Política

“Podemos e IU tendrán que explicar a las andaluzas por qué han votado en contra de la ley de igualdad”

La nueva ley de igualdad ha generado división entre las fuerzas progresistas por el debate sobre la prostitución y ha provocado que Podemos e IU voten en contra de una norma que el PSOE ha aprobado con PP y Ciudadanos

Soledad Pérez (Melilla, 1964) es diputada por Córdoba y portavoz del PSOE-A en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, donde se ha tramitado una nueva ley de igualdad que ha finalizado su trámite parlamentario en el pleno de esta última semana y que, Susana Díaz mediante, podría acabar siendo la sesión plenaria que finiquite la legislatura. La ley de igualdad ha salido aprobada, sorpresivamente, con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de Podemos e IU. Las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de abolición o regulación de la prostitución, pero una divergencia terminológica ha provocado una polémica que, por otra parte, está en la calle: ¿Es la prostitución explotación sexual o son dos realidades diferentes?

Podemos argumenta que el régimen de sanciones que contempla la ley, que oscilan entre 600 euros por una falta leve y 60.000 por sanciones graves, es una especie de ley mordaza que se podrá aplicar arbitrariamente a quienes organicen un debate sobre prostitución. El PSOE-A, por su parte, especifica que sólo se multarán aquellos anuncios que promocionen la prostitución y nunca una charla sobre prostitución. Y por último, Izquierda Unida, fuerza política declarada abolicionista, votó en contra de la ley de igualdad acompañando a sus socios de coalición electoral en Adelante Andalucía.

¿Era necesaria una nueva ley de igualdad?

En 2007, cuando se aprueba la primera ley de igualdad se pensó que solamente con la coeducación, con las campañas de información y las buenas prácticas de personas, empresas y entidades, la evolución de la igualdad sería siempre hacia adelante. La crisis, la gestión de la crisis y el gobierno del PP nos han demostrado que los pasos atrás en igualdad eran posibles. Es verdad que en Andalucía esos pasos atrás no se dieron, pero vimos cómo desaparecía un Ministerio de Igualdad, todos los consejos de participación de la mujer de España, los organismos de igualdad, los institutos de la mujer en muchas comunidades autónomas, la financiación, las políticas contra la violencia de género. Todos los colectivos de mujeres nos decían que hacía falta dar un paso más y eso es lo que hemos hecho.

¿Qué novedades aporta esta nueva ley de igualdad con respeto a la de 2007?

La novedad más importante es que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se convierte en vigilante de la igualdad, que permitirá que sea un órgano instructor, inspector y cooperador, además de la administración laboral, para poder llevar la igualdad a la realidad de la calle. El IAM tendrá también capacidad sancionadora.

Es decir, el IAM tendrá inspectoras de igualdad, ¿no?

Se tendrá que crear un cuerpo de letrados y letradas especialistas en género que serán las que instruyan los procedimientos administrativos, las que sancionen y también asesorarán a empresas y entidades que quieran trabajar a favor de la igualdad. Por lo tanto, no solamente se ampliará la relación de puestos de trabajo del IAM sino que se le va a dar una orientación diferente.

¿Con capacidad sancionadora?

Sí, pero también algo que ha pasado desapercibido y que me parece importantísimo. El IAM se convierte en el órgano que, de cara a los juzgados de lo social, de la administración laboral, dictaminará y ayudará a los jueces a explicar cuáles son las discriminaciones de género. Va a ser quien dictamine y ayude a la inspección de trabajo y a los juzgados. Andalucía no tiene competencias en inspección de trabajo, así que se asesorará a inspectores y jueces.

¿Cuál es el eje central de esta nueva ley?

Sigue siendo una ley muy pedagógica. Es una ley que hace un guiño a que los hombres se comprometan con la igualdad de género. Los permisos iguales e intransferibles de hasta 20 semanas para los empleados públicos de Andalucía me parecen novedosísimos en España. No hay ninguna comunidad autónoma y el Estado está en cinco semanas. Eso nos parece una manera de ofrecer un nuevo modelo de paternidad y maternidad. Es importantísimo también el grupo de personas expertas que se va a crear para revisar los libros de textos y vean cómo se forman nuestros niños y niñas. Vamos a hacer un plan contra la brecha salarial, vamos a incorporar a los ayuntamientos. Todos los municipios tendrán que tener un plan de igualdad con esta ley.

¿Por qué no ha sido posible llegar a un acuerdo con Podemos e Izquierda Unida?

Hasta el 11 de septiembre teníamos un acuerdo, que era el texto que aprobamos en la ponencia de la ley en comisión parlamentaria. El primer debate lo tuvimos en marzo. Tuvimos una ponencia el 3 de septiembre y prácticamente estaba todo consensuado al cien por cien. Y sorpresivamente, el 11 de septiembre, a la hora de votar en la comisión, algo pasó, no sabemos qué, pero Podemos votó en contra.

¿Puede ser que el motivo de la diferencia sea el régimen sancionador que considera falta grave organizar actos culturales que justifiquen o inciten a la prostitución y Podemos pedía que pusiera específicamente explotación sexual?

Podemos nunca presenta una enmienda para cambiar esa palabra, que estuvo desde el primer día hasta el 11 de septiembre que plantean una enmienda de voz en la comisión donde pretenden cambiar el texto y la palabra prostitución por explotación sexual. Ese día prácticamente no hubo debate. Yo intento explicarles en unos minutos que no era lo mismo explotación sexual que prostitución, porque decir sólo explotación sexual dejaría a muchos casos sin poder sancionar. Si mañana en un ayuntamiento aparece un cartel en una valla publicitaria anunciando un prostíbulo, eso es sancionable y ese cartel no tiene por qué ponerse; pero cómo lo demuestras si ponemos el término explotación sexual, es mucho más difícil de demostrar. E incluso en los libros de texto si se justifica la prostitución como normal, entre comillas lo de normal, no lo podríamos sancionar. Por lo tanto, desde el PSOE entendimos que la palabra que había estado siempre era prostitución, mucho más fácil de comprender y para el régimen sancionador.

¿Significa este régimen sancionador que si mañana una persona organiza una charla en una universidad pública, por ejemplo, a favor de la regulación de la prostitución podría ser multada?

No, porque lo único que es sancionable son aquellos actos que inciten a la prostitución. Incitar a la prostitución no es hablar de prostitución.

¿Se podría publicar algún reportaje con un enfoque favorable a la prostitución en la prensa andaluza?

Si hay libertad de opinión, claro que sí; ahora, lo que no puedes hacer es, en un libro de texto o en una publicidad, apología de la prostitución como algo normal. Los anuncios de prostitución en prensa, por ejemplo, serían sancionables.

El PSOE considera que la prostitución es en sí misma explotación sexual y Podemos piensa que la prostitución es una cosa y otra bien distinta la explotación sexual.

El debate este es muy importante pero, desde luego, no puede ser tan importante ni tan sustantivo como para votar no a una ley de igualdad. Yo creo que Podemos ha buscado esta justificación para justificar el no, no ha encontrado otra. Dicen no a un régimen sancionador, a un permiso de paternidad, a una revalorización de las pensiones, no a una a serie de medidas en materia de empleo, de corresponsabilidad. El no de Podemos no se puede esconder detrás de esta palabra.

Sin el apoyo de Podemos e IU, dos formaciones claramente feministas, la ley de igualdad sale un poco coja al haberse aprobado con el apoyo de PP y Ciudadanos.

La ley es fantástica, es la que necesitan las andaluzas y quienes se quedan cojos diciendo no a esta ley es Podemos e IU, que tendrán que explicarlo. El marchamo de las buenas leyes no lo dan Podemos ni Izquierda Unida. Es más, hay que tener muy poco compromiso con la igualdad y con las mujeres para votar no a una ley de igualdad. Hubiera entendido una abstención, pero votar no a la igualdad por una palabra, por un debate ideológico tan poco transcendente. Sinceramente, creo que es una excusa porque no pueden dar las verdaderas razones de su voto negativo a esta ley.

Soledad Pérez es abogada de profesión. FOTO: R.S.

¿Cuáles cree usted que son las razones del voto en contra de Podemos e IU?

Yo no podría decir las razones, lo tendrán que explicar ellas, pero creo que son dos: los nervios electorales y su falta de compromiso con la igualdad. Nadie que tenga compromiso con la igualdad es capaz de votar no a una ley como esta.

¿Si Podemos e IU hubieran solicitado el cambio del término prostitución por el de explotación sexual lo hubieran aceptado desde la bancada socialista?

Yo incluso les ofrecí la prostitución como forma de explotación sexual, que considero que era un buen texto y entraban los dos conceptos. Y tampoco quisieron.

¿Va a formar la igualdad de género parte de la contienda electoral?

Yo esperaba que no, pero, viendo lo visto, creo que sí. Desgraciadamente, creo que sí porque yo no entiendo el no a la ley de igualdad, si no es porque va a formar parte de la contienda electoral.

¿El PSOE está claramente posicionado a favor de la abolición de la prostitución?

No es el PSOE, es el movimiento feminista quien está posicionado a favor de la abolición de la prostitución. Las socialistas no hemos cambiado de posición y pensábamos que en eso estábamos de acuerdo.

Dentro de la interseccionalidad de la que habla la ley, ¿se abordará la situación de precariedad en la que se encuentran muchas mujeres de trabajos de cuidados que prestan empresas privadas a través de la Junta de Andalucía?

Ese es uno de los retos. La ley lo menciona, pone el foco en que le vamos a hacer un seguimiento importante a este tipo de contratación y empresas. La ley no permite contratar a aquellas empresas o entidades que hayan sido condenadas en los juzgados de lo social por situaciones de precariedad laboral o sexismo.

Imagino que tiene conocimiento de que la Junta hace una transferencia a los ayuntamientos del dinero destinado a la ayuda a domicilio y que hay miles de trabajadoras que prestan la ayuda a la dependencia y cobran 200, 300 y 400 euros al mes, mujeres solas con hijos, procedentes de situación de violencia de género y de gran vulnerabilidad. ¿Cómo se tiene pensado afrontar esta situación de absoluta precariedad que sufren muchas mujeres en Andalucía y que trabajan para un servicio que financia la Junta?

Se ha creado una figura importantísima, que venía en la Ley de Servicios Sociales, que es el concierto social, que es que todo lo que tenga que ver con los cuidados, la dependencia, la infancia, no nos vayamos a la ley de contratos, donde lo importante es el precio, sino a condiciones laborales dignas para poder adjudicar un contrato. Con el concierto social no se bajará el precio, sino que se irá a una licitación de mejora en las condiciones laborales. La Junta hará eso ahora que va a sacar todas las plazas de residencia y unidades de día. Ese decreto permite que también lo hagan los ayuntamientos.

 

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