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Quejas a Facua por el cobro de comisión por ingresos en ventanillas bancarias

La organización de consumidores considera improcedente estas comisiones ya que la aceptación de ingresos en efectivo para un abono en una cuenta de la propia entidad es una prestación del servicio de caja, que entra dentro de la comisión de mantenimiento.

La delegación de Facua Cádiz en Jerez ha anunciado un importante aumento de consultas atendidas en las últimas semanas en relación con la legalidad o no del cobro por parte de las entidades bancarias de comisiones por ingresar dinero en efectivo por ventanilla en la cuenta de otra persona si el usuario no es cliente de la entidad. En un comunicado, la organización de consumidores recuerda que las entidades no pueden, en principio, cobrar por este servicio, “dado que la aceptación de ingresos en efectivo para un abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de la cuenta, y por tanto, no puede ser remunerada de forma independiente”. Según esta organización, el servicio de caja, en estos supuestos, se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, “por lo que el adeudo de cualquier otra cantidad se considera improcedente”.

Sin embargo, Facua también señala que en el caso de que solicitemos un servicio adicional al del simple ingreso de efectivo en la cuenta de un tercero, como, por ejemplo, identificar el concepto de pago o el nombre del ordenante, según el Banco de España, “las entidades sí pueden exigir el pago de una comisión, siempre que se verifiquen los requisitos para ello (inclusión en las tarifas y la comunicación previa al usuario)”. En este sentido, la asociación discrepa de la postura del Banco de España, considerando esta comisión de “dudosa legalidad”, ya que, de esta forma, “las entidades bancarias están cobrando dos veces por el mismo servicio: una al usuario que recibe el ingreso, que ya paga por ello una comisión de mantenimiento anual, y otra al que lo realiza”.

Facua afirma que, en el caso de pago de recibos correspondientes a servicios contratados con empresas, “éstos deben facilitarnos una forma de pago que no suponga ningún tipo de coste añadido al del importe de la factura a abonar”. Lo mismo ocurre con los pagos a entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, comunidades de propietarios, etcétera), a las que Facua recomienda que, a la hora de contratar los servicios de una entidad bancaria, negocien con éstas la posibilidad de recibir dichos pagos sin que las personas que los realicen tengan que pagar ninguna comisión.

Asimismo, la organización de consumidores informa a los usuarios jerezanos que, en caso de dudas o si tienen la necesidad de presentar una reclamación por este asunto,  pueden contactar personalmente con esta organización los martes y jueves de cada semana en la sede de Solidaridad (Diego Fernández Herrera, 9), en el horario comprendido entre las 10,00 y las 14,00 horas, y, el resto de la semana, a través de su teléfono de atención al consumidor 956259259 o mediante la dirección de correo electrónico jerez@facua.org.

Pelayo firma un convenio con la controvertida Ausbanc

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado en días pasados un acuerdo de colaboración con el presidente de la asociación de usuarios de servicios bancarios Ausbanc, Luis Pineda Salido, que tiene como principal objetivo incrementar y fomentar la colaboración en materia de información y protección de los consumidores y usuarios. El convenio, que tiene una vigencia de un año y se puede prorrogar anualmente, “servirá para facilitar la cooperación en materias relativas a la protección de usuarios de productos, bienes o servicios dentro del ámbito de servicios bancarios”, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. Ambas partes realizarán acciones de difusión y sensibilización respecto a servicios, programas y actividades relacionadas con el convenio así como proponer actividades conjuntas para aunar esfuerzos en el cumplimiento de estos objetivos.

La regidora del PP ha destacado igualmente la trayectoria de la asociación durante sus tres décadas de existencia, prestando un importante servicio tanto a los ciudadanos, como empresarios, profesionales y autónomos. Asegura la nota municipal que Ausbanc es “una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la defensa de los derechos e intereses legítimos de los usuarios de servicios prestados por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, empresas de servicios de inversión, instituciones de versión colectiva y entidades que realicen actividades relacionadas con los mercados de valores, entidades aseguradoras o cualquier otro tipo de intermediarios financieros así como la defensa de derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios de todo tipo de productos, bienes o servicios”.

Según publicó eldiario.es hace unos meses, “el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero excluyó de oficio el 6 de octubre de 2005 a Ausbanc del Libro de Registro de Asociaciones de Consumidores por la realización de publicidad comercial o no meramente informativa en su revista mensual Justicia y Derecho y en su página web. Pero cuando el PP recuperó el poder en noviembre de 2011, mejoraron sustancialmente las expectativas para Ausbanc. En julio de este año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy desautorizó la decisión que tomó en 2005 el Instituto Nacional del Consumo al devolver a la asociación de Pineda al Registro de Asociaciones de Consumidores sin que mediaran explicaciones razonadas”.

Luis Pineda, sin embargo, a preguntas de este diario digital, mantenía que tras litigar en los tribunales “no sólo ha logrado recuperar su inscripción en el registro, sino que ha podido acreditar todos los requisitos para incorporarse al Consejo de Consumidores y Usuarios que, según el presidente de Ausbanc, es un órgano jerárquicamente superior al Instituto Nacional del Consumo”. A finales del pasado noviembre, el presidente de Ausbanc era condenado por difamar en Twitter al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por intromisión ilegítima en el derecho al honor, fruto de una demanda interpuesta hace algo más de un año, si bien Pineda anunció que recurrirá. La sentencia obliga a Pineda a indemnizar a Sánchez con 4.000 euros y a borrar los 57 tuits objeto de la demanda. Por primera vez en España, además, el juez ordena que el condenado publique todos los días durante un mes la sentencia en su propia cuenta en Twitter.

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