La crisis de 2008 vino a profundizar las tendencias que se habían ido cristalizando desde los años 80 con el triunfo de Reagan y Thatcher y la aplicación de las salvajes políticas neoliberales. Es ya sabido, crecimiento de la pobreza y la precariedad, desigualdad, desregulación, extractivismo y crisis planetaria, destrucción de lo público y masivos ataques a los derechos. La pandemia ha desvelado con mayor crudeza que esas políticas han provocado que crezcan los sectores sociales precarizados situados al margen.
Al margen decimos. En las afueras de los mecanismos de protección, altamente desprotegidos y gravemente vulnerables. Cuando se dice no vamos a dejar a nadie atrás, nos parece todo insuficiente y timorato, que estas personas ya quedaron al margen hace tiempo, que ahora son muchos más y que hay que tomar medidas específicas para su rescate y dignificación. Nos referimos por ejemplo a migrantes irregulares, a trabajadoras sexuales, a personas sin hogar, a trabajadoras del hogar y a tanta, de nuestra gente precarizada. Entre ellas sin duda las personas migrantes que se dedican a la venta ambulante.
Se considera venta ambulante, según la Ley de Comercio de Andalucía, aquella que se realiza en la calle, esto es, el comercio que se celebre en vías públicas. Un buen número de personas en nuestra provincia, que supera los varios centenares de personas migrantes, se dedican a esta actividad. En su mayoría de origen subsahariano y si ahondamos muchas de ellas procedentes de Senegal, pero ampliamente asentadas como vecinos de nuestras localidades.
Debe saberse que las que tienen situación administrativa regularizada, han pasado un verdadero “calvario” para conseguir sus “papeles”, pese a la ayuda que prestamos algunas ONGs en la provincia, entre ellas la Apdha. Sólo podrán solicitar en la oficina de extranjería una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales si demuestran que llevan tres años continuados en España, naturalmente en situación irregular, siempre con miedo a que los detenga y pudieran ser deportados, y además sin poder trabajar.
Es lo que se llama procedimiento de arraigo social. Pero no se trata de un mero trámite: sino que ésta deberá aportar un buen número de documentos que demuestren dicho arraigo, carecer de antecedentes penales, además de demostrar que tienen medios económicos suficientes, lo cual parece contradictorio con la prohibición previa de poder trabajar.
La manera de acreditar dichos medios económicos será bien por cuenta ajena, con el compromiso de alguna empresa o empleador de que los contratará por un periodo no inferior a un año, o bien por cuenta propia. En este caso que es el más habitual para la venta ambulante, se les documenta con una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia por un año, y para poder renovar dicha autorización tienen que haber cotizado esos doce meses de vigencia de la tarjeta, y no tener deudas ni con la Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria. En muchas las renovaciones son denegadas por no cumplir esto requisitos, y por tanto, vuelven a encontrarse en situación irregular, como si de un círculo vicioso se tratara.
La pandemia ha puesto de relieve su situación extremadamente vulnerable. Prohibida por motivos de salud cualquier actividad en la calle, personas que viven al día y que con sus modestos ingresos suelen además permitir la subsistencia de su familia en su país, se ven de repente privados de cualquier recurso.
Las personas de las que hablamos en este artículo son aquellos que se dedican a vender productos por las vías públicas de nuestras ciudades, personas que con su trabajo se mantienen y no en pocos casos mantienen a sus familias en sus lugares de procedencia, personas que no utilizan los servicios sociales pues viven de lo que ganan, y claro lógicamente ganan si la vía pública, que es su lugar de trabajo está abierta, personas solidarias que se ayudan entre ellas antes de acudir a pedir cualquier prestación que, como parte de la ciudadanía, le pudiesen corresponder.
La pandemia les ha dejado sin posibilidad de “ganarse la vida” y pese a ello, han respetado escrupulosamente el confinamiento como el resto de la ciudadanía. La situación es aún más complicada para las personas que se encuentran en el limbo de estos tres años en tanto logran intentar su regularización. Y además ninguna de ellas son “usuarios” (que denominación más poco adecuada) de los servicios sociales, ya que aun estando regularizadas jamás habían acudido a pedir asistencia a dichos servicios (pese al extendido bulo de la ultraderecha al respecto), con lo cual algunos ayuntamientos les negaron en un primer momento el acceso a las ayudas de emergencia por el coronavirus. Igual reaccionaron algunas organizaciones extremadamente burocráticas en su ayuda a las personas vulnerables.
Afortunadamente la gravedad de la situación ha hecho que en buena medida se produzca una rectificación en la tramitación de las ayudas de emergencia, si bien algunos ayuntamientos de la provincia aún continúan manteniendo un complicado sistema burocrático para el acceso a las mismas.
Sí, las personas migrantes que se dedican a la venta ambulante han sido situadas al margen, junto a otros colectivos vulnerables. Pero no lo están para muchas personas solidarias. La respuesta a la petición de ayuda por parte de nuestra Asociación ha sido espectacular, en apena un par de semanas se ha recaudado casi 14.000 euros, que ha permitido ofrecer un pequeño respaldo adicional a más de 200 personas en la provincia. ¡Que diferencia solidaria con el discurso de odio de determinados políticos, medios de comunicación ultra y energúmenos en las redes!
Ahora el reto que nos hemos planteado, en tanto se pueda volver a la calle a vender su mercancía, es ayudar a que muchas de estas personas se puedan trasladar al campo a diversas provincias para trabajar en las campañas agrícolas, ya que muestran su deseo y actitud de querer trabajar. Desde la Apdha hemos podido gestionar esta intermediación con empleadores agrícolas a más de 30 personas, y esperamos que puedan incorporarse más en los próximos días. Porque estas personas no quieren caridad ni alimentos, quieren poder seguir ganándose la vida con un mínimo de dignidad.
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