"No hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada". Es lo que constata el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, elaborado por Esade, que recoge que el 90% los centros educativos concertados de mayor tamaño cobran una cuota a las familias, mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70%.
La concertada, en comparación con la pública, escolariza en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo cual "daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales", cita el documento. La cuota media por alumno al año (de las familias que pagan) es de 1.696 euros al año en Cataluña frente a los 453 euros de media en Andalucía.
La investigación recoge dos bases de datos elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): la primera mira al fenómeno desde el lado del pago de cuotas (familias) y la segunda desde el lado del cobro (centros educativos). Mientras que un 67% del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, llamados centros concertados (y solo un 4% acude a centros privados auto-financiados).
Dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas, según datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE), realizada por última vez en 2019/2020.
La cuota media se encuentra entre los 680 y los 860 euros al año por alumno (incluyendo a las familias que no pagan como equivalentes a una cuota de 0 euros), lo que supone una cantidad total entre los 947 y los 1.186 millones de euros para las tres etapas (Infantil, Primaria y ESO), dependiendo de la definición de cuotas que se use.
Hay un 13% del alumnado que no paga cuota en estas etapas, mientras que un 18% pagan una cuota muy baja (de menos de 20 euros al mes por alumno). En el lado opuesto, el 10% de alumnado que más cuotas paga asume el 45% del gasto total.
En este sentido, el estudio advierte de que existen importantes diferencias de pago de cuota por renta de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.
En cuanto a las comunidades autónomas, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas. El porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82% de las familias) y se reduce significativamente para Andalucía (60%).
La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en la Comunidad de Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía. Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, son las comunidades autónomas con mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre familias, mientras que Andalucía muestra el reparto más desigual.
A partir de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), el estudio analiza el cobro de cuotas por parte de los centros educativos concertados y las razones por las que lo hacen.
Así, revela que la financiación es "extremadamente desigual", con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobre-financiación.
El porcentaje de centros que cobra cuota oscila entre un 66% y un 75%, dependiendo de la etapa educativa, según apunta el informe, que señala que la probabilidad de cobro de cuotas y la magnitud de la cuota pagada "es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación".
Entre las razones por las cuales los centros educativos cobran cuotas, el estudio identifica tres situaciones posibles: centros infra-financiados que cobran cuota para sobrevivir; centros adecuadamente financiados que cobran cuotas para hacer frente a gastos no concertados (esto es, partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados); y centros bien financiados que cobran cuota por diferenciación o beneficio económico.
En concreto, precisa que, para cada etapa educativa (Infantil, Primaria y ESO), un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados; un 14,5%, 12% y 14,5% respectivamente no cobran cuotas y están infra-financiados; un 23% en todas las etapas educativas sí cobran cuotas para cubrir el hecho de que están infra-financiados; un 28%, 29% y 28% respectivamente sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados; y un 17,5%, 15% y 15% respectivamente cobra cuotas por diferenciación o beneficio económico.
Las cuotas son "voluntarias", dicen los concertados
Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) aseguran que todas las contribuciones económicas de las familias "son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto".
Las patronales de la educación concertada señalan que "es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales". "La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben", precisan.
Las entidades lamentan que el informe sugiera que la enseñanza concertada "no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros".
Así, afirman que cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado "sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración".
No obstante, advierten de que el informe de Esade "no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población".
Para las entidades de titulares de centros concertados, la mezcla de aulas concertadas y no concertadas en el cálculo del gasto por alumno en el informe "distorsiona las valoraciones, al igual que la 'reclasificación' de alumnos de la red pública basada únicamente en la declaración de cuotas elevadas".
"Además, confunde incluir donaciones, aportaciones y cuotas por actividades en el concepto de 'cobro de cuotas'. La falta de claridad induce a confusión: parece sumar múltiples partidas para respaldar una conclusión previa", añaden las organizaciones, destacando que el informe señale el "poco rigor" de los estudios publicados periódicamente por Cicae y Ceapa.
"Es esencial no confundir las donaciones y contribuciones voluntarias con el cobro de cuotas ilegales, y también es preciso reconocer el papel vital que desempeñan los centros concertados en la oferta educativa del país", inciden. Sin embargo, reconocen que el informe de Esade "representa un avance interesante en la comprensión del panorama educativo" y la importancia de su "exhaustividad, especialmente al descatar la diversidad de los centros en la red concertada".
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