Opinión

Reflexiones sobre ética electoral y reforma constitucional

El año 2019, definitivamente, está siendo un año marcado por una agenda pública electoral muy intensa, frenética. Ya llevamos varios ejercicios políticos con esa intensidad e inestabilidad político-institucional, sobre todo desde que, tras las elecciones generales de diciembre de 2015, el anterior modelo bipartidista quedó desarticulado, con la aparición de nuevos emprendedores y actores políticos, que se ha completado hace unos meses con la aparición de un quinto elemento político partidario. Los procesos electorales, en los diferentes ámbitos del poder territorial, se reiteran, y las promesas que conllevan se abren paso a modo de grandes titulares, con las personas votantes como objetivo.

Pero, surgen dudas sobre las mismas y sobre el compromiso ético con la ciudadanía de los operadores políticos que las formulan: ¿está regulada la promesa electoral en España?, es decir, ¿los compromisos de los partidos políticos en sus programas electorales tienen algún efecto jurídico?, ¿suponen un compromiso “contractual” con la ciudadanía, con el “cuerpo electoral”?, ¿tiene consecuencias el incumplimiento de una promesa en período electoral?, ¿son viables las propuestas electorales de los partidos políticos?, ¿llevan aparejados algún estudio o informe que avalen su posibilidad de cumplimiento?. Son algunas preguntas que hago, en público, al respecto.

Asistimos cada campaña electoral a una serie de promesas electorales de las diferentes opciones políticas que concurren a cada convocatoria, compromisos a veces muy concretos que se insertan como contenidos de los programas electorales, y que los partidos políticos hacen públicos en el tiempo inmediatamente anterior a la fecha de la celebración de la elección de nuestros representantes, o que anuncian en entrevistas o debates públicos, televisados o no.

Muchas de esas promesas se incumplen, algunas de ellas muy sonadas. En materia de puestos de empleo, que supuestamente se iban a crear, ha sido de las más escandalosas en la historia de nuestro actual período democrático, en un tema tan sensible socialmente. Pero hay otros temas en los que también se han producido incumplimientos de promesas, como en materia de bajada de impuestos, política exterior, siembra de un número determinado y muy abultado de árboles, etc.

La situación es que, una vez constituidas las cámaras legislativas o corporaciones para las que se desarrollaba el proceso electoral, una vez en posesión de sus puestos de representación de la soberanía popular las personas electas, resulta que muchas de las promesas del tiempo electoral quedan en el olvido y la ciudadanía queda sin ningún tipo de opción de exigir el cumplimiento de la palabra dada por la persona candidata, ya electa y en posesión del “escaño”.

El problema de desafección a la actividad política que padecemos puede tener relación, también, con la sensación que se tiene de que se prometen acciones o resultados que, sin embargo, y sin explicación o justificación en muchos casos, no se llevan a cabo una vez que nuestros representantes están ya en ejercicio de sus cargos. Y todo ello, sin consecuencia alguna, sin posibilidad real de reclamación o queja, o de un procedimiento de revocación del incumplidor.

La realidad que acabo de exponer la considero una cuestión esencial para la credibilidad de nuestro “Estado social y democrático de Derecho” (definición de nuestro Estado en el primer precepto de la Constitución), dado que para decidir el sentido de nuestro voto tenemos en cuenta no sólo la formación u honestidad de las personas candidatas, sino también las promesas electorales de mejora de la vida o dignidad de la gente. Votamos de forma informada y consciente, pensando que, sinceramente, una vez elegidos nuestros representantes van a trabajar por conseguir que sean realidad las promesas electorales.

Si se produce el incumplimiento de lo prometido, los administrados deberíamos tener la opción de emitir algún tiempo de queja ante alguna instancia pública, que previamente tuviera un registro oficial de los diferentes programas electorales suscritos por las personas candidatas, para que asuman, si no cumplen lo prometido o justifican la imposibilidad de cumplimiento, su responsabilidad, y pueda producirse algún tipo de consecuencia, como pudiera ser su revocación o su imposibilidad para volver a ser candidato. Lógicamente serían necesarias reformas constitucionales y en el resto del ordenamiento jurídico, en especial, el electoral. Una más que habría que sumar a otras que habría que abordar.

La actual redacción artículo 6 de nuestra Constitución proclama que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Pienso que este importante precepto constitucional debería tener una última frase, que literalmente podría ser esta: “Los partidos políticos deberán dar cumplimiento a las promesas que formulen a la ciudadanía en los períodos previos a las elecciones, en tanto que constituyen un elemento esencial para la formación de la voluntad de las personas votantes”. Este añadido que propongo al artículo 6 del texto constitucional debería ser desarrollado en la normativa electoral general, a fin de concretar la manera de registrar las promesas electorales, consecuencias de su incumplimiento o no justificación de su imposibilidad de aplicación, etc.

Con la propuesta que acabo de expresar y justificar, se trataría de hacer más fiable y creíble nuestro Estado democrático, de aproximar los intereses generales ciudadanos con nuestros representantes públicos, de hacer eficaz y transparente el mandato representativo. En definitiva, se trataría de que el principio de responsabilidad opere también en la representación democrática de la soberanía popular y de respetar al votante, a su libre voluntad expresada en la urna pensando en lo que se le ha prometido. Es una cuestión ética fundamental.

Ángel-Bartolomé Gómez Puerto es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

http://gomezpuerto.blogspot.com

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Un comentario

  1. Esa afirmación del autor de que “votamos de forma informada y consciente…” mueve a risa: ¿Cuántos se leen los programas electorales de los diferentes partidos políticos antes de decidir su voto? ¿Hay algún medio que informe objetivamente, sin apriorismos ni sectarismos, sobre los programas de todos los partidos políticos y los analice objetivamente? ¿Cuántos ciudadanos votan movidos realmente por el programa electoral de un partido y no de forma grosera e irreflexiva por pulsiones más o menos viscerales e ideológicas en los falaces ejes derecha-izquierda o secesionismo-unionismo? Creo que las respuestas a las anteriores interrogantes están en la mente de todos y son mayoritariamente coincidentes.
    El autor señala y transcribe el artículo 6 de la Constitución, con cuyo texto parece estar de acuerdo, para proponer la adición al mismo de un párrafo que prescriba la obligación de los partidos políticos de cumplir sus promesas electorales; quizá creando algún órgano controlador y sancionador, más burocracia inútil y politizada (¿y corrupta?). El autor cae en el error de considerar que los programas electorales son “contratos sociales” en los que los partidos políticos se obligan, como si se tratara de un contrato civil entre particulares, a realizar determinadas acciones si alcanzan el poder a cambio del voto previo de sus electores y olvida que la Política es el arte de lo posible, que los programas electorales son programas de máximos y que, una vez celebradas las elecciones y repartidos los escaños, llega la ardua tarea de constituir mayorías estables de gobierno entre fuerzas políticas diferentes, e inclusive opuestas, para lo que hay que hacer significativas concesiones y renuncias programáticas.
    El problema del incumplimiento de las promesas electorales estriba, efectivamente, en el artículo 6 de la Constitución; pero no en el sentido que lo entiende el autor, sino en que dicho artículo dispone, nada menos, que son los partidos políticos los que expresan el pluralismo político, los que forman y manifiestan la voluntad popular y el instrumento fundamental de la participación política; esto es, instituye el régimen del Estado de partidos, los partidos estatales subvencionados por el erario público (una versión ideológicamente fragmentada del Movimiento Nacional para mejor marketing político), la partitocracia que padecemos. Y es este régimen de partidos estatales el que inspira nuestra vigente legislación electoral mediante la que los diputados y senadores no son elegidos libremente por el Pueblo, sino que éste solo puede escoger listas (da igual que sean cerradas o abiertas) de candidatos situados allí por las dirigencias de los partidos políticos (verdaderos herederos de los caciques de la primera Restauración borbónica), aparte de la inexistente separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo desde el punto y hora en que éste es elegido por aquél y no directamente por el Pueblo. Así que lo que hay que hacer con el artículo 6 de la Constitución es derogarlo íntegramente, pues los partidos políticos deben ser de carácter estrictamente privado (no paraestatales, como ahora) y en ningún caso deben monopolizar la participación política ciudadana; los partidos políticos pueden establecer sus programas políticos y otorgar públicamente su apoyo a determinados candidatos de su preferencia, pero la representación política ciudadana se debe instrumentar mediante diputados de distrito que se presentan libremente a unas elecciones en las que son elegidos por sistema mayoritario a doble vuelta. Esos candidatos dirán cuál es su programa electoral, tanto en asuntos de su distrito, como en asuntos de alcance nacional, y podrán adherirse en mayor o menor grado al programa político de algún partido, y tendrán absoluta libertad de voto, y responderán personalmente ante sus electores de su distrito del grado de cumplimiento de sus promesas electorales. Así es como se sanearía y se profundizaría nuestra democracia.

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