Plena Inclusión Andalucía, federación formada por 114 asociaciones que prestan apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y que gestionan, mediante concierto social para la Junta de Andalucía, diversos centros y servicios dedicados a ellos, solicita al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, recursos suficientes para que puedan seguir llevando a cabo su labor.
Desde el inicio de la pandemia, estas entidades vienen realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar la actividad prestadora de apoyos y el mantenimiento de todos los servicios, ya que la incidencia del virus ha afectado a todas las actividades que desarrollan. Ejemplo de ello son todas las reorganizaciones que han tenido que hacerse para seguir prestando los servicios, adaptándose a la atención online y domiciliaria o comunitaria, con la repercusión en horas de dedicación de los profesionales.
A esto se le suman gastos extraordinarios, para los que las entidades no estaban preparadas, al tener que adquirir equipos de protección individual, adecuar y desinfectar espacios, en definitiva, a la inversión asociada a las normas higiénico‐sanitarias frente a la Covid‐19. A fecha de hoy, las medidas que se han implementado para el sector de atención de la discapacidad intelectual no son suficientes y no alcanzan a compensar todos los gastos realizados por las entidades en el pasado 2020, y que continúan en 2021, sin que tengamos noticias de las medidas que se van a aplicar para cubrirlos en su totalidad. Por ello solicitamos a la Consejería de salud que se asuman los gastos sanitarios derivados de la pandemia.
La grave situación generada por la crisis sanitaria se ve agravada por otras cuestiones, algunas de ellas reclamadas desde hace mucho tiempo por el sector y que entre otras están el retraso en los pagos de los servicios concertados. El Presupuesto andaluz de 2021, aprobado por PP, Cs y Vox, está suponiendo un retraso de hasta cuatro meses en los pagos de las plazas de atención a personas con discapacidad intelectual concertadas con la Junta de Andalucía, lo que está suponiendo impagos en los salarios de los trabajadores.
Plena Inclusión también pide la revisión de los costes de la plaza: mientras en el resto de las comunidades autónomas se toman medidas para adaptar las tarifas por los servicios prestados a la realidad de los costes en los que incurren las entidades, vuelven a solicitar a la Junta de Andalucía que, de manera urgente, sea tenido en cuenta el incremento del coste plaza; desde 2012 la única subida ha sido la que realizó el actual Gobierno en 2019, por tanto, reivindica como urgente y necesario realizar una planificación para que en los próximos años se equilibre la financiación de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad y las causas derivadas de los incrementos por Salario Mínimo Interprofesional y convenio colectivo general de discapacidad vigente desde 2019.
La federación espera, su vez, la adjudicación del concierto social para centros de atención infantil temprana, para lo que no se tiene una fecha orientativa. Estos contratos deberían haberse adjudicado en el primer trimestre de 2020 y seguimos con prórrogas sucesivas de los contratos actuales, lo que ha producido un grave perjuicio por no poder comenzar con la intervención de las más de 30.000 sesiones nuevas de intervención con menores y la aplicación de nuevas tarifas anunciadas en sede parlamentaria por el consejero de Salud a principio de 2020.
Plena Inclusión recuerda que aún está pendiente el pago de subvenciones de 2019 en algunos centros especiales de empleo (CEE). Las subvenciones del año 2020 aún no se han convocado, y se debería estar ya con la convocatoria de 2021. Esto ha generado situaciones dramáticas en las entidades que ven incierto el futuro de los centros especiales de empleo y que han asumido los gastos para procurar el pago de las nóminas que, actualmente, muchas organizaciones ya no pueden asumir.
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