La diócesis de Málaga ha anunciado que reparará económicamente a las cuatro mujeres que presuntamente fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote entre 2014 y 2018 si el acusado resulta condenado por esos hechos. El compromiso fue expresado este viernes por el obispo de Málaga, José Antonio Satué, durante una rueda de prensa convocada ante el inminente inicio del juicio contra el sacerdote, previsto para la próxima semana.
Satué pidió perdón en nombre de la Iglesia y reconoció el "muy profundo" daño y sufrimiento causado tanto a las mujeres afectadas y a sus familias como a las parroquias y feligreses vinculados al caso. El obispo sostuvo que la diócesis no considera que exista una responsabilidad civil subsidiaria, aunque aseguró que, al margen de la decisión judicial sobre ese punto, la Iglesia contribuirá económicamente a indemnizar a las víctimas si se demuestra la culpabilidad del acusado.
El responsable de la diócesis defendió que la institución eclesiástica actuó desde el momento en que tuvo conocimiento de las denuncias y rechazó que hubiese encubierto los hechos. Según afirmó, los abogados personados en el procedimiento mantendrán durante la vista oral que a la diócesis "no se le debería exigir tal responsabilidad" porque "no ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso".
Una reunión con las afectadas
"La Diócesis asume el compromiso de reparar a las víctimas de abusos, incluso cuando la justicia no lo diga", insistió Satué. El obispo explicó además que hace aproximadamente un mes trasladó a las mujeres afectadas su disposición a reunirse con ellas para escucharlas y explicarles la posición de la Iglesia. También reiteró el compromiso de garantizar que los espacios eclesiásticos sean "entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso".
Respecto a la actuación interna de la Iglesia, Satué señaló que la diócesis tuvo conocimiento de los hechos en agosto de 2023 y que un mes después abrió un proceso canónico "con el objeto de esclarecer la verdad". Ese procedimiento, añadió, quedó suspendido a la espera de la resolución de los tribunales ordinarios, al considerar que cuentan con más medios para investigar los hechos. Asimismo, indicó que recientemente se propuso al Tribunal de la Rota de Madrid asumir la instrucción del proceso canónico para garantizar su independencia, petición que ya ha sido aceptada.
El sacerdote acusado permanece en prisión provisional desde su detención el 11 de septiembre de 2023. La Fiscalía solicita para él una pena de 72 años de cárcel por cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad. Según la investigación, el religioso presuntamente sedó y abusó sexualmente de cuatro mujeres, hechos que además habría grabado. Las imágenes fueron descubiertas por su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.
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