Política

Un testigo asegura que Pelayo dio la orden para adjudicar el contrato de Fitur 2004 a la Gürtel

El ex jefe de prensa del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez señala que la ex regidora del PP supervisó el proyecto de adjudicación sin concurso público

“La alcaldesa fue la que dio las órdenes de que Fitur se tenía que realizar de esa manera”. “Esto viene de Alcaldía y hay que hacerlo”. Eso le dijo el entonces teniente de alcaldesa, Bernardo Villar, a Santiago C.G., ex jefe de prensa del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez, durante la organización de los espectáculos de Fitur 2004 que investiga la Audiencia Nacional, según la declaración de éste último durante el juicio. Santiago asegura que durante una reunión mantenida con Isidro Cuberos, conseguidor de la trama, éste no solo presentó una propuesta, sino que explicó directamente cómo se iba a realizar la participación de Jerez en Fitur 2004.

La entonces alcaldesa popular, María José García-Pelayo, supervisó el proyecto, según el testimonio de este testigo, que señala que los espectáculos se hicieron tal como se acordaron en esa cita, “al cien por cien”, recalca. Santiago C.G., después de esta reunión, tuvo que cambiar todo lo previsto para Fitur. El teniente de alcaldesa, según su versión, le dijo que “donde hay patrón no manda marinero”.

El testigo señala que Cuberos, antes de reunirse con él, venía de estar con María José García-Pelayo, quien ordenó que fuera atendido por el teniente de alcaldesa para tratar el asunto de Fitur. La empresa encargada de montar los actos fue Special Events, una de las sociedades del grupo de Correa. Santiago, que ha declarado durante el juicio, ha recordado que fue despedido en el ERE municipal ejecutado por el PP, con Pelayo como alcaldesa.

La Audiencia Nacional juzga la adjudicación sin concurso público a empresas de Correa para montar el stand de Fitur 2004, además de dos espectáculos, por un importe de 355.391 euros. Dos exempleados de empresas del grupo y cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez se enfrentan a peticiones de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción de entre dos y siete años de prisión. Según fuentes próximas al caso, de las declaraciones testificales “se está desplomando la acusación contra los técnicos y está viéndose claro que todo fue una decisión política”.

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