La Rotonda

Subida de pensiones, 22 tomas de posesión y Dolores Delgado

La primera gran medida del nuevo Gobierno se solapa con la foto de las vicepresidentas y ministros jurando o prometiendo ante el Rey Felipe, y sobre todo, con los ataques a Sánchez por elegir a la ex ministra de Justicia para dirigir la Fiscalía

El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año, incremento de unos 8 euros de media que quedó en el aire en la última reunión del Ejecutivo en 2019 a la espera de que se formase Gobierno. Las pensiones —y volver a engordar su hucha— son uno de los principales retos del nuevo Gobierno. Así lo ha dejado claro el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el traspaso de carteras este lunes, donde ha afirmado que se va a garantizar la actualización de pensiones con el IPC.

Buena noticia en el primer día en activo del nuevo equipo político de Pedro Sánchez, cuyos 21 titulares —4 vicepresidentas y 18 ministros— tomaron posesión en este arranque de semana, prometiendo o jurando sus cargos, ante el Rey Felipe VI. Todos juraron o prometieron lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, ya fuesen monárquicos o republicanos, o viejos enemigos del Régimen del 78.

La idea ahora es ser muy pragmáticos y no dar más chance a la derecha y a la extrema derecha para que eleven el ruido de la bronca. De eso, no obstante, se ha ocupado en este intento de nueva era de la política española el propio presidente Pedro Sánchez, cuya decisión de nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ministra de Justicia saliente que estuvo en primera línea de la exhumación de Franco como notaria mayor del reino, han causado una enorme controversia.

No importan los 25 años de Delgado como fiscal o que antes de llegar al poder político —donde estuvo apenas año y medio como ministra socialista— fuera la fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. Serlo y parecerlo. Como lo del PP de Pablo Casado, que desde esta semana ha hecho un juramento para moderarse y centrarse, y dejar que Vox haga de pitbull.

Coalición Canaria ha sancionado a la díscola Ana Oramas con 1.000 euros de sanción por su indisciplina de voto en la pasada investidura, mientras que Revilla en Cantabria ya ha hecho las paces con el PSOE, superado el papelón del rechazo cántabro, comunidad donde son socios, a que Sánchez fuera investido presidente. Los nuevos PGE de 2020 están en juego. Sánchez, antes de eso, retomará su agenda internacional esta semana viajando al Foro de Davos, donde ya acudió en 2019 y donde repite este año, después de haber anunciado que pretende que la economía sea un foco importante de la política exterior. Cuentas ha hecho también el PP sin ir (esta vez) a Suiza: ha cifrado en 24 millones de euros el gasto en altos cargos y personal eventual del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si se completan los cuatro años de legislatura. Según sus cálculos, se pasa de 179 altos cargos a un total de 260. No parece muy sostenible en el tiempo.

Precisamente, hablando de sostenibilidad, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y por el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado este lunes, en el acto de su toma de posesión, a los “padres” del ecologismo y el medio ambiente Odón de Buen, Ramón Margalef, Fernando González Bernáldez o Félix Rodríguez de la Fuente, expertos que, a su juicio, “nunca jamás se hubieran podido imaginar que en este país algún día habría una vicepresidencia verde”. De un tiempo a esta parte, era ya casi imposible imaginar que este país tuviera Gobierno. Y un Gobierno estable. A ver qué dura. Gobiernen.

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Comentarios

  1. El problema del nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general es que la fiscalía es una institución legalmente independiente del gobierno, aunque el fiscal general sea nombrado por aquél, y, dado el carácter sectario de esa señora, quien ha obligado dos veces a la abogacía del Estado a cambiar sus criterios jurídicos y a hacer el ridículo, quedando desprestigiada, es muy evidente que ha sido designada para materializar la política de indefensión jurídica del Estado ante el separatismo catalán en cumplimiento de los inconfesables pactos de investidura (lo de pactar con luz y taquígrafos, que decía Iglesias cuando era políticamente virgen, ya pasó al baúl de las promesas incumplidas) . Por eso, todas las asociaciones profesionales de fiscales y de jueces se han escandalizado con ese nombramiento y se han manifestado en contra del mismo.
    La verdad es que todos los gobiernos han nombrado a jueces y fiscales para puestos políticos, quienes luego quedan desacreditados y con una tacha de parcialidad cuando regresan a la actividad profesional. Por eso, tanto jueces como fiscales, dada la gran trascendencia social y política de sus actuaciones profesionales y dada la imperiosa necesidad de que sean independientes y lo parezcan, deberían tener prohibida la participación en la actividad política, con un régimen de incompatibilidades similar al que tienen los militares.

  2. La sanción de Coalición Canaria a Ana Oramas con 1.000 € de multa es inconstitucional porque va frontalmente contra el artículo 67.2 de la Constitución (“Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”), lo que demuestra que quienes se sientan en las Cortes no nos representan a los ciudadanos, sino a las dirigencias de los partidos, que no estamos en una democracia. Ana Oramas, que ha actuado muy valerosa y democráticamente al votar en conciencia, dando un gran ejemplo, podría rematar el asunto no pagando esa multa y recurriendo ante el Tribunal Constitucional o, mejor aún, denunciando a quienes le han impuesto esa multa ante la jurisdicción penal por un delito de coacción a un diputado en la emisión de su voto, mediante intimidación sobre su patrimonio y sobre su futuro político (previa amenaza de expulsión del partido), tipificado en el artículo 498 del Código Penal (“Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”).

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