El juicio por el caso 'Huertos de Ocio' que ha sentado en el banquillo de los acusados durante las últimas tres semanas al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco; el exgerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Cruz; y dos técnicos municipales, ha quedado visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de Pacheco y Cruz, para los que la Fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión.
En la novena y última sesión de la vista, la defensa de Pacheco ejercida por el letrado Manuel Hortas ha considerado "absolutamente imposible" que las acusaciones del Ministerio Público y la acusación particular se sostengan como entiende que así ha quedado acreditado a lo largo de las pruebas testificales y periciales practicadas durante la vista.
En su informe, el abogado de Pacheco ha resaltado el "ejercicio de memoria" al haber transcurrido 15 años desde los hechos juzgados por el que han tenido que pasar los testigos citados para la causa entre políticos —como las exalcaldesas María José García-Pelayo y Pilar Sánchez—, exaltos cargos y técnicos municipales.
Asimismo, ha resaltado la "ineludible" vinculación política de los hechos al contextualizarse entre 2003 y 2005, "una época en la que Jerez tuvo tres alcaldes", en virtud de los pactos de gobierno PSA-PSOE Y PSA-PP, así como las "mastodónticas" dimensiones de la GMU, cuyo consejo de administración encargado de tomar las decisiones estaba formado por personas designadas de distintos grupos municipales "que se vigilaban para al menor tropiezo llevar a cabo una actuación políticamente letal".
En este aspecto, ha defendido que este consejo por el que pasó el acuerdo de la permuta con Xera Promociones SA para desarrollar los terrenos de los Huertos de Ocio a cambio de la adquisición de un edificio singular de oficinas de Palomino y Vergara, en una zona que estaba experimentando "cambios importantes, en el entorno de Madre de Dios "no era manipulable".
Así, ha defendido que dicho consejo estaba formado "por rivales políticos" y que la abstención de IU a dicho acuerdo a una operación que implicaba desalojar a los parcelistas que tenían sus huertos con un contrato de alquiler con la GMU y que "venía acompañados de los informes jurídicos positivos necesarios" demuestra que "no había una operación oculta" ni carente de publicidad sino que "conocía los temas que se proponían".
De igual manera, ha subrayado también que además de los miembros del consejo y los interventores, el registrador de la propiedad "no puso ningún obstáculo" para inscribir la finca permutada y ha calificado de "lógica" e "idónea" la decisión adoptada por la GMU para "deshacerse de una parcela que estaba estorbando el desarrollo urbanístico y que iba a obligar al Ayuntamiento a pagar" a cambio de adquirir un edificio singular.
Por último, ha negado que el exalcalde de Jerez y delegado de Urbanismo en aquel entonces "deliberadamente" modificase el valor de la finca, las escrituras o el acuerdo de una operación adoptada en plena época de "desarrollo urbanístico" de la zona norte y del entorno de la estación de trenes o contribuyera a cualquier "engaño" al Ayuntamiento jerezano.
La Fiscalía, por su parte, ha mantenido su petición de prisión para Pacheco y el exgerente de la GMU al considerar que las pruebas practicadas en el juicio acreditan "absolutamente" una vulneración "grosera" de la ley. Mientras, Pedro Pacheco ha declinado ejercer su derecho a la última palabra asegurando que "no tenía nada que añadir" después de la "actuación" de los letrados de las defensas.
Comentarios