Opinión

No es lugar para mujeres valientes

En América se concentran el 75% de las muertes de personas defensoras durante 2016.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. La lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) había luchado incesablemente por los derechos de la comunidad lenca. Cerca de la una de la madrugada, unos desconocidos irrumpieron en su domicilio de La Esperanza y la asesinaron mientras dormía. En otra habitación de la residencia, el defensor mexicano Gustavo Castro era encañonado por varios perpetradores mientras se producía uno de los homicidios con mayor repercusión internacional, dada la importancia de Cáceres para distintas luchas en el país centroamericano de más de ocho millones de habitantes.

De los 3.500 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados desde la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre estas personas en 1998, el 75% ha ocurrido en América. De estas personas, el 49% defendían derechos medioambientales y de protección de sus tierras, según denuncia la organización no gubernamental Amnistía Internacional en su informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: la reducción del espacio para la sociedad civil. Si bien el asesinato es el crimen más atroz para silenciar estas luchas, las personas defensoras de derechos humanos sufren todo tipo de agresiones por su labor en defensa de las libertades públicas y los derechos de distintas comunidades.

La criminalización de la defensa de los derechos humanos ha sido una constante en distintos países de América Latina. En el norte de Perú, la lucha por la defensa de la propiedad y posesión de las tierras de Cajamarca ha llevado a la campesina Máxima Acuña Atalaya y otros defensores a padecer un litigio judicial contra la compañía Yanacocha. Esta empresa minera capitanea un macroproyecto de explotación de oro denominado Conga —con una inversión prevista de 4.800 millones de dólares—, mediante el abandono de sus territorios a esta comunidad indígena, usando una legislación penal y civil peruana que perjudica los derechos de las personas que viven tradicionalmente en estas tierras. 

Acuña y su familia, acusados de usurpación, tuvieron que soportar casi seis años de procesos judiciales que finalizaron en mayo de 2017, cuando la Corte Suprema de Perú dictó una sentencia firme en la que resolvía que no existían fundamentos jurídicos para dicho delito.

El doble efecto de la criminalización

Estos procesos criminales producen un doble efecto. En primer lugar, la judicialización de las personas defensoras afecta directamente a su vida diaria dada la dureza del proceso jurídico que se les achaca derivado de sus actividades en defensa de las libertades y derechos de distintas comunidades. Según la abogada de Acuña, Mirtha Vásquez, las vulneraciones de derechos humanos sufridas habían afectado a la campesina “en quien se han profundizado las secuelas ocasionando el deterioro de su salud física, psicológica y emocional, lo que no debe quedar impune”.En segundo lugar, la criminalización suele ir acompañada de un proceso de estigmatización, tanto de la persona como de su lucha por los derechos humanos. Dicha presión social es agravada normalmente por rumores, comentarios o comportamientos que circulan por las zonas de residencia o trabajo de estas personas y que les genera aún más vulnerabilidad. Tanto Máxima Acuña y su familia en Perú, como los miembros del movimiento lenca en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, han denunciado una campaña sostenida de violencia y hostigamiento, acompañada de un fuerte proceso de estigmatización. 

Defendiendo a las defensoras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó medidas cautelares para proteger a Máxima Acuña y otros 45 defensores y defensoras de las comunidades campesinas de Cajamarca el 5 de mayo de 2014. Desde 2009, la reconocida defensora de derechos humanos y coordinadora general del COPINH, Berta Cáceres, era también beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Estas medidas de la CIDH obligaban a Perú y Honduras a adoptar medidas necesarias para la salvaguarda de las personas defensoras.

Los casos de Berta Cáceres en Honduras y Máxima Acuña en Perú demuestran la importancia de la lucha por los derechos humanos en las poblaciones indígenas latinoamericanas, así como la necesidad de que los crímenes contra las personas defensoras no permanezcan impunes, promoviendo avances en la aplicación efectiva de las medidas que promuevan su protección. 

Exigimos que la comunidad internacional despierte del letargo de la parsimonia y la condescendencia exigiendo la investigación efectiva para llevar ante la justicia a las personas que ordenaron estos atentados contra los defensores y las defensoras de derechos humanos. Máxima Acuña y Berta Cáceres, ambas ganadoras del máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente, el Premio Goldman, excedieron con su trabajo la lucha de estos derechos y se convirtieron en auténticas valientes que lucharon contra grandes compañías, cohesionando a la población civil en torno a la defensa de los derechos humanos en sus respectivos países.

Ruth de Frutos, activista del equipo de Medios de Comunicación en Amnistía Internacional.

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