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Una abogada jerezana evidencia los vacíos legales y el clientelismo en el Deporte

Yolanda Morales Monteoliva publica su tesis doctoral donde explica el conflicto entre la Ley del Deporte de 1990 y la última modificación de la Ley Concursal, que permite que la Real Federación Española de Fútbol determine el rumbo de los clubes insolventes

Mientras el pasado 15 de junio Peláez Montes, el presidente de la Federación Cántabra, le decía a Ángel María Villar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que había dejado fuera del reparto unos 5.200.000 euros para “lo que se te ponga en los huevos”, una abogada jerezana ultimaba su tesis doctoral sobre la mala praxis jurídica en el deporte. Un mes después, Villar, su hijo, Gorka Villar, y el tesorero de la RFEF, Juan Padrón, son enviados a prisión preventiva sin fianza por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por enchufismo, desviación de fondos y clientelismo. Justo cuando Yolanda Morales Monteoliva estaba siendo condecorada con un sobresaliente cum laude por la Universidad San Pablo-CEU gracias a su tesis La insolvencia y el concurso de acreedores de las entidades deportivas profesionales.

Un fraude. Como dijo Javier Tebas, el presidente de LaLiga, al conocer el paradero de Villar: “La estructura de la Federación Española de Fútbol está podrida”. Morales Monteoliva se inmiscuyó en el asunto desde antes de 2011, cuando contempló por primera vez que había serias carencias de definición en la Ley del Deporte de 1990 ya que esta determinaba qué era un deportista profesional. “La Ley solo establece como deporte profesional la Primera y Segunda División de fútbol, y la Primera de la ACB. Esas son las únicas competiciones profesionales que se reconocen legalmente”. Este dilema traería quebraderos de cabeza un año después, cuando el Parlamento realizó una modificación de la Ley Concursal. Lo que comenzó siendo un cambio para avanzar en materia deportiva, terminó generando conflictos entre la Ley del Deporte y la Ley Concursal, ya que aquellos que cumplían todos los requisitos para ser llamados “deporte profesional” —clubes oficiales, de ámbito estatal, con una forma de sociedad anónima deportiva…—, comenzaron a interponer su normativa propia frente a la Ley por la que se ciñen todas las demás empresas españolas. De este modo, la Real Federación Española de Fútbol tenía un trato diferente al resto de entidades que operaban en el país.

“Hay una falta de función y de definición del modelo de la Ley del Deporte para los profesionales”, señala la abogada jerezana. “¿Y qué pasa con los deportes individuales como tenis, golf, atletismo… ? Se organizan en campeonatos, torneos… Pero según la Ley no son profesionales, son deportistas, pero no deportistas profesionales”, agrega. Para Yolanda Morales reescribir esta definición es su “caballo de batalla”. Es la rueda que mueve un engranaje mayor que afecta a jugadores, acreedores y aficionados del deporte, porque lo que está en juego es la supervivencia de los clubes. Su larga trayectoria profesional le precede: abogada, mediadora, profesora de Derecho Administrativo y asesora jurídica. Pero sobre todo su puesto como vocal en el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, desde 2010 y su trabajo como administradora concursal, la empujó a llevar a cabo dicha investigación. En su despacho, ubicado en la calle Manila, Morales Monteoliva explica punto por punto por qué la legislación en el mundo del deporte es subjetiva e injusta para con las entidades deportivas más pequeñas. En un principio, que la RFEF tenga preferencias sobre la Ley Concursal significa que la federación impone sus normas frente a las entidades deportivas que van a entrar a concurso por insolvencia económica, es decir, aquellas que ya no pueden pagar sus deudas con regularidad. Cuando un club se encuentra en dicha tesitura las vías para seguir sobreviviendo en la Liga son casi inviables. No por las dificultades de la Ley Concursal, cuyo objetivo es garantizar la continuación de la empresa, sino por los obstáculos que va colocando la propia federación. “Según el Artículo 13 de la Federación Española, dice que en caso de concurso, no se pagarán las subvenciones a estas entidades. Por lo que de entrada no va a percibir ese dinero. Dinero que quizá el club pensaba que tenía para poder ser solvente. Y cualquier cantidad que se le debiera al club, no se le entrega, se lo queda la federación y le da el destino que quiere. Ese dinero, que por Ley tendría que ir a concurso para pagar las deudas que tuviera entre todos por igual (jugadores, acreedores…) se lo queda la federación y quedaría exento del concurso para evitar la situación de crisis del club”, expone.

Pero esas no son las únicas trabas o “trampas” de la normativa propia de la RFEF, ya que además de que la entidad deportiva deberá pagarle, en primera instancia, la deuda contraída, la entidad deportiva está obligada a descender de categoría. “Ellos tienen una norma y es que por entrar en concurso, te descienden de categoría y así te impiden participar. Y si tienes deudas te impiden competir. Si al club o a la sociedad se le priva del único activo que suelen tener muchas de ellas —porque la mayoría de los clubes y sociedades tienen muy pocos bienes— los ingresos que pueden tener proviene de la participación en la competición”. Así, los clubes que no son solventes económicamente temen entrar a concurso por miedo a que no se llegue a un convenio, lo que conlleva la liquidación. Otra de las claves que analiza Morales Monteoliva es la función del sistema de supervisión de control, el ojo clínico que inspecciona ingresos, deudas, riesgos…Como explica la jurista jerezana habría dos sistemas, uno público, “que es hacia donde se orienta la Unión Europea, con órganos específicos”, y otro privado, el que mantiene España hasta el momento. “Privado significa dentro del propio autogobierno de la federación y esto tiene un riesgo, que tú eres controlador y eres parte”. No obstante, al final el control económico se está haciendo por los propios participantes. “Los mismos que participan en las competiciones están dentro del control económico. ¿Por qué? Porque ahora mismo la Ley del Deporte establece que la Liga Profesional hace un primer control sobre clubes y sociedades y hay otro, que lo establece el Consejo Superior de Deporte”. Pero esto continúa en la línea de lo privado. ¿Cuál sería la solución? “Que hubiera un sistema de supervisión que se ejercite ajeno al ámbito federativo, que garantice el mismo tratamiento a las entidades de igual nivel y que haya una total imparcialidad. Hay muchos intereses, muchas tensiones de parte de los equipos. Y todos no tienen la misma influencia. No hay que olvidar que los clubes son empresas”.

“Hay muchos intereses, muchas tensiones de parte de los equipos. No hay que olvidar que los clubes son empresas”

Después de haber analizado más de 100 casos de concurso de acreedores dentro del mundo deportivo, Yolanda Morales Monteoliva saca sus propias conclusiones. “Tiene que haber un organismo que aplique unas normas que sean comunes para todos, aunque flexibles. Porque indudablemente no se puede aplicar un control con la misma rigurosidad, a lo mejor, para todos. Ellos tendrán que adaptarlos con los situación económica de cada uno”, expresa, al tiempo en que recuerda: “Y es que la finalidad que tendría que tener este sistema de supervisión de control sería mantener la actividad deportiva”. Algo que se difumina, que cae en el olvido cuando la federación se mueve más por los intereses económicos que por el amor al deporte.

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