Directores de colegios e institutos: "Trasladar las medidas de la Junta a los centros es imposible"

Directores de centros educativos y representantes de asociaciones de padres de alumnos cuentan a lavozdelsur.es la complejidad de la vuelta a las aulas y la dificultad para hacerlo con las propuestas de la Consejería de Educación

Un aula en el CEIP Maestra Caridad de Sanlúcar, días antes del inicio de la crisis sanitaria. FOTO: MANU GARCÍA
Un aula en el CEIP Maestra Caridad de Sanlúcar, días antes del inicio de la crisis sanitaria. FOTO: MANU GARCÍA

La vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre en Andalucía sigue planteando dudas pese a que desde la Consejería de Educación se transmita tranquilidad con las últimas medidas anunciadas el pasado 6 de julio. En el documento se otorga la autoridad e independencia a los centros a la hora de poder flexibilizar los horarios de entrada y salida de los mismos con motivo de evitar aglomeraciones. También establece la posibilidad de establecer grupos de convivencia, un concepto que no pone de acuerdo a toda la comunidad educativa y que podrán establecerse partiendo de una misma clase, un mismo curso o incluso un ciclo formativo.

Para el nuevo ejercicio escolar, la Junta ha contratado a 6.300 docentes como apoyo, y mantendrá el ratio de 25 alumnos por clase en infantil y Primaria. Aunque el Ministerio de Sanidad propuso en un principio 15 niños por clase, parece que esa medida ha quedado lejos y desde el PSOE-A proponen 20 por aula para unas clases que desde la Junta se tiene muy claro que serán presenciales. Otras de las propuestas desde la Consejería liderada por Javier Imbroda que plantean dudas es la figura del responsable covid en cada centro, cargo que tendrá que ejercer un docente. Este medio ha contactado con directores y asociaciones de padres de alumnos para conocer de primera mano las preocupaciones acerca de la vuelta al colegio.

Enrique Jabares es el presidente de Asadipre, que es la Asociación de Directores y Directoras de Infantil y Primaria. “Trasladar a la organización de los centros las medidas que la Consejería sacó el 6 de julio es casi imposible”, apunta. Hace referencia a los grupos de convivencia y al vacío en el que ha quedado su definición. “Pueden ser desde una clase hasta un ciclo o un colegio entero con 100 alumnos”. Y también hace alusión a que muchos centros no albergan los medios suficientes para mantener a esos grupos separados. “Si yo soy el tutor de un grupo de convivencia y viene una profesora de inglés, por ejemplo, de convivir con otro grupo, ¿ahí qué medidas tomamos? ¿qué hacemos? No es tan fácil”.

En el mismo sentido van las palabras de David Rosendo, director del IES Diamantino García Acosta, en Sevilla. “Las familias deben tener claro que es muy difícil para los centros educativos mantener a salvo sus instalaciones. Con las infraestructuras que tenemos, o sea, con el volumen de aulas, es imposible mantener la ratio que se nos indica”. Con muchos centros con más de 30 alumnos por aula, mantener la distancia se antoja un problema complicado de afrontar.

Aunque matiza que se ha recibido el material sanitario necesario en forma de geles hidroalcohólicos o mascarillas y también una partida presupuestaria por parte de la Consejería para llevar a cabo reformas enfocadas a habilitar espacios que reconoce resolverá determinados problemas, tiene claro que no ayudará a solventar otros. “¿Cómo nos aseguramos de que niños de 12 años estén seis horas seguidas con la mascarilla puesta? Además, tenemos que cerrar las fuentes de agua potable, controlar el trasiego a los baños…”.

Ambos directores hablan de que la problemática respecto a los grupos de convivencia en los institutos se complica aún más por las asignaturas optativas, en las que alumnos de clases distintas tendrían que cruzarse y compartir aula. “Debido a esto, en Secundaria y Bachillerato, al máximo que puede llegar un grupo de convivencia es a un curso, nunca a un grupo clase”, señala Rosendo. Desde la Consejería se ha instado a los profesores de todos los centros educativos a llevar a cabo un protocolo covid-19 que deben tener listo antes del inicio del curso.

También un equipo de coordinación del virus, que deben formar los miembros permanentes de los consejos escolares, formado por el director del centro, el jefe de estudios, un padre y un profesor. Junto con ellos, trabajarán un representante del ayuntamiento y un sanitario del centro de salud perteneciente al municipio o al distrito en el que esté el centro educativo.

Pero Jabares es testigo de un problema: “Hay compañeros pidiendo a los centros de salud que les nombren al responsable sanitario, pero la Consejería de Salud aún no ha facilitado a sus trabajadores la información, por lo que no está coordinado este asunto”. Y añade. “La Consejería de Salud dice que todavía no ha nombrado a los responsables sanitarios, que lo hará en septiembre con la llegada del curso”.

A todo esto se une que en la conservación y mantenimiento de muchos centros de infantil y Primaria tienen competencias las entidades locales. Con las exigencias del protocolo de limpieza y desinfección que ha enviado la Consejería, se plantea el problema para estos ayuntamientos, que deberán destinar una mayor parte de su presupuesto al mantenimiento de los centros. Y este es otro dolor de cabeza para los directores, porque ven complicado solventar los cambios de aulas especiales, como laboratorios o el aula de música.

La colaboración de los consistorios no solo queda ahí. Las exigencias en torno a habilitar distintas entradas y salidas para evitar concentraciones hacen que en el protocolo que cada director realiza tengan que pedir agentes, vallas y otras medidas a los ayuntamientos. “Cuando registré ante el concejal de Urbanismo el plan con cuatro entradas distintas para mi centro, dijo “la que se nos viene encima”, cuenta el presidente de Asadipre. Una cuestión que en los municipios con menos agentes acabará planteando un inconveniente en forma de presupuestos locales que probablemente acabará gestionando la Administración autonómica.

“La Consejería tendrá que obligar a los docentes o a los alumnos a que limpien en estos casos, porque dudo mucho que tengamos un equipo de limpieza toda la mañana disponible en el centro y que den abasto para limpiar todas las aulas específicas o donde hay optativas”, dice David Rosendo. “Ese equipo de limpieza se volvería loco, es prácticamente imposible de cumplir con eso, sobre todo por la cantidad de efectivos que se necesitan. No hay recursos económicos para ello”.

El recreo supone otro reto en este sentido, porque, aunque se recomiende parcelar el patio, no todos los centros podrán hacerlo. “Hay centros que podemos dividir en parcelas porque tenemos 400 alumnos y tenemos margen para establecer zonas para cada grupo. Pero hay otros que tienen 800 y 900 niños que no pueden”, aclara el director del Diamantino García Acosta. “Si haces un grupo de convivencia y luego en el recreo acaban juntándose por falta de espacio, se queda en una medida inútil”.

Para Jabares, otro criterio que poner en cuestión es el de enviar profesores de refuerzo para aquellos centros que superen el ratio de 20 alumnos por clase. “Se debería estudiar la casuística de cada centro. Puede haber centros con una media de 19,3 pero tengan cuatro alumnos con necesidades especiales que necesiten más este docente de refuerzo que otros con 20,5 de media y sin ningún alumno de estas características, por ejemplo”.

Rosendo ve insuficiente el número de profesores contratados y cree que para desdoblar en centros con grupos de 30 alumnos y tener 15 niños por aula “directamente tienes que doblar la plantilla”. Y tiene claro que el profesorado que va a llegar de los nuevos contratados “solventará ciertos problemas de ratio en algunos grupos, pero no en todos”. Del mismo modo opina Jabares, que considera que el profesorado que se incorpora no lo hace “para cumplir las medidas exigidas por la pandemia, sino para apoyo y refuerzo y recuperar el terreno perdido los últimos meses del curso pasado”.

La coordinación del covid por parte de los docentes también inquieta en la comunidad educativa. El profesional elegido será liberado de cuatro horas semanales para abordar este tema, pero a muchos les parece una responsabilidad que no debe gestionar alguien del ámbito de la educación, sino un profesional médico.

Rosendo se resigna: “En mi centro me tengo que quedar yo como responsable covid, de los más de 30 compañeros que tengo, ninguno quiere serlo. Imagina arrogarse ahora la responsabilidad de ser el coordinador del plan de contingencia. Y eso pasa en más institutos”. Respecto al protocolo, el presidente de Asadipre exige que una vez elaborado por el director de cada centro, cuente con el visto bueno de un responsable del servicio de inspección o de prevención de riesgos laborales que tiene cada delegación.

Además, por su experiencia, ya puede imaginar situaciones que pueden ser problemáticas para el profesorado. “Si un niño empieza a toser y llamamos a las autoridades sanitarias y no tiene el virus, habrá padres que nos acusen de alarmistas y de señalar públicamente a sus hijos. Y al contrario, si no se hace, nos acabarán diciendo cómo hemos visto toser al niño toda la mañana y no hemos hecho nada”. Aún así, aclara que no serán los responsables educativos quienes tengan autoridad para cerrar un grupo de convivencia o un centro, sino que será potestad de la Consejería de Sanidad.

En todo este mar de incertidumbres surgen algunas alternativas, como la que propone Rosendo, a sabiendas de la dificultad que conlleva: “El único plan medio asumible sería que para los niños más pequeños sí fuese presencial, por lo que se liberarían aulas en esos centros y habría que contratar a profesionales para dar clases a esos alumnos, que ya serían menos. Y los mayores en casa dando clases de forma telemática y tal vez yendo de vez en cuando a tutorías. Es eso o poner dos turnos, por lo que tendrían que duplicar la plantilla”. Este plan acabaría con problemas como el de la conciliación, ya que los más pequeños estarían en clase mientras que los mayores necesitan menos la presencia de sus padres.

La conciliación también la señala Jabares, y cree que uno de los problemas es abordarla solo desde el punto de vista de los centros educativos y no del de las empresas. “Tal vez sea hora de que de forma específica dada la situación, los agentes sociales se sienten con las empresas y exijan medidas en este sentido. Sobre todo en el caso de que se planteen grupos mixtos de mañana y tarde y haya padres que no puedan conciliar en alguna franja horaria”.

La situación, en general, parece dejar cabos sueltos por muchos flancos. “Todo es muy complicado, tenemos que tener preparado hasta un plan para cuidar los contactos en el colegio por si se da un caso positivo, tener claro el rastreo”, añade Jabares, que pone un ejemplo de la complejidad del asunto. “Puedes tener un positivo en un alumno de Primaria, que tenga un hermano en el instituto. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cerrar también la clase del hermano en otro centro?”. Y pone de manifiesto la dificultad que entraña que los llamados grupos de convivencia no se rompan cuando los alumnos abandonen los centros.

Rosendo pone de ejemplo el reciente caso en el plan de refuerzo estival de Benalmádena, en el que debido a un caso, se ha aislado a 60 alumnos, y lo traslada a un centro en mitad de curso: “Imagina eso en un centro normal, por ejemplo en 4º de la ESO. Si los rastreadores me dicen que los compañeros de aula y los profesores de ese grupo, se tienen que ir a casa, esos profesores también imparten clases en otros cursos. Y también mandan a casa a aquellos grupos que se hayan cruzado con ellos en optativas. Eso, a efectos prácticos, es cerrar el centro”.

Y menciona otros focos de contagio como pueden ser las actividades complementarias o el propio transporte, en el que si se quieren evitar que los niños vayan juntos, se debería duplicar. “Nos dicen que cuando no se cumpla la distancia de seguridad, alumnos con mascarilla y en fila. Eso conlleva que todas las estrategias basadas en los trabajos en equipo en estos casos vayan fuera”. El director del instituto sevillano tiene claro que “con la realidad de los centros, no podemos cumplir lo que nos piden”. Y ve difícil solución por el tipo de problema. “Lo que necesitamos cambiar, como la ratio, el número de efectivos o las infraestructuras, es un problema estructural, no se soluciona con medidas coyunturales”.

Asociaciones de padres

En todo este asunto, una figura clave son los padres de los alumnos, los cuales, en sus muchas asociaciones repartidas por toda Andalucía, están teniendo poco protagonismo hasta el momento en las decisiones de la Consejería. Jorge Remacho es el secretario de FAMPA Alhambra de Granada. “Las medidas son claramente insuficientes, como el incremento de plantilla, que seguimos sin verlo”. Y se queja de que no exista asesoramiento sanitario para los protocolos que están elaborando los directores de centros.

“Creemos que es fundamental que las familias tengan información y formación en muchas cuestiones básicas para que todo esto salga bien”. Remacho también hace alusión a centros con grandes problemas de infraestructuras, y cita algunos cercanos como los de Maracena o Albolote, con capacidad para 400 niños y que albergan a unos 1.000.

“Tenemos muchas incertidumbres, las respuestas son pocas y la comunicación escasa con la Administración”, apunta. “Con la nueva delegada en Granada hemos tenido una reunión de una hora y online, nada más”, y añade que sin tratar ninguno de los temas referentes al covid. “El transporte escolar y los comedores están en el aire, tenemos muchas dudas”. Y echa de menos no poder aportar las muchas ideas que están surgiendo desde las Ampas. “En la Consejería de Educación están muy herméticos y estamos esperando una respuesta a nuestras inquietudes”.

Sobre la medida de los más de 6.000 profesores contratados por la Junta, expone: “En Andalucía hay más de 6.000 centros, lo que significa que sería un profesor por centro, lo cual es insuficiente a todas luces. Pero aparte, los mayores de 60 años pueden acogerse a una reducción de jornada y quedarse en 10 horas. Si esos 6.300 suplen a los mayores de 60, ¿dónde está el incremento real?”.

Sobre el responsable de covid de cada centro también tienen sus reparos, y exige que sea un sanitario el que cargue con esa responsabilidad. ”Nombrar a un docente que no tiene en ese sentido la formación necesaria, nos parece una falta de criterio absoluta”. Y cree que los padres deberían estar presentes en todo el proceso del protocolo y de las medidas que se tomen de cara a la vuelta a las aulas, no solo en el final. “Tenemos claro que la situación va a ser difícil y lo asumimos, pero echamos en falta diálogo, inversión y previsión. Pensamos que con eso todo sería mucho más fácil”.

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Marco Herrera

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