Es una obviedad, pero nuestra Constitución no solo organiza los poderes del Estado (parte orgánica), proclama y garantiza derechos y libertades (parte dogmática), o establece objetivos estatales de transformación social y económica (parte programática). También inserta, aunque en menor cuantía, pero no menos importantes, obligaciones, deberes de ciudadanía, compromisos éticos con el bien común.
Como una obligación general, el importante artículo noveno del texto político fundamental, en su apartado primero, establece el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de todos los poderes públicos y de la ciudadanía, pues nuestra Constitución tiene carácter normativo, no es una mera declaración de voluntad política del Estado. Nadie está al margen del cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales, no caben objeciones, ni de conciencia ni ideológicas, en dicha observancia necesaria.
Las obligaciones constitucionales y los deberes de ciudadanía tienen un claro sentido de compromiso democrático, de sociedad democrática avanzada, de apuesta por el bien común, de solidaridad colectiva, de aseguramiento del bienestar material de la población, con la efectividad del principio de igualdad como objetivo de Estado como después se explicará.
La lista constitucional de deberes de la ciudadanía no es muy amplia, como expresaba al inicio. Entre dichas obligaciones podemos citar el conocimiento de la lengua del Estado (art. 3); el carácter obligatorio de la enseñanza básica (art. 27); defender España (art. 30); el deber de trabajar (art. 35); las obligaciones de los progenitores en relación con los hijos e hijas, dentro y fuera del matrimonio (art. 39); los deberes en relación con la salud pública que se establezcan por ley (art. 43); el deber de conservar el medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales (art. 45); el deber de comparecer ante el Congreso en comisiones de investigación (art. 76); o el cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones judiciales (art.118).
Pero, además de los anteriores, nuestro texto constitucional recoge un deber de ciudadanía esencial para la efectividad del Estado social proclamado en el primer artículo de la carta magna. Se trata de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que proclama el artículo 31, expresando que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
En un contexto de crisis permanente, es obvio que las políticas públicas con objetivo de justicia social deben seguir, los datos estadísticos lo demandan. Son tiempos de necesarios servicios públicos para garantizar la igualdad real y efectiva. Y no son tiempos de planteamientos políticos insolidarios de bajadas de impuestos.
Creo que es conveniente volver a recordar lo obvio, que el principio de progresividad fiscal consagrado constitucionalmente, supone la posibilidad de un aumento de la presión tributaria sobre quienes (personas o empresas) posean mayor capacidad económica, base para el sistema de servicios públicos (salud, educación, investigación científica, dependencia, servicios sociales, o protección del medio ambiente), y para la efectividad de nuestro Estado social, para caminar hacia la justicia fiscal y hacia el cumplimiento efectivo del principio de igualdad material que proclama el artículo 9.2 de nuestro texto constitucional. El propio Tribunal Constitucional proclamó en sus primeras sentencias, en 1981, que “el principio de capacidad económica incorpora la exigencia de buscar la riqueza allí donde esta se encuentra”.
Pagar impuestos conforme a la capacidad económica de cada persona o empresa es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Es la principal obligación que tenemos la ciudadanía para lograr la solidaridad real y efectiva. El Estado debe cumplir el artículo 31 recaudando, bajo el principio de progresividad fiscal, para sostener los gastos públicos, y la ciudadanía debemos cumplir con nuestra obligación de tributar. El fraude fiscal es un acto claramente lesivo en lo social, contrario a la esencia del Estado social y democrático de Derecho que proclama el primero de los preceptos de la Constitución. Son muy necesarias y convenientes, desde luego, acciones educativas generales que fomenten el compromiso con la hacienda pública.
Los poderes públicos tienen en el artículo 31 de la Constitución un claro mandato, y una extraordinaria herramienta de política pública, para contribuir al bien común a través de acciones para hacer cumplir la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Es una cuestión ética, de educación cívica en lo tributario, además de jurídico-constitucional.
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