internos en primer grado. “Se está priorizando ofrecer unas estadísticas aparentemente favorables frente a la seguridad real de quienes trabajan en las prisiones”, sostiene. A su juicio, mantener la clasificación tras el traslado minimiza la gravedad de las agresiones, rebaja artificialmente la percepción de conflictividad y desplaza el problema de una cárcel a otra sin adoptar medidas eficaces.
“La reinserción no puede convertirse en una excusa para la impunidad”, afirma Acaip-UGT, que advierte de que los trabajadores acaban pagando con su integridad física las consecuencias de unas decisiones que considera alejadas de la realidad de las prisiones. Además de la revisión urgente de este caso, exige que se ponga fin a las políticas de reducción del régimen cerrado que, a su juicio, comprometen la seguridad penitenciaria. “Las agresiones no desaparecen por dejar de reflejar su gravedad en las clasificaciones regimentales. Lo único que desaparece es la protección de los funcionarios”, concluye el sindicato.
El sindicato Acaip-UGT ha pedido a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias que revise con urgencia la clasificación de un interno trasladado a Sevilla II tras protagonizar, según la organización, dos episodios violentos contra trabajadores de Puerto III. El preso mantiene el segundo grado, una decisión que el sindicato considera incomprensible dada la gravedad de los hechos que relata.
El primer episodio se produjo el 30 de octubre en la enfermería de la prisión. Según Acaip-UGT, el interno se abalanzó sobre un médico y los funcionarios intervinieron para evitar consecuencias mayores. Al día siguiente, el preso volvió a la enfermería tras simular un desmayo, según la versión sindical. Durante el regreso a su módulo, atacó al personal penitenciario. Uno de los funcionarios sufrió la fractura de un brazo y múltiples contusiones.
“¿Qué tiene que hacer un interno para que Instituciones Penitenciarias reconozca su peligrosidad? ¿Acaso fracturarle un brazo a un funcionario y atacar a un médico no es suficientemente grave?”, plantea el sindicato en su comunicado.
El sindicato pide que se valore su destino a un departamento especial
Acaip-UGT reclama que se revise la clasificación del preso y se valore la aplicación del artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario. Según explica la organización, esta modalidad contempla el destino a departamentos especiales de internos clasificados en primer grado que hayan protagonizado alteraciones regimentales muy graves, hayan puesto en peligro la vida o la integridad de funcionarios, otros internos o terceras personas y hayan mostrado una peligrosidad extrema.
El sindicato acusa a Instituciones Penitenciarias de maquillar las estadísticas de peligrosidad con su política de reducción del número de internos en primer grado. “Se está priorizando ofrecer unas estadísticas aparentemente favorables frente a la seguridad real de quienes trabajan en las prisiones”, sostiene. A su juicio, mantener la clasificación tras el traslado minimiza la gravedad de las agresiones, rebaja artificialmente la percepción de conflictividad y desplaza el problema de una cárcel a otra sin adoptar medidas eficaces.
“La reinserción no puede convertirse en una excusa para la impunidad”, afirma Acaip-UGT, que advierte de que los trabajadores acaban pagando con su integridad física las consecuencias de unas decisiones que considera alejadas de la realidad de las prisiones. Además de la revisión urgente de este caso, exige que se ponga fin a las políticas de reducción del régimen cerrado que, a su juicio, comprometen la seguridad penitenciaria. “Las agresiones no desaparecen por dejar de reflejar su gravedad en las clasificaciones regimentales. Lo único que desaparece es la protección de los funcionarios”, concluye el sindicato.
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