Montoro exige un ajuste de personal y servicios de 8,6 millones que debió afrontar el gobierno del PP en su último año de mandato. En cambio, en aquel momento aumentó un 27% los sobresueldos, incremento un 24% el gasto, y se desvió de los objetivos del Plan de Ajuste en un 101%.
El gobierno municipal, en manos del PSOE, lleva 24 meses caminando por el escarpado desfiladero económico y financiero que representa gestionar un Ayuntamiento con una deuda de mil millones de euros, gran parte de la misma suscrita con entidades financieras a las que solo este año habrá que pagar 39 millones de euros. Hasta ahora, había logrado evitar despeñarse por el abismo, ajustándose a gastos e ingresos bajo la tutela del Estado, casi sin inversiones públicas, y frenando por todos los medios las medidas traumáticas que se pusieron en marcha en el mandato anterior. Pagos de nóminas al día, demoras en el pago a proveedores que no han ido más allá de los tres meses (lo cual ya está fuera del marco legal), acuerdos puntuales con acreedores potentes… Al menos de puertas para fuera, una apariencia de normalidad ha presidido el balance económico hasta llegar al ecuador del mandato.
De hecho, hace ahora un año que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular sigue siendo el popular Cristóbal Montoro, respaldaba mediante una resolución sin reparos ni condicionantes el Plan de Ajuste del Ayuntamiento remitido a finales de abril de 2016, tras aprobarlo en pleno con los votos favorables de PSOE y Ganemos Jerez, la abstención de IU y Cs, y el voto en contra del PP. Estas previsiones macroeconómicas estimaban ahorrar unos 146 millones de euros y mejorar los ingresos del Consistorio en 71,5 millones hasta 2026, sin que se previesen recortes drásticos.
Ahora, con el Presupuesto de 2017 sobre la mesa, Hacienda quiere pasar factura a la ciudad de la herencia económica que dejó el gobierno del PP, y exige un ajuste de 8,6 millones en los capítulos de personal y gasto corriente (bienes y servicios públicos) que principalmente debió producirse en 2015, ejercicio que presupuestariamente aún controlaba (o debía controlar) el ejecutivo de Pelayo. En concreto, según detalla el informe de Hacienda al Presupuesto de 2017, solo en personal en el ejercicio de 2015 debió rebajar la nómina en 6,5 millones de euros, lo que desde el gobierno socialista siempre han señalado como “el segundo ERE que preparaba el PP para la plantilla municipal en caso de haber vuelto a gobernar”. “Hay que recortar sobresueldos y gasto corriente”, ha reclamado esta misma semana el principal grupo de la oposición, el PP, que en la recta final del pasado mandato defendió públicamente que toda la plantilla debía cobrar productividades. Sin ir más lejos, en 2014 libró un gasto de más de 6 millones en conceptos extrasalariales, un 27% más que el año anterior. En aquel momento, ya en la recta final de la legislatura y con las municipales a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Hacienda miraba para otro lado.
Pero es que el Ayuntamiento que recibió el gobierno de Mamen Sánchez en junio de hace dos años, envuelto en un absoluto caos económico, había visto incrementada su deuda en 52 millones en 2014; el incremento del gasto había crecido en un 24%; y se había incumplido el Plan de Ajuste con una desviación del 101%, tras tres programas de saneamiento económico-financiero fallidos. Había facturas pendientes de pago por valor de 244 millones de euros y la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) —una de las principales fuentes de ingresos del Consistorio— se encontraba retenida en un 93%. Eso, por no hablar de que las cuentas de 2013 no estaban aprobadas y solo existía el Presupuesto de 2014 en prórroga.
Había 80 millones en facturas en el cajón, de las que 20 millones se generaron en los últimos meses de la anterior legislatura
Este marco económico catastrófico, que ya fue expuesto por la alcaldesa en el primer Debate sobre el Estado de la Ciudad hace unos meses, no queda aquí. En el anterior mandato se solicitaron cuatro líneas de préstamos ICO de los cuales “no pagaron ninguna de las cuotas devengadas para el pago a proveedores y el total de impago del gobierno del PP a los bancos ascendió a 29,3 millones de euros”. Había 80 millones en facturas en el cajón –llamadas técnicamente OPA, operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto—, de las que 20 millones se generaron en los últimos meses de la anterior legislatura. En esta política de patadas adelante en el lodazal, reclamaron adelantos de la PIE de los años 2015 y 2016 por un total de 86 millones de euros que correspondían a la recaudación actual. Es decir, el anterior gobierno se gastó el dinero procedente de estos ingresos del Estado que correspondía al primer año y medio de gestión del ejecutivo que saliera de las elecciones municipales de mayo de 2015.
A todo esto hay que sumar un caos organizativo galopante. En junio de 2015 había más de 100 servicios y suministros sin contrato, en muchos casos desde 2014; propuestas y expedientes de todo tipo parados sin tramitar (concesiones administrativas, licencias, expedientes de disciplina urbanística...); y, para rematar, se habían dejado 2.192 facturas sin tramitar su aprobación por un importe de 13,5 millones de euros. Como ha ido detallado a lo largo de estos dos años el gobierno socialista, el PP dejó deuda acumulada con casi todas las concesionarias que prestan o prestaban servicios al Ayuntamiento, con las ELA, con la Diputación y el Consorcio de Bomberos, al tiempo que tampoco cobraba tasas y alquileres por cesiones de bienes municipales.
En otro orden de cosas, había sociedades municipales que se integraron en el Consistorio, caso de Aguas de Jerez (Ajemsa), sin las cuentas auditadas y sin documentos de soporte de la contabilidad. "¿Qué ha sido de la contabilidad de Ajemsa?", se pregunta ahora el ejecutivo socialista. El negocio de la venta del agua fue especialmente sangrante y la consecuencia es que hoy, después de aquella decisión a cambio de 80,1 millones de euros, "no tenemos ni empresa, ni contabilidad de la misma, desaparecieron todos los documentos contables, así como los 80 millones de euros que la venta generó, que no revirtieron en el aumento del patrimonio y que se destinaron a gasto corriente y, entre otras cosas, a pagar un ERE voluntario en Onda Jerez por encima de lo que marcaba la propia reforma laboral del PP". Con semejante hipoteca a las espaldas, Hacienda exige ahora ajustes que dejan poco lugar a la creatividad para no llevar a cabo nuevas medidas traumáticas. Sánchez ya ha anunciado que no "agachará la cabeza" ante los dictados del Ministerio de Montoro. Para ello, peleará en una próxima reunión en Madrid por flexibilizar unos hachazos al Presupuesto municipal que nadie esperaba y que hay quienes ya los vinculan con una maniobra partidista en la sombra con vistas a 2019.
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