Gente sin casa

Rosario y José: el “trastorno” de salir del barrio de su vida por la amenaza de los apartamentos turísticos

Una orden de desalojo pesa sobre una vecina de 80 años de la calle Justicia y su hijo tras la denuncia interpuesta por la propiedad, que quiere explotar la finca con fines turísticos

“Todos los que coman de este pan y este vino formarán un solo cuerpo”, se puede leer en un cuadro de gran tamaño de La última cena que preside el salón de Rosario, una octogenaria que lleva toda su vivienda residiendo en el barrio de San Mateo de Jerez, primero en la calle Liebre y, desde 2001, en la calle Justicia, a apenas 100 metros de su casa natal. “Nací en el número 12”, recuerda ella, “llevo aquí toda la vida”, añade, pero si nada lo remedia tendrá que abandonar el apartamento en el que reside desde hace 18 años el próximo lunes 14 de octubre.

“Eso sería trastornarla”, dicen sus hijos, que esperan que prospere el recurso interpuesto ante el Colegio de Abogados después de que su letrado de oficio les comunicara el día del desalojo menos de un día antes de la fecha de lanzamiento. Manuel recibió una llamada el pasado 7 de octubre, a las cuatro y media de la tarde, que le descompuso el cuerpo. “Os tenéis que ir mañana a primera hora”, le dijeron, ante lo que no daba crédito.

Su abogado de oficio les comunicó que la sentencia del juicio al que acudieron tras la denuncia interpuesta por la propietaria de la finca, que lleva tiempo queriendo desalojarlos para explotar las viviendas como apartamentos turísticos, establecía el 8 de octubre como fecha de salida. Gracias al fallo del abogado consiguieron una semana de prórroga, que expira el lunes 14 de octubre, pero esperan que prospere el recurso interpuesto ante el Colegio de Abogados para tener al menos un mes, “para buscar algo más tranquilos”, comenta Manuel Torralbo, uno de los hijos de Rosario.

José, Manuel, una prima de la familia y Rosario, en el salón de la vivienda. FOTO: MANU GARCÍA

José Torralbo reside con su madre y se encarga de cuidarla, de hacer la compra y de realizar las tareas del hogar. “Estoy dedicado a ella”, comenta, “salgo menos que el 91 en el bingo”, añade entre risas, aunque el asunto sea muy serio. Al número 22 de la calle Justicia llegaron en 2001, después de que falleciera el propietario del patio de vecinos donde residían y sus familiares vendieran la finca.

Entonces fue el Ayuntamiento, en aquella época gobernado por Pedro Pacheco, quien intercedió para buscarles una vivienda a la familia de Rosario y a otras del barrio. “Nos concedieron esta vivienda y nos hicieron contrato de un año, prorrogable hasta cinco años más”, explica José. Hasta hoy, es el único contrato que han firmado con la propiedad de la vivienda, rehabilitada con cargo al III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1999-2002, “por lo que no podíamos tocarla en diez años”, señala José. Su padre, que fue quien firmó el contrato, falleció en 2004, “y no hubo subrogación”, añade.

La primera “maniobra oscura”, como la define José, tuvo lugar en 2006, cuando la supuesta propietaria de la finca les pidió que se fueran, y en vista de que no lo consiguió, se pasaba todos los meses a cobrar el alquiler, en mano. “Empezamos pagando 120 euros, sujetos a la subida del IPC”, explica José. El último recibo, abonado este mismo mes de octubre, ya que “nunca hemos dejado de pagar”, es de 182,13 euros.

José, mientras enseña la documentación que acredita el pago del alquiler. FOTO: MANU GARCÍA

“Aquí llevamos un año y medio solos”, comenta, “cada persona administra sus miedos como quiere”, dice en referencia al resto de vecinos, que tras las amenazas de denuncia de la propietaria, buscaron otros alojamientos. Ellos resistieron por la imposibilidad de pagar otro alquiler. La pensión de Rosario, que no llega a 680 euros, es el único ingreso con el que ella y su hijo sobreviven a duras penas. “Estamos buscando alquiler, pero como mínimo son de 400 o 500 euros”, señala José.

Las horas pasan y, si nada lo remedia, el lunes Rosario y José tendrán que desalojar la que ha sido su casa los últimos 18 años. “Es un caso de extrema gravedad”, comenta Manuel, el otro hijo de la octogenaria, que se pregunta: “Si la especulación es un delito, ¿por qué no se condena?”. En un intento desesperado, hasta le han llegado a pedir a la propiedad que deje a Rosario en la vivienda y alquile el resto de la finca, para “no trastornarla”. El lunes, para bien o para mal, se conocerá el futuro de Rosario y de su hijo José.

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