"Este proyecto se basa en la idea de facilitar el entendimiento de determinados textos que resultan difícilmente comprensibles para una parte de la ciudadanía. Para ello, el objetivo es la creación de un conversor de documentos a lenguaje claro que facilite su comprensión".
Bajo esa premisa, recogida casi en la primera línea del pliego de prescripciones técnicas, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, va a destinar 2,6 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation para un servicio de realización de un sistema conversor de documentos a "lenguaje claro".
Así se desprende de la memoria justificativa de este contrato, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, en la que la consejería que dirige Loles López enmarca la financiación de este proyecto en el convenio de colaboración firmado en 2021 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del citado Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España dotó de presupuesto al Ministerio de Derechos Sociales para el eje de Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión cuya ejecución, a su vez, se acordó en 2021 repartir entre las comunidades autónomas y entidades locales a través de proyectos relativos a servicios sociales.
Entre los proyectos presentados en esa línea por la Junta de Andalucía figura uno de Conversor de documentos a lenguaje claro, con el objeto de que pudiera ser puesta "a disposición de cualquier administrado con dificultades de comprensión una versión alternativa del texto del documento administrativo con el que tuviera dificultades de entendimiento". Parece paradójico que la administración pública deba contratar servicios extra para hacerse entender cuando se dirige a parte de sus administrados, pero a esos niveles ha llegado la maraña burocrática y el lenguaje oficial en este país.
Comunicar con lenguaje claro
Lo que se espera de un sistema conversor a lenguaje claro es, recoge la memoria del proyecto de la Junta, "un lenguaje comprensible, al utilizarlo se puede comprender sin dudar lo que se lee o lo que se escucha. Se debe tener en cuenta que el lenguaje claro no es lenguaje vulgar, simplista o infantil. Con un lenguaje claro se formulan textos fáciles de leer, entender y usar, de acuerdo a las características y necesidades de las personas que los leen o los oyen. Esto implica utilizar: expresiones inteligibles o sencillas; y expresiones técnicas acompañadas de expresiones “traducidas” a unas versiones sencillas".
La Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta "no dispone de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para la ejecución" de estos trabajos, "por lo que se requiere la realización de la presente contratación", señala la Consejería de Inclusión Social en esta memoria justificativa de la licitación en la que se detalla una división en dos lotes del objeto de este contrato, para el que se pueden presentar ofertas hasta el próximo 23 de mayo a las 20.00 horas.
Así, se licitará un lote correspondiente al "desarrollo del conversor de documentos a lenguaje claro" por un total de 1.820.759,01 euros —sin IVA—, y otro para la "oficina técnica de dirección y gestión del desarrollo del conversor de documentos a lenguaje claro" presupuestado en 360.741,82 sin incluir el IVA. El plazo de ejecución del contrato, una vez formalizado, finalizará "el 31 de diciembre de 2023", según detalla también la memoria justificativa, que aclara igualmente que el contrato es prorrogable por un periodo máximo de doce meses. Esta posibilidad de prórroga eleva el valor estimado del contrato a 4.363.001,66 euros, montante que asciende a 5.279.232 euros IVA incluido.
"No logramos entender lo que se nos intenta informar", aunque tengamos una buena formación
Al justificar esta contratación, la Junta sostiene que la "dificultad" para el "entendimiento" de ciertos documentos "no siempre es por una discapacidad intelectual, sino que también puede ocurrir por falta de formación académica, sin que exista discapacidad alguna". Y, "en otras ocasiones, sin que existan estos dos factores puede suceder que, sencillamente, aunque tengamos una buena formación, esta no es en el ámbito del derecho administrativo común y no logramos entender lo que se nos intenta informar", continúa razonando la Consejería.
Por parte del Gobierno andaluz se subraya que "las implicaciones del no entendimiento de determinados documentos administrativos/jurídicos pueden afectar al interesado de manera que se coarten sus derechos, por ejemplo a la hora de solicitar un recurso en plazo, por lo que la implicación de este proyecto va más allá del mero entendimiento", e "implica derechos legales que pudieran perderse".
En esa línea, la Junta sostiene que "se debe realizar un esfuerzo en la modernización y digitalización de la administración, de forma que ayude a las personas a ejercer su derecho de comprender los documentos basados en el procedimiento administrativo común de las administraciones, respetando sus derechos al acceso a la información pública y ayudando a que comprendan la documentación que podría ser relevante para ellos, con consecuencias directas en las resoluciones en las que sean personas interesadas".
Para ello, el Gobierno andaluz alude a los fondos europeos 'Next Generation', que "nos ofrecen la oportunidad de evolucionar en los derechos de las personas en su relación con la administración pública y mejorar sus relaciones con la ella".
En concreto, el objetivo de este proyecto, según especifica la memoria para su contrato, es "implementar un conversor de documentos a lenguaje claro" del que pueda beneficiarse "toda la ciudadanía o personas usuarias en general —con o sin dificultad de comprensión y/o discapacidad intelectual— que necesitan usar un texto".
De igual modo, la Consejería de Inclusión Social precisa que los objetivos que pretende conseguir con la contratación de este servicio son los de "permitir mejorar la comprensión lectora de las personas mediante la conversión a lenguaje claro de documentos que pudieran ofrecer dificultades" y "mejorar la comprensión de textos no solo para personas con discapacidad o con problemas de comprensión lectora, sino para cualquier persona, que sin ningún tipo de discapacidad, no pueda comprender un documento generado por la Junta de Andalucía".
También, "obtener un sistema conversor a lenguaje claro sobre SaaS —software como servicio— o IaaS —infraestructura como servicio—, portable entre diferentes empresas como servicio", según especifica la memoria justificativa de este proyecto.
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