El Tribunal de Instancia número 5 de Estepona ha abierto juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de prevaricación cometido por autoridad en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía solicita para el regidor un año y 11 meses de prisión, además de cinco años y 11 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para ejercer el sufragio pasivo, así como el pago de las costas procesales. El procedimiento gira alrededor de la contratación como personal eventual del Ayuntamiento de una mujer, de iniciales C.P.B., con la que, según el relato recogido en la causa, el alcalde "mantenía una relación sentimental".

El auto declara competente para juzgar los hechos a la Audiencia Provincial de Málaga y señala que contra esa resolución no cabe recurso, salvo en lo referente a la situación personal del acusado. El ministerio público afirma que García Urbano contrató a la mujer "a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna". Según la Fiscalía, ella percibió dos nóminas, de 1.634 y 3.642 euros, correspondientes a febrero y marzo de 2023.

Para la acusada, la Fiscalía reclama cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. La acusación particular ejercida por el PSOE eleva la petición para el alcalde hasta cinco años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación. Para la mujer solicita dos años de cárcel y seis de inhabilitación. Otra acusación particular reclama únicamente pena para el regidor, en los mismos términos que los socialistas.

Durante el procedimiento, García Urbano abonó los gastos que la Fiscalía atribuye a la contratación. En noviembre de 2025 ingresó 5.276,92 euros en la Tesorería Municipal por las nóminas percibidas y, en junio del año siguiente, otros 2.589,97 euros correspondientes a cotizaciones a la Seguridad Social.

El alcalde niega irregularidades

García Urbano ha expresado su confianza en la Justicia y ha defendido que no existió delito ni irregularidad en una contratación que duró 46 días, entre febrero y marzo de 2023. Su defensa sostiene que durante la instrucción aportó informes de Recursos Humanos y testimonios que acreditarían las funciones del puesto, la asistencia de la contratada al Consistorio y los trabajos realizados.

También afirma que otras denuncias relacionadas con estos hechos fueron archivadas y sostiene que el actual procedimiento responde a "una estrategia de desgaste político y personal para perjudicar la imagen pública del alcalde".