La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe (Granada) ha iniciado diligencias previas de investigación penal y ha citado a declarar como investigados a buena parte de la plana mayor de la Delegación territorial de Granada: el jefe del servicio de Inspección, el inspector de referencia del IES Montevives de Las Gabias y el secretario general provincial; junto al director y a la secretaria del instituto, entre otros.
Los hechos, que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, en palabras de la propia juez, se remontan a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en el transcurso de los cuales podrían haberse cometido los presuntos delitos, todos ellos conexos, denunciados en su día por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), de prevaricación, falsedad en documento oficial e injurias.
Teniendo todos ellos su origen en la modificación, presuntamente prevaricadora, de la calificación de la prueba extraordinaria de septiembre de una alumna del IES Montevives, de Las Gabias, que fue suspendida por su profesora y aprobada posteriormente, según todos los indicios, por orden del director del instituto, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido para la revisión de las calificaciones finales.
Para ello contó con la colaboración de la secretaria del centro, que procedió, sin mediar solicitud de revisión de la calificación por parte de los padres de la alumna ni, en consecuencia, existir resolución alguna del departamento didáctico en que pudiera fundamentarse, a cambiar la nota en el acta oficial de evaluación.
Denunciados los hechos por la profesora ante el Jefe del Servicio de Inspección de Granada, este se limitó a dar por bueno un presunto informe del inspector de referencia en el que afirmaba haberse actuado correctamente en todo momento (a pesar de no existir documentación acreditativa de reclamación alguna presentada por los padres, ni dictamen del departamento didáctico pronunciándose por la modificación de la nota).
En un alarde añadido de retorcimiento, el Secretario General Provincial (debemos suponer que en nombre del Delegado territorial) resolvió inadmitiendo el escrito de denuncia de la profesora, haciéndolo pasar, falsamente, por una solicitud de reclamación del aprobado, otorgado, a decir del inspector de referencia, con todas las de la ley.
Pero la apoteosis de la falsificación, presunta, tuvo lugar en diciembre cuando el director del instituto, a requerimiento de la profesora vilipendiada, habría fabricado ad hoc, muy probablemente con el conocimiento y aprobación de la Delegación territorial, una serie de documentos espurios de contenido inveraz a fin de intentar justificarse in extremis, aprovechando la ocasión para que dos profesores del departamento y los propios padres de la alumna (todos ellos investigados) vertieran, en los documentos reseñados, una sarta de injurias y calumnias contra la profesora con el único objetivo de vejarla y dañar gravemente su reputación personal y profesional.
En la documentación, plagada de contradicciones e incorporada al escrito de denuncia, el director llega a jactarse de haber ordenado el cambio de nota de la alumna antes incluso de que los padres presentaran reclamación alguna.
Desde los servicios jurídicos de APIA aseguran que irán hasta el final, "a fin de restañar el bien jurídico lesionado, obtener la condena de los, por ahora presuntos, autores de tal desafuero, y restituir el buen nombre y la profesionalidad de la profesora vilipendiada, y, por ende, la buena imagen de la enseñanza pública, que no merece un trato tan afrentoso".
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