Hoy celebramos el 4 de diciembre de 1977. Una fecha clave para nuestra tierra que, sin embargo, 43 años más tarde aún no se enseña en las escuelas. En esas fechas, tras la dictadura franquista, España decidía su modelo de organización territorial. La Constitución Española reconocería dos niveles territoriales diferentes. Por un lado, las nacionalidades, que serían Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían podido culminar sus Estatutos de Autonomía durante la Segunda República y que gozarían del máximo nivel de competencias; por otro, las regiones, con competencias limitadas.
Andalucía, sede de la Constitución de Antequera de 1883 y de la nación más antigua de Europa durante el Califato de Córdoba, quedaría relegada por la Constitución Española, que no reconoció la nacionalidad histórica a nuestra tierra. La única diferencia con Galicia, País Vasco y Cataluña es que el alzamiento militar de 1936 y la dictadura franquista no permitieron que pudiese ser aprobado el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El 4 de diciembre de 1977, un millón y medio de andaluzas y andaluces salieron a la calle contra la desmemoria y por la soberanía. Por el máximo nivel competencial y el autogobierno. Andalucía reclamaba como hacía Blas Infante un modelo territorial federal. Tuvo que conquistarla en 1977 el pueblo andaluz y tuvo que ser asesinado García Caparrós, un joven inocente cuyo único delito fue salir de su casa con los sueños intactos.
Fueron las andaluzas y andaluces de aquellos años quienes consiguieron que en la Constitución se habilitara la posibilidad de que nuestra tierra pudiera tener un Estatuto de Autonomía como tendrían Cataluña, Galicia y País Vasco. Ganaron, ejercieron su derecho a decidir en referéndum y consiguieron que, en 1981, el artículo primero del Estatuto reconozca a Andalucía como nacionalidad histórica y, con ello, el ejercicio al autogobierno y la soberanía de su pueblo al mismo nivel que Cataluña, Galicia o País Vasco. Andalucía como la que más.
Desde aquellos años, muchos gobiernos, tanto de Moncloa como de San Telmo, han malinterpretando deliberada y torticeramente esa solidaridad. Por ello se ha condenado durante más de 40 años a nuestra tierra a la desindustrialización, a la infrafinanciación, al desempleo, a la desigualdad y hasta nos han intentado vampirizar la identidad cultural, imponiendo lo andaluz como español.
En estos momentos, vivimos dos crisis muy duras, por un lado económica y social, derivada de la pandemia de la COVID-19, a la que el Gobierno andaluz no está sabiendo dar respuesta. Por otro, la crisis del sistema autonómico que se ha demostrado superado y que nos lleva inevitablemente a debatir de nuevo el modelo territorial para caminar con paso firme a un sistema plurinacional. Una crisis refuerza a la otra y eso explica también que hasta la monarquía parlamentaria haya entrado en crisis y, con ello, podamos afirmar que España vive una crisis multiorgánica.
El reparto de fondos europeos puede ser un gran comienzo para construir una industria verde de generación de energías renovables, desarrollar nuestros puertos, fortalecer la agricultura ecológica de la que ya somos líderes o intensificar la calidad del turismo para dejar atrás las décadas de precariedad, debilidad financiera y depedencia de un modelo de bajos salarios, explotación laboral y depredador de nuestro recursos naturales.
Andalucía es tan identitaria y soberanista como solidaria, y esto coloca a nuestra tierra en un lugar estratégico para liderar la propuesta de organización plurinacional del Estado y de un nuevo contrato social que permita la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo y genere un nuevo modelo de convivencia con los pueblos hermanos. La memoria es la semilla de la conciencia de pueblo. Querían que Andalucía perdiese la suya, pero 43 años después del asesinato de García Caparrós seguimos defendiendo la libertad, la igualdad y la memoria como armas para soñar con un futuro más próspero.
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