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Absueltos en Cádiz al rechazar el TSJA un castigo por otra vía un fraude de subvenciones de 4 millones ya prescrito

La ayuda del Ministerio de Industria terminó beneficiando a otra sociedad. Aun así, la Sala descarta que el fraude de subvenciones, ya prescrito, pueda castigarse como alzamiento de bienes, un delito con un plazo de prescripción más largo

  • Granja de placas solares, en una imagen de archivo. -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de los dos acusados en un caso de fraude de subvenciones por una ayuda pública de 4 millones de euros del Ministerio de Industria. Según los hechos probados, la ayuda se usó para un fin distinto del proyecto y acabó beneficiando a otra sociedad.

La Sección de Apelación Penal, en una sentencia fechada el 28 de octubre de 2026, desestima los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria. El fraude ya estaba prescrito, y el tribunal rechaza que esos mismos hechos se castiguen como otro delito con un plazo de prescripción más largo.

Los absueltos son N. M. H. y J. M. R. d. l. C. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, ya los había absuelto en su sentencia 87/2025, de 9 de abril, del fraude de subvenciones por prescripción y de los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Ninguna acusación recurrió la prescripción ni las absoluciones por estafa e insolvencia, así que esos pronunciamientos ya son firmes.

Un préstamo de 4 millones al 0% para un colector solar

Los dos acusados constituyeron Desarrollos Termosolares del Sur (DTS), una sociedad dedicada a las energías renovables. En diciembre de 2009, José Manuel R. d. l. C., en representación de DTS, pidió una ayuda del Programa de Reindustrialización para la comarca de la Bahía de Cádiz. El proyecto se llamaba Nuevo centro productivo para innovador colector solar.

El 17 de mayo de 2010, el Ministerio le concedió un préstamo de 4 millones de euros al 0% de interés, con cinco años de carencia y diez de amortización. Las inversiones debían hacerse a lo largo de 2010 y justificarse antes del 31 de mayo de 2011. El dinero llegó el 14 de junio de 2010 a una cuenta de DTS en el BBVA. Un mes después, la empresa lo colocó en ese mismo banco: 500.000 euros en un contrato financiero y 3,5 millones en un plazo fijo.

El 15 de marzo de 2011, J. M. R. d. l. C. cesó como administrador único y le sustituyó N. M. H. Desde esa fecha, Bahía San Kristóbal (BSK), de la que N. M. H. era representante, pasó a ser socia mayoritaria y administradora de DTS. El 14 de abril de 2011, DTS firmó con el BBVA una póliza de crédito de 3,5 millones garantizada con el plazo fijo de la ayuda.

Entre marzo y abril de 2011, N. M. H. hizo tres transferencias de DTS a BSK. El 16 de marzo traspasó 500.000 euros de la ayuda y 1,5 millones de una disposición en efectivo del BBVA, y el 15 de abril, 2 millones de la póliza. El banco se cobró el crédito en abril de 2012 ejecutando el plazo fijo que lo garantizaba.

El Ministerio denegó la prórroga que había pedido DTS y, como no justificó la inversión, inició el reintegro el 8 de julio de 2011. El 8 de septiembre ordenó devolver los 4 millones más 225.753,42 euros de intereses, y encargó el cobro a la Agencia Tributaria en Jerez. DTS entró en concurso de acreedores en 2013, y la Abogacía del Estado presentó la querella en septiembre de 2017.

Fraude de subvenciones prescrito: por qué no cabe castigarlo como alzamiento

La Abogacía del Estado y la Fiscalía sostenían que las transferencias a BSK y la pignoración eran un delito distinto: frustración de la ejecución, es decir, alzamiento de bienes. Según la Abogacía del Estado, ese delito no estaba prescrito por tener un plazo de diez años. Alegaban que había un concurso real entre los dos delitos o, de forma subsidiaria, la llamada “vuelta a la vida” del delito desplazado. Pedían una condena o, como alternativa, anular la sentencia por falta de motivación.

El tribunal responde que el fraude se consumó el 8 de julio de 2011, una fecha que nadie ha recurrido, y que esas operaciones son anteriores, así que forman parte de la ejecución del propio fraude. La jurisprudencia que cita del Supremo solo admite castigar aparte el alzamiento cuando recae sobre bienes de otro origen. Cuando recae sobre lo obtenido con el delito, esa misma jurisprudencia dice que “el delito de alzamiento de bienes no es sino una fase de agotamiento del propósito de enriquecimiento inherente a la estafa precedente”.

La Abogacía del Estado sostenía también que lo alzado no fue la ayuda, sino el crédito del BBVA, y la Sala lo rechaza. Recuerda que la propia recurrente admite que DTS “carecía de otros activos distintos al dinero obtenido de la ayuda” y que las tres transferencias suman exactamente el importe de la ayuda. “Lo dispuesto fue, en definitiva, la ayuda misma”, concluye.

Sobre la “vuelta a la vida” del delito, el TSJA considera que no existe un alzamiento autónomo: “No hay, por tanto, precepto desplazado al que devolver la vida”. Si el desvío de los fondos es el fraude de subvenciones, su prescripción no puede eludirse calificando los mismos hechos como otro delito de plazo más largo, porque eso afectaría a la seguridad jurídica. Que no pueda imponerse pena alguna, añade, “no obedece a un defecto en el juicio de subsunción, sino a la prescripción del delito”.

Los hechos probados, además, no recogen con qué intención se hicieron las transferencias. Ese elemento lo exige el delito, y el tribunal de apelación no puede deducirlo sin oír a los acusados. En el caso de J. M. R. d. l. C., la Sala subraya que cesó como administrador antes de esas operaciones y que los recursos no dedican “un solo argumento” a su participación.

Las defensas alegaron también que en marzo y abril de 2011 la deuda aún no era de Derecho público. El tribunal coincide: el préstamo seguía en su periodo de carencia y el reintegro no se acordó hasta septiembre. Según ese argumento, sin esa agravante el alzamiento básico, castigado con uno a cuatro años de prisión, habría prescrito a los cinco años.

La Sala rechaza igualmente anular la sentencia, porque ninguno de los recurrentes identifica qué prueba dejó de valorarse. La Abogacía del Estado lo planteó de forma condicional, “si se entendiera que nos encontramos ante un caso de falta de motivación”, sin desarrollarlo. Las costas se declaran de oficio, y la sentencia admite recurso de casación, que debe prepararse ante el propio TSJA en un plazo de cinco días.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de los dos acusados en un caso de fraude de subvenciones por una ayuda pública de 4 millones de euros del Ministerio de Industria. Según los hechos probados, la ayuda se usó para un fin distinto del proyecto y acabó beneficiando a otra sociedad.

La Sección de Apelación Penal, en una sentencia fechada el 28 de octubre de 2026, desestima los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria. El fraude ya estaba prescrito, y el tribunal rechaza que esos mismos hechos se castiguen como otro delito con un plazo de prescripción más largo.

Los absueltos son N. M. H. y J. M. R. d. l. C. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, ya los había absuelto en su sentencia 87/2025, de 9 de abril, del fraude de subvenciones por prescripción y de los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Ninguna acusación recurrió la prescripción ni las absoluciones por estafa e insolvencia, así que esos pronunciamientos ya son firmes.

Un préstamo de 4 millones al 0% para un colector solar

Los dos acusados constituyeron Desarrollos Termosolares del Sur (DTS), una sociedad dedicada a las energías renovables. En diciembre de 2009, José Manuel R. d. l. C., en representación de DTS, pidió una ayuda del Programa de Reindustrialización para la comarca de la Bahía de Cádiz. El proyecto se llamaba Nuevo centro productivo para innovador colector solar.

El 17 de mayo de 2010, el Ministerio le concedió un préstamo de 4 millones de euros al 0% de interés, con cinco años de carencia y diez de amortización. Las inversiones debían hacerse a lo largo de 2010 y justificarse antes del 31 de mayo de 2011. El dinero llegó el 14 de junio de 2010 a una cuenta de DTS en el BBVA. Un mes después, la empresa lo colocó en ese mismo banco: 500.000 euros en un contrato financiero y 3,5 millones en un plazo fijo.

El 15 de marzo de 2011, J. M. R. d. l. C. cesó como administrador único y le sustituyó N. M. H. Desde esa fecha, Bahía San Kristóbal (BSK), de la que N. M. H. era representante, pasó a ser socia mayoritaria y administradora de DTS. El 14 de abril de 2011, DTS firmó con el BBVA una póliza de crédito de 3,5 millones garantizada con el plazo fijo de la ayuda.

Entre marzo y abril de 2011, N. M. H. hizo tres transferencias de DTS a BSK. El 16 de marzo traspasó 500.000 euros de la ayuda y 1,5 millones de una disposición en efectivo del BBVA, y el 15 de abril, 2 millones de la póliza. El banco se cobró el crédito en abril de 2012 ejecutando el plazo fijo que lo garantizaba.

El Ministerio denegó la prórroga que había pedido DTS y, como no justificó la inversión, inició el reintegro el 8 de julio de 2011. El 8 de septiembre ordenó devolver los 4 millones más 225.753,42 euros de intereses, y encargó el cobro a la Agencia Tributaria en Jerez. DTS entró en concurso de acreedores en 2013, y la Abogacía del Estado presentó la querella en septiembre de 2017.

Fraude de subvenciones prescrito: por qué no cabe castigarlo como alzamiento

La Abogacía del Estado y la Fiscalía sostenían que las transferencias a BSK y la pignoración eran un delito distinto: frustración de la ejecución, es decir, alzamiento de bienes. Según la Abogacía del Estado, ese delito no estaba prescrito por tener un plazo de diez años. Alegaban que había un concurso real entre los dos delitos o, de forma subsidiaria, la llamada “vuelta a la vida” del delito desplazado. Pedían una condena o, como alternativa, anular la sentencia por falta de motivación.

El tribunal responde que el fraude se consumó el 8 de julio de 2011, una fecha que nadie ha recurrido, y que esas operaciones son anteriores, así que forman parte de la ejecución del propio fraude. La jurisprudencia que cita del Supremo solo admite castigar aparte el alzamiento cuando recae sobre bienes de otro origen. Cuando recae sobre lo obtenido con el delito, esa misma jurisprudencia dice que “el delito de alzamiento de bienes no es sino una fase de agotamiento del propósito de enriquecimiento inherente a la estafa precedente”.

La Abogacía del Estado sostenía también que lo alzado no fue la ayuda, sino el crédito del BBVA, y la Sala lo rechaza. Recuerda que la propia recurrente admite que DTS “carecía de otros activos distintos al dinero obtenido de la ayuda” y que las tres transferencias suman exactamente el importe de la ayuda. “Lo dispuesto fue, en definitiva, la ayuda misma”, concluye.

Sobre la “vuelta a la vida” del delito, el TSJA considera que no existe un alzamiento autónomo: “No hay, por tanto, precepto desplazado al que devolver la vida”. Si el desvío de los fondos es el fraude de subvenciones, su prescripción no puede eludirse calificando los mismos hechos como otro delito de plazo más largo, porque eso afectaría a la seguridad jurídica. Que no pueda imponerse pena alguna, añade, “no obedece a un defecto en el juicio de subsunción, sino a la prescripción del delito”.

Los hechos probados, además, no recogen con qué intención se hicieron las transferencias. Ese elemento lo exige el delito, y el tribunal de apelación no puede deducirlo sin oír a los acusados. En el caso de J. M. R. d. l. C., la Sala subraya que cesó como administrador antes de esas operaciones y que los recursos no dedican “un solo argumento” a su participación.

Las defensas alegaron también que en marzo y abril de 2011 la deuda aún no era de Derecho público. El tribunal coincide: el préstamo seguía en su periodo de carencia y el reintegro no se acordó hasta septiembre. Según ese argumento, sin esa agravante el alzamiento básico, castigado con uno a cuatro años de prisión, habría prescrito a los cinco años.

La Sala rechaza igualmente anular la sentencia, porque ninguno de los recurrentes identifica qué prueba dejó de valorarse. La Abogacía del Estado lo planteó de forma condicional, “si se entendiera que nos encontramos ante un caso de falta de motivación”, sin desarrollarlo. Las costas se declaran de oficio, y la sentencia admite recurso de casación, que debe prepararse ante el propio TSJA en un plazo de cinco días.

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