Andalucía

Una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla culpa a la Junta de la falta de inspección a Magrudis

La trabajadora municipal precisa que se enteró "por la prensa" del brote de listeria y señala que el Consistorio "no hace supervisiones y cuando se lo encarga la Junta, realiza una al año"

La inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en Magrudis, epicentro del brote de listeriosis producido el pasado verano, ha declarado este viernes en el juzgado en calidad de investigada y ha precisado que para hacer sus inspecciones se tiene que basar en un reglamento 822/2004 y, en base al mismo, “la Junta de Andalucía da unas instrucciones”.

A preguntas únicamente de la juez de Instrucción número 10 de Sevilla y de la Fiscalía —se ha negado a responder a las demás partes—, esta veterinaria, dependiente del servicio de Consumo, ha precisado que la “supervisión” no la hace el Ayuntamiento, sino que la Junta hace “anualmente un plan de inspección y otro de supervisión”, y se lo presenta al Consistorio.

En este sentido, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha subrayado que “cuando se trata de una empresa que necesita una autorización, se solicita esta a la Junta, que la da en 2015, comunicándose al Ayuntamiento que debe realizar estas inspecciones”. En esta línea, ha precisado que “no tiene que hacer la valoración de la estructura y equipo, sino que lo hace el veterinario que en 2015 da la primera autorización”, así como que ella “no es técnico para valorar las instalaciones y dentro de su competencia da un valor cero, que es correcto” y “únicamente tiene que valorar lo relacionado con sanidad”.

En julio de 2017 cuando va la declarante únicamente había una nave, en la que había dos o tres salas, y desde esa fecha no vuelve “hasta que salta la alerta sanitaria el 16 de agosto de 2019″ cuando va a la empresa porque “hay que hacer una inspección oficial”, así como que la supervisión “está toda programada y es diferente a una inspección”.

Al respecto, la funcionaria ha asegurado que dos días antes, una compañera suya “coge las muestras de los productos de las instalaciones y las inspecciona y ordena el cese de la actividad de elaboración de carne mechada, chicharrón y lomo, es decir, de los productos de horneado”. Sobre su compañera, ha recordado que ésta “aconsejó que se limpiaran y desinfectaran las instalaciones de Magrudis porque únicamente se habían recibido tres lotes y se pensó que en lugar de listeria podría tratarse de un brote de salmonella, que es lo lógico en verano” y el día 16, que es cuando va ella, “es cuando los trabajadores empiezan a limpiar”.

A su vez, ha manifestado que el día que fue ella también se encontraba allí personal de un laboratorio de control y calidad alimentaria cogiendo muestras de superficies y ella hace lo mismo, en presencia de trabajadores y de Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente y de su padre, el ‘administrador de hecho’ de la empresa, José Antonio Marín Ponce, los cuales en la actualidad siguen en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

Por último, ha dicho que ambos le “ocultaron” que habían estado elaborando chorizos y, al preguntarle, éstos manifestaron que “únicamente habían hecho una prueba”. A preguntas del Ministerio Fiscal, la investigada ha afirmado que se “enteró por la prensa” del brote de listeria y ha dejado claro que el Ayuntamiento “no hace supervisiones y cuando se lo encarga la Junta, realiza una al año” y que en la misma se le pidió a la empresa la trazabilidad del producto desde mayo a agosto de 2019.

Por último, ha señalado que el plan de control de plagas sí estaba contratado en el año 2017, así como el plan de mantenimiento de instalaciones y el de trazabilidad, al igual que el de mantenimiento de la cadena de frío y el de certificación sobre suministros y proveedores.

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