"Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal"

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"Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal"

El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, declara en el caso de los ERE y asegura que conocía que se concedían ayudas sociolaborales pero no "cómo" se daban. 

16-04-2018 / 18:24 h.

Manuel Chaves, el que fuera presidente de la Junta entre los años 90 y 2009, asegura que durante su etapa al frente del Gobierno andaluz conocía que la Junta concedía ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por las crisis pero "no cómo" se daban o su gestión, al tiempo que subraya que cualquier ayuda que se otorgaba "estaba en la ley y eran legales". "Difícilmente puedo pensar que en la Consejería de Empleo o de Educación se pudiera establecer un procedimiento —de concesión de ayudas— conscientemente ilegal o para vulnerar la ley", apunta.

Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, apunta que ha conocido en la causa las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias a trabajadores, firmadas por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán. El expresidente de la Junta, doctor en Derecho, ratifica su declaración en 2015 ante el Tribunal Supremo y explica que, ante las importantes crisis de empresas con repercusión política y social como Delphi o Santana, de las que se hablaba en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores.

"Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión", expresa Chaves. El expresidente andaluz señala que conoció las transferencias de financiación, instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.

Chaves, al igual que el expresidente José Antonio Griñán en su declaración, admite que no conocía el programa 31L, con el que pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, sólo que pertenecía a la Consejería de Empleo. Del mismo modo, tampoco conoció ni fue informado el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la primera, vía transferencia de financiación, allegaba fondos al ente instrumental con cargo a la 31L para el pago de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo. Chaves declara que en el Consejo de Gobierno "no se discutieron nunca" las modificaciones presupuestarias, que sí pasaban a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, recordando a este respecto que desde la Cámara de Cuentas, en la cuenta general de la Junta, "no hubo nunca un reproche" a su uso. Para que llegaran al Consejo de Gobierno tenían que contar con todos los informes preceptivos.

Preguntado por las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente, el expresidente explica que la fiscalización "no es de primera división" y el control "de segunda", sino que "una es tan importante como la otra". Sobre los acuerdos del consejo de Gobierno del control financiero permanente, Chaves asegura que aprobaban la propuesta de la Intervención general de la Junta, no recordando que se planteara nunca una modificación al respecto, señalando que nunca se leyó las memorias que se adjuntaban a la misma y en las que basaba la propuesta tras el análisis del ejercicio anterior.

"Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley", señala Chaves, quien manifiesta insistentemente que nunca ha despachado con ningún director general o delegado provincial, "sólo con consejeros", por lo que asegura que desconoce que desde la Consejería de Empleo se contratara los servicios de despachos de abogados externos para diferentes cuestiones relacionadas con las ayudas. "De haberlo conocido, me hubiera opuesto", afirma. Tras más de dos horas y media de interrogatorio por parte del fiscal, Chaves responde a las preguntas de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, y del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien, al igual que a Griñán, le ha preguntado, sobre las respuestas dadas en instrucción y en el juicio por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por el conocimiento del Consejo de Gobierno y del presidente de la Junta del programa 31L a través de las modificaciones presupuestarias.