Política

Seis años del mayor atropello de los derechos de los trabajadores en Jerez

El ERE municipal que orquestó el gobierno del PP dejó decenas de víctimas laborales en la ciudad y peores servicios públicos. Los afectados no perdonan a sus responsables, pero tampoco a sindicatos ni al gobierno del PSOE que prometió devolverles a sus puestos de trabajo.

Difícil será para muchos olvidar el período que transcurrió entre el 20 de julio y el 12 de septiembre de 2012. Fue el tiempo que medió desde que 260 empleados públicos del Ayuntamiento de Jerez conocieron que su nombre figuraba en la fatídica lista de afectados por el primer ERE en una administración local en España y el momento en el que debieron abandonar sus puestos de trabajos. Desde aquel septiembre de hace ahora seis años se sucedió una larga batalla judicial que hasta hace poco han continuado dos de aquellos extrabajadores —también con resultado negativo en el objetivo de lograr la readmisión—. Primero fue el TSJA el que declaró improcedente el expediente de despidos masivos presentado por el gobierno local del PP por haberse confeccionado con criterios de selección de afectados “absolutamente arbitrarios”. Sin embargo, el ejecutivo popular recurrió al Tribunal Supremo, donde consiguió, pese al voto particular de varios magistrados, que se avalara una decisión que, en muchos casos, modificó para siempre la vida de muchas familias de la ciudad.

Hoy los afectados apenas quieren ya hablar del asunto. Hubo casos y casos en aquel ERE municipal. Personas que no solo se jubilaron anticipadamente con cuantiosas indemnizaciones tras trienios y trienios de servicio frente a “empleados de mucha valía profesional que se quedaron absolutamente tirados, muchos de ellos con más de 50 años, casi sin posibilidad de reengancharse al mercado laboral”, relatan voces que vivieron muy de cerca el angustioso proceso. “Hubo gente que tuvo que entregar su casa a los bancos, vivir en casa de sus padres e incluso acudir a la asistencia social por comida, había mucha gente que era el único sueldo que entraba en sus casas”, añaden.

Hay quien decidió reinventarse con nuevos proyectos empresariales o incluso quienes gracias a sus currículos y formación pudieron conseguir que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) les llamara para un trabajo temporal. En cambio, de los 90 afectados que hace dos años tocaron con la yema de los dedos la posibilidad de ser readmitidos en el Ayuntamiento, “la mayoría sigue a verlas a venir, con muchísimas dificultades para encontrar trabajo, aun tratándose de personas que, en muchos casos, cuentan con más de 20 años de experiencia y cualificación suficiente”. Los afectados, que lógicamente responsabilizan a la exalcaldesa Pelayo del que puede considerarse el mayor atropello laboral sufrido en la ciudad en la historia reciente, tampoco perdonan que Mamen Sánchez, actual regidora, los dejara morir en la playa. También recuerdan la responsabilidad de los sindicatos, especialmente la CGT (mayoritario entre el personal laboral municipal), que no lograron parar la decisión arbitraria del PP a saber por qué oscuros intereses.

El ERE, que se vendió ante la opinión pública como la panacea para sanear el Ayuntamiento, no ha logrado su redimensión ni equilibrio en materia de personal ni en las cuentas

Por si fuera poco, el ERE, que se vendió ante la opinión pública como la panacea para sanear el Ayuntamiento, no ha logrado su redimensión ni equilibrio en materia de personal ni en las cuentas. La deuda financiera se ha seguido incrementado, se han seguido guardando facturas en los cajones, y la política de personal es casi tan caótica como en la última década y media. Quizás peor, porque ahora hay unidades desbordadas de personal de brazos cruzados —”ahora es peor, antes pensaban que me iban a echar, pero ahora cobro sin trabajar como si me estuvieran dejando morir”, reconocía sin pudor hace unos días un empleado municipal a este medio—, y otras en la que el déficit de empleados es clamoroso —caso de los servicios sociales—.

“De nosotros podrán decir que hay que ver que estos señores tomaron una decisión que me afectó y me perjudicó, pero lo que nunca van a poder decir es que los hemos engañado. Sin embargo, el PSOE y Mamen Sánchez sí han engañado a estas personas”, apuntaba en una entrevista con este medio el alcaldable del PP y ex hombre fuerte del ejecutivo de Pelayo, Antonio Saldaña. A lo que añadía: “Yo, personalmente, como era primer teniente de alcalde, tuve que entrevistarme con todas las personas que pidieron ser escuchadas y les explicaba, en la medida en que podía, por dónde iba el proceso. Evidentemente, nadie lo entiende. La mayoría decía que había que hacerlo, porque en aquel momento nadie cobraba. Entonces, primero se decía que se veía venir y, segundo, se decía que estaba mal hecho porque le había tocado a él… Lo que sí le digo es que probablemente fue la decisión más dura que tomó el gobierno de María José García-Pelayo”.

Cuando a finales de 2016, Mamen Sánchez no tuvo más remedio que frenar su compromiso para reincorporar a aquellos afectados que pelearon la nulidad de sus demandas individuales tras el despido, declaró a lavozdelsur.es: “Hemos ido a todos los sitios donde hemos tenido que ir para buscar una solución que se sabía que era complicada. Ojalá hubiesen entrado porque hay departamentos que necesitan personal. Precisamente que haya problemas de personal en colegios, turismo, servicios sociales es por culpa del ERE del PP”. ¿No hubo más remedio? ¿Peso más el miedo a una posible prevaricación si se firmaban las readmisiones? ¿Hasta qué punto fue un error que diese la bienvenida “a casa” anticipada en el pleno a muchos de los afectados?

Aun así, Sánchez confiaba en no quedar como responsable última de una de las mayores herencias envenenadas que legó del anterior mandato: “Yo entiendo a los trabajadores porque tenían mucha esperanza de volver a su puesto de trabajo, pero es que hasta los jueces están teniendo muy en cuenta la forma que tuvieron de acceder al puesto, y en las sentencias siguen reconociendo la causa económica que motivó el ERE y que hizo que lo avalase el Supremo. Habría sido un auténtico lío”: Readmitir a todo el mundo hasta su jubilación suponía al Ayuntamiento 40 millones de euros. La nulidad causaba un problema económico al Ayuntamiento porque además de reincorporarlos había que pagar los salarios de tramitación, pero ahora es que además se está viendo que no hay nulidades”, decía en aquel momento.

A nivel económico municipal, dispendio —altos costes con cargo a las arcas municipales para contratar representación legal externa, focalizada en la consultora Deloitte— y cero soluciones para un Ayuntamiento que solo ha visto más mermados los servicios públicos que presta. A nivel social, una auténtica tragedia laboral que no solo sacudió a los afectados sino también a una ciudad que pasó de los años a ver si puedes hablar para que enchufen a mi hijo a casos en los que no se ocultaba cierta alegría porque esos enchufados fueran puestos de patitas en la calle. Todo muy triste, todo muy insolidario, todo muy enfermo.

Etiquetas

Más artículos en esta categoría:

Un comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.