En pocos meses ha habido en España una cadena de anuncios de cierres de empresas industriales, fundamentalmente de capital extranjero. La última compañía que pretende echar la bajara es Alcoa, de matriz americana, del sector del aluminio, con su plan de clausurar las plantas de Avilés y A Coruña, causando el despido consiguiente de casi 700 operarios. Esto se une a la intención de la danesa Vestas, dedicada a fabricar aerogeneradores, de trasladar su producción fuera de España y liquidar su única fábrica que le quedaba en el país, la de León, tras haber acabado previamente con la de Tarrragona, lo que provocará una importante merma de empleo para las zonas afectadas. El sector del cemento tampoco anda muy bien y cada vez es menos competitivo, por lo que la mejicana Cemex ya anuncia planes parecidos para sus centros fabriles en Baleares y Almería. A este descalabro industrial se ha unido la compañía española de construcción de buques de Sestao: La Naval.
Estos cierres previstos o anunciados coinciden con la rebaja del 40% del incentivo eléctrico a la gran industria en sus tarifas eléctricas. Dichas sociedades recibían ese beneficio en su recibo de la luz a cambio de adecuar su producción en función de la demanda del operador eléctrico, la Red Eléctrica Española (R. E.E), y era en contraprestación o pago por ofrecer una garantía de la interrumpibilidad del servicio eléctrico al resto de los usuarios. Esto ha causado un gran aumento de costes en la industria, afectando especialmente al sector siderúrgico, químico, papelero y de fabricación de bienes de equipos para la exportación. El precio de la luz ha alcanzado un sobrecoste desmedido no solamente a los particulares. Además, este alto precio de la energía en España abre una gran brecha con respecto a sus competidores europeos, que la consiguen bastante más barata, restando competitividad a los productos españoles. Lo peor de todo es que el diferencial en vez de disminuir con el tiempo va creciendo, sin que los poderes públicos tomen ninguna medida al respecto. Es más, se estima que el coste eléctrico de las empresas podría incrementarse por encima del 10 % hasta final de año.
No obstante, el coste de la luz no ha sido el único factor para tomar tan drásticas decisiones. A todo ello habría que unir el incremento del importe de las materias primas, la competencia exterior y la ineficiencia y obsolescencia de algunas explotaciones. Así, con el petróleo alrededor de 80 dólares el barril toda la economía española se resiente.
Por otra parte, la mayoría de las compañías que están sufriendo esta crisis gestionan industrias intensivas, sin una tecnología puntera y sin un gran valor añadido. Igualmente, sus manufacturas son fáciles de deslocalizar, al no necesitar una mano de obra muy especializada y con mucha formación. Por consiguiente, se necesitan incentivos para desarrollar industrias novedosas y alternativas ligadas a la investigación y el desarrollo. La posible implantación de la “tasa Google” no contribuye precisamente a fomentar esa innovación.
Si a todo esto le sumamos que los Presupuestos Generales del Estado, remitidos a Bruselas, no generan mucho optimismo en el sector empresarial por añadir más costes ,en este caso salariales, no sería extraño que el cierre de empresas menos tecnológicas se acelere en poco tiempo. Encima, la mayor presión fiscal que se abre en el horizonte no invita al optimismo para que empresas extranjeras inviertan y se instalen aquí.
En resumidas cuentas, el panorama económico e industrial es un poco desalentador. ¿Serán verdaderamente los próximos presupuestos beneficiosos para la gente por crear riqueza y empleo, o serán antisociales por generar más paro, pobreza y menos oportunidades y, al final, creen más desigualdades de las que se pretenden evitar?
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