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¿Quién nos protege de la policía?

EDITORIAL.

Las Fiestas de la Vendimia siguen desarrollándose con el rumor ensordecedor de las bocinas y los petardos de quienes tienen su trabajo garantizado, con el silencio y la resignación de comerciantes, hosteleros y asociaciones, y en medio de la indignación ciudadana.

En estos días de la gran fiesta en torno al nacimiento anual del vino de Jerez, muchos paseantes, jerezanos y turistas, recorren el centro con las manos apretándose los oídos, intentando paliar, sin éxito, el zumbido  de petardos, silbatos y bocinas. No se trata de ninguna charanga. No es un espectáculo de La Fura dels Baus o Comediants llamando a la juerga callejera. Es la calle tomada por quienes cobran para cuidar de que no se quiebre la convivencia ciudadana, por quienes tienen el deber de mediar para que el espacio público sea lugar de encuentro y no de conflicto.

Con el aval del subdelegado del Gobierno en funciones en Cádiz, el jerezano Javier De Torre, el Sindicato Independiente de la Policía (SIP) ha decidido reventar las Fiestas que dan la bienvenida al nuevo mosto, impidiendo el desarrollo normal de su programa de actividades. Lo que sabemos es que el gobierno municipal, acuciado por un Plan de Ajuste que le impone  el Ministerio de Hacienda, y obligado a reducir en un 5% el capítulo de personal, ha anunciado que, a partir del 1 de octubre, los funcionarios y personal laboral habrán de trabajar las 37 horas y media semanales que establece la ley. Una medida que debió aplicarse imperiosamente hace ahora cuatro años pero que el anterior ejecutivo del PP fue dilatando sin llegar a ponerla en marcha nunca, pese a la exigecia legal. La voluntad expresada por el gobierno de negociar ese nuevo cuadro horario se ha visto torpedeada por el boicot de SIP, CGT y CSIF hasta en casi una treintena de ocasiones, pues de su mayoría sindical depeden que se pueda constituir, o no, la mesa negociadora. Argumentan razones legales para no presentarse. No están claras dichas razones, pero lo que desde luego es ilegal es que en el Consistorio se hayan venido trabajando unas 185.000 horas menos al año de las que exige la ley. 

No parece que la aplicación de la nueva jornada laboral haya enervado en exceso al conjunto de la plantilla, que se resigna a aceptar lo que la ley establece, pero sí a quienes son mayoría en el sector de funcionarios, que son los policías locales, representados mayoritariamente por el SIP, que, al parecer, ven lesionados sus “intereses particulares”. La aplicación de las 37,5 horas semanales supondrá eliminar muchas horas extra y compras de libranzas, lo que consecuentemente supondrá un ahorro de 1,5 millones al año en estos sobresueldos. Por si fuera poco, en 2014, María José García-Pelayo destinó unos 7 millones de euros de dinero público al pago productividades “para toda la plantilla”, según reconoció públicamente. Ahora, este complemento excepcional que premia el especial rendimiento de los trabajadores, pasará a un millón al año. Además, estará regulado por un reglamento de productividades por primera vez en el Consistorio. Una medida que tampoco han querido negociar los referidos sindicatos, con el SIP a la cabeza.

Las 37,5 horas semanales debieron ponerse en marcha hace ahora cuatro años; el PP nunca lo hizo

Hace muchos años que los ayuntamientos vienen debatiendo, en el seno de la Federación Española de Municipios  y Provincias (FEMP) y otros órganos, sobre el papel de las policías locales, la regulación de sus actuaciones y la unificación de sus emolumentos en función de la entidad de cada municipio. Hasta ahora ha sido un debate infructuoso, marcado por intereses partidista y obstaculizado por la capacidad de presión de los sindicatos profesionales, que en muchos ayuntamientos han puesto y quitado alcaldes y alcaldesas (¿recuerdan a las legiones romanas?).

Una de las quejas continuas de la Policía local en Jerez es la falta de recursos para realizar su labor, especialmente el estado de los vehículos. Seguramente no les falte razón en este aspecto. Pero en grandes ciudades europeas, como es el caso de la capital Bruselas, la policía patrulla por la Grande Place y por los aledaños del Parlamento Europeo en bicicleta y, en ocasiones, hasta en patines. Y eso que allí hace frio y llueve de lo lindo. El Ayuntamiento de Jerez aún no ha propuesto esa innovadora, ecológica y valiente medida que haría más humana y cercana la imagen de la policía, por no hablar de otras ventajas medioambientales y económicas. Pero no sería difícil imaginar las reacciones, pues si cuando se les exige trabajar lo que la ley establece son capaces de atronar a la ciudadanía con sus protestas, calculen lo que sería obligarles a montar en bici por la calle Larga o la Plaza del Arenal.

Cuando se mira el horizonte de Jerez, una losa de desesperanza cae sobre las penurias de tantos miles de parados y de jóvenes sin futuro. Entretanto, las Fiestas de la Vendimia siguen desarrollándose con el rumor ensordecedor de las bocinas y los petardos de quienes tienen su trabajo garantizado, con el silencio y la resignación de comerciantes, hosteleros y asociaciones vecinales, y en medio de la indignación de la ciudadanía, que no para de preguntarse “¿quién nos protege de la policía…?”.

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