La Junta deja en 150 metros la distancia que puede haber entre casas de apuestas y colegios

El Gobierno andaluz está ultimando la tramitación de un decreto que modificará el reglamento de establecimientos de juego

Una mujer pasa por delante de una casa de apuestas de Andalucía, en una imagen de archivo.
Una mujer pasa por delante de una casa de apuestas de Andalucía, en una imagen de archivo. MANU GARCÍA

El Gobierno andaluz está ultimando la tramitación de un decreto que modificará el reglamento de establecimientos de juego, en el que se recogerá entre otras cuestiones, que las nuevas aperturas deberán mantener una distancia mínima de 150 metros de los accesos a colegios e institutos a partir de su entrada en vigor, prevista para este primer trimestre del año. Ayuntamientos como el de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, han aumentado esta restricción hasta los 500 metros, algo que la Junta ha rechazado.

Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, en la Comisión de Hacienda. Este proyecto de Decreto llega como desarrollo del Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que, además de regular las distancias con centros educativos, se actualizan las sanciones aprobadas por Ley, se limita la publicidad y se garantiza mediante control de acceso que ni menores ni personas con problemas de adicción al juego puedan acceder a los establecimientos de juego presencial en Andalucía.

Así, se incorporan como infracciones muy graves el acceso de menores de edad, prohibidos, la publicidad no autorizada, así como los incumplimientos de horarios de apertura y cierre de los establecimientos de juego, que podrán ser sancionadas con multas de entre 10.000 y 300.000 euros.

"Estamos modificando la norma que elaboró el PSOE para mejorarla y proteger a los más vulnerables, siempre con el máximo consenso de fuerzas políticas, empresas y representantes de la sociedad civil", ha señalado el consejero, que ha apuntado, asimismo, la necesidad de respetar los principios constitucionales que fundamentan la libertad de establecimiento. La norma que regula el sector del juego ha permanecido prácticamente invariable desde el año 1986, siendo en 2017 cuando el anterior Ejecutivo, mediante un decreto, autorizó las apuestas deportivas en los salones de juego.

En relación al bloque del juego, en esa normativa solo se recogía, en materia de distancias, que debía existir una separación de cien metros entre salones de juego, sin ninguna otra consideración, ha recordado el consejero. La que ahora se establecerá respecto a los centros educativos, de 150 metros, supone por tanto una novedad.

Bravo ha aclarado en Comisión parlamentaria que las competencias en materia de juego y apuestas corresponden en exclusiva a la comunidad autónoma, como establece el artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía. Por tanto, los ayuntamientos no pueden regular distancias mínimas o límites en la apertura de establecimientos de juego, de ahí que la Consejería, que ostenta las competencias de juego presencial en la comunidad, haya informado a los municipios que promueven cambios en sus PGOU que no pueden desarrollar ese tipo de actuaciones porque no tienen las competencias para ello. Además, el consejero ha destacado también el trabajo que se está desarrollando con la Consejería de Educación para llevar a las aulas un programa preventivo contra las adiciones al juego en general y a las tecnologías en particular.

En el turno de intervención de los grupos, la diputada socialista Noelia Ruiz ha reprochado a la Junta que esté "plegada a los intereses del sector" del juego, mientras "coarta la libertad a los ayuntamientos", toda vez que ha recordado que, a través de una proposición del PSOE-A en 2019, tuvo en sus manos "el instrumento legal para regular esta situación". "Hacen equipo con la patronal del juego para interponer recursos en algunos municipios al mismo tiempo", ha advertido, toda vez que ha criticado que el Gobierno andaluz haya reducido el presupuesto para la lucha contra la ludopatía.

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha pedido a la Consejería conocer el calendario para la modernización y racionalización de esta problemática que "trata con intereses cruzados a veces poco claros". Asimismo, ha reclamado tener en cuenta al ludopata "sin demonizar al juego". De igual manera, ha solicitado conocer los datos sobre estos centros y si hubiera zonas con saturación de estos locales.

En nombre de Ciudadanos, Ángela Rodríguez ha advertido de la "delgada línea" entre mantener el libre mercado, el ocio y la protección de los más vulnerables, pero ha confiado en que la Junta pueda llegar a un decreto que conjugue estas tres premisas. De su lado, la portavoz adjunta de Vox Ángela Mulas ha advertido de que es competencia de la Junta decidir sobre las aperturas de salones recreativos a cierta distancia de los colegios e institutos. "El juego hace especialmente daño en barrios con rentas más bajas, donde ha proliferado", ha indicado, toda vez que ha recordado que ya presentó una proposición no de ley para que estos locales estuvieran, al menos, a 500 metros de centros escolares y residencias de mayores, entre otros.

Por último, el diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha advertido de que "la lacra en 1986 —año de la ley que regula este asunto— era la heroína, pero ahora la heroína del siglo XXI es la ludopatía", por lo que ha instado a modificar la ley. "¿Está a favor de la ley de 1986, piensa que está obsoleta y debería modificarse?", ha cuestionado.

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