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Facua logra que las comercializadoras de electricidad cancelen y rehagan los recibos desorbitados que emitió Endesa al no tomar lecturas reales en 2014.

El pasado mes de febrero Facua Cádiz denunciaba a Endesa ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía tras constatar que esta empresa, que tiene encomendada la distribución del servicio eléctrico en el municipio de Jerez, había incumplido la obligación de realizar lecturas de los contadores cada dos meses el pasado año 2014 en la barriada rural de Cuartillos, perteneciente al citado municipio.

Como adelantó este medio, y como consecuencia de lo anterior, en las facturas emitidas a finales de dicho año o principios del 2015, tras efectuar la lectura de los contadores, las distintas comercializadoras de electricidad incluían todo el consumo no incluido en las emitidas anteriormente, originando de esta forma un incremento desorbitado en el importe a abonar, lo que provocaba que la mayoría de los usuarios no dispusieran de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de dichas facturas.

Tras tener conocimiento de este problema, Facua Cádiz se reunión con los vecinos de la barriada rural a los que recomendó que no abonaran dichas facturas y que interpusieran reclamaciones a las comercializadoras exigiendo el prorrateo del pago. En su resolución a la denuncia interpuesta por la organización, la Consejería obliga a Endesa Distribución a contactar con las distintas empresas comercializadoras para que éstas procedan a la anulación de las facturas, y a la emisión de otras nuevas prorrateando la cantidad a abonar por consumo en tantos plazos como meses se haya producido la falta de lectura de los contadores.

A su vez, la administración autonómica se reserva el derecho a iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa por incumplimiento del Real Decreto 1718/2012 de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW. El artículo 2 de dicha norma impone a las empresas distribuidoras la obligación de efectuar lecturas de la energía con una periodicidad bimestral, en el caso de usuarios que se encuentran acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), obligación que hace extensiva a aquellos usuarios de mercado libre en cuyos contratos no se dispense de la misma a la empresa comercializadora.

La organización de consumidores considera que lo ocurrido en la barriada de Cuartillos es un claro ejemplo de la discriminación y desprotección a la que pueden verse sometidos los usuarios del sector eléctrico, tras su liberalización, que vivan en núcleos rurales o pequeños municipios aislados, en los que las empresas distribuidoras no obtengan los mismo beneficios económicos que en el resto de poblaciones, por lo que, atendiendo a ello, éstas decidan rebajar las calidad del servicio, vulnerando de esta de esta forma los derechos de los usuarios.

A su vez, esta organización, en un comunicado de prensa, se muestra especialmente preocupada por el mantenimiento de las redes de distribución en estos núcleos poblacionales, considerando que no se están adoptando las medidas necesarias para asegurar su mantenimiento en las debidas condiciones, lo que en un futuro próximo puede acarrear, entre otros problemas, un aumento de los cortes del suministro.

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