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Okupas en San Isidro: jóvenes, con hijos, sin trabajo y sin casa

Siete familias residen en viviendas propiedad del Banco Sabadell desde hace un año y piden quedarse con un alquiler social. La entidad los ha denunciado, aunque aún no tienen fecha para ir a juicio.

Siete familias residen en viviendas propiedad del Banco Sabadell desde hace un año y piden quedarse con un alquiler social.

Cuando llegaron, cuentan, se encontraron las viviendas con múltiples desperfectos, los propios de estar siete años sin ser habitadas, por lo que las fueron arreglando poco a poco. Era marzo de 2016 y, entonces, hasta once jóvenes familias llegaron a una promoción de San Isidro del Guadalete que estaba vacía y sin perspectivas de encontrar inquilinos. Por eso dicen que se decidieron a okuparlas. Pero ahora llevan semanas sin dormir, concretamente desde que el propietario de las viviendas, Solvia —filial del Banco Sabadell— les pidió, vía telefónica, que abandonaran las casas. No lo han hecho y a algunos de ellos ya les ha llegado la denuncia interpuesta por la entidad bancaria. Las presiones, relatan, han hecho efecto parcialmente y cuatro familias decidieron hacer las maletas. El resto, ante la imposibilidad de encontrar acomodo en otro lugar, sigue a la espera de encontrar una solución. ¿La ideal? Que el banco acepte que habiten las viviendas en régimen de alquiler social, algo a lo que, de momento, se niega. De hecho hasta ha tapiado las casas y ha instalado puertas antiokupas para evitar que haya nuevas intrusiones.

Luis es uno de los que llegó hace ahora un año gracias a un WhatsApp que le mandaron informándole de que había viviendas vacías en San Isidro. Estaba, con su mujer y sus tres niños —de cinco, siete y nueve años— residiendo de alquiler en La Barca, pero dejó de pagarlo. No tenía apenas trabajo y tenía que elegir: “O pagas gastos o le das de comer a tus hijos”. Seis meses de retrasos acumuló hasta que su casero le enseñó la puerta de salida. “Es la primera vez que hago esto y tenía mucho miedo”, relata, y dice que ahora, en su actual situación, no tiene la oportunidad de buscar alojamiento. “Con los niños en la calle no me puedo quedar”, reseña Luis, que laboralmente se define como un “activo inactivo”. Lo último que hizo fue trabajar en la campaña del tomate, donde estuvo seis meses, “pero asegurado diez días al mes”, se queja.

La entidad propietaria de las viviendas les avisó, vía telefónica, de que debían abandonar las viviendas el pasado 13 de febrero voluntariamente si no querían enfrentarse a un juicio por usurpación. “Qué largo se nos hizo el día…”, dice Javier, otro de los okupantes, que vive con su novia Estefanía y sus hijos de dos y tres años. Y un tercero que viene en camino. Él de La Ina, ella de San Isidro, estaban residiendo en casa de la madre de Javier hasta que decidieron emprender un camino en solitario. “Me vine sin nada”, relata el joven, que aprovecha cualquier campaña agrícola para llevar unos pocos euros a su casa. Lo mismo le da que sea la de la aceituna, la del maíz o la del boniato. “No tenemos nómina fija pero vamos racheando —de racha—”, dice Javier.

María fue de las primeras en llegar a la promoción. “Pasaba por aquí, vi casas vacías y pregunté para alquilar, entonces supe que era de un banco”, explica. “Si sé que tiene dueño no me meto”, añade ella, que es de las pocas a las que les ha llegado denuncia y está esperando que le asignen procurador. María vive con su novio y Ainara, su hija de dos años, que corretea por el salón mientras su madre explica su historia. Ella es de Chiclana, él de San Isidro y es de los más afortunados del residencial: lleva trabajando tres meses. Eso sí, apenas cobra 500 euros por trabajar ocho horas diarias como mecánico de camiones.

Elizabeth y Fernando están esperando su tercera criatura, una niña que se llamará Adara y que vendrá al mundo mientras sus padres pelean por quedarse en una vivienda pagando un alquiler social, que es lo que reclaman todos los afectados. “Me echaron y me quedé sin nada”, dice Fernando, que trabajaba de camarero por 100 euros a la semana. “Mi jefe dejó de pagarme y tuve que irme”, relata. La pareja vivía en la jerezana barriada de La Granja, pero empezaron a fallar en los pagos del alquiler. “Cuando no hay para comer, ¿qué vas a hacer?”, se pregunta el joven, que cuenta que “tenía estabilidad y en un año ha venido todo cuesta abajo”. Elizabeth estuvo tres años trabajando en la cocina de un bar hasta que tuvo que dejarlo. Ahora percibe 111 euros de ayuda que, con los 426 euros del subsidio que cobra su pareja, son los únicos ingresos que entran en su casa.

Mónica y Adrián estaban en El Torno, de alquiler en una vivienda que les reclamó la propietaria. “Nos echaba y nos enteramos de esto”, cuenta ella, que dice que “no tenía miedo” a entrar en las viviendas, habida cuenta de su trayectoria anterior. Los hijos, de cinco y siete años, los dejaban a buen recaudo con los abuelos, mientras que ellos estuvieron cuatro meses durmiendo en un trastero, en una parcela de Rajamancera, que usaban para guardar pollos y que hizo las veces de habitación durante ese periodo. “Cuando hacía viento se movía todo, ahora me río, pero antes no… Había ratas que parecían tigres”, relata Mónica. Su cuñada, Carolina, es otra de las okupas. Ella trabaja un par de horas a la semana limpiando casas, por 200 euros, y su marido sigue de baja por la rotura de un hueso de la mano. De estar de alquiler en El Torno pagando 300 euros mensuales pasaron a San Isidro, donde siguen a la espera de noticias positivas para pode regularizar su situación. “La denuncia la tiene paralizada mi abogado”, relata ella.

Verónica tiene un hijo de diez años y, tras divorciarse hace siete, estuvo residiendo en San Isidro pagando 280 euros de alquiler, hasta que perdió su trabajo como limpiadora. “Ahora lo que tengo son 200 euros de manutención”, señala, y su pareja actual trabaja de forma esporádica en campañas agrícolas. Sus historias, las de estas siete familias son distintas pero han ido en paralelo. Desde hace unas semanas reciben la ayuda de Ganemos Jerez, que llevará el asunto al pleno municipal de febrero, donde pedirá —y también en Diputación—que el Ayuntamiento y la institución provincial medien con las entidades financieras para facilitarles un alquiler social. “Es difícil de justificar que los poderes públicos hayan desatendido la promoción de viviendas en el Jerez rural y en esta ELA en particular”, apunta la agrupación. El banco, de momento, prefiere no pronunciarse sobre el tema.

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