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Más allá del fallo de ‘La Manada’. Lo que subyace al pronunciamiento dispositivo del Tribunal Supremo

La Manada ha sido condenada a 15 años de cárcel por la agresión sexual de julio de 2016, ha ratificado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien en la mañana del pasado viernes ha celebrado la vista de los recursos de casación que se han planteado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Ya hacen casi tres años del momento de los hechos, y también son tres las sentencias que han recaído en el procedimiento que enjuicia los hechos de La Manada. La primera de ellas (Audiencia Provincial), condenatoria por abuso sexual, veía un ataque a la libertad sexual en el que no apreciaba violencia ni intimidación. La segunda (Tribunal Superior de Justicia de Navarra), confirmaba la condena por abuso sexual, pero incluía un voto particular de dos magistrados que sí apreciaban un delito de agresión sexual con acceso carnal (ello es, violación).

Tal sentencia había sido recurrida por todas las partes: la defensa buscaba la absolución, y las acusaciones, que se condenara en base al artículo 180 del Código Penal.

La sentencia será publicada en las próximas semanas, pero el fallo permite extraer diversas conclusiones. La primera es que en todo momento se ha creído a la víctima. Todas las sentencias condenaban a la Manada. El único pronunciamiento no condenatorio lo ejercía el voto particular de uno de los tres magistrados en la Audiencia Provincial de Navarra.

La segunda es que es necesario reformar los tipos penales pero no para agravarlos, atenuarlos. Parece que a los mismos subyace otro problema: las denominaciones. El “no es abuso, es violación” repetido tiene su sentido: el Código Penal expone que el reo de violación solo es el del artículo 179, agresión.

La tercera y última es que el sistema de recursos funciona. El relato fáctico encaja con el concepto de intimidación, algo que, a la lectura de los antecedentes de hecho de las sentencias, siempre he sostenido.

Pronto tendremos acceso a la sentencia, que de seguro conlleva una gran labor jurídica y de exhaustivo estudio de todas las figuras implicadas, para poder llegar a la condena de 15 años de cárcel (bastante alta, dicho sea de paso, en comparación al resto de penas del Código).

A estos quince años, habrá de descontársele la prisión provisional, pero este no será presumiblemente el único descuento. También podrán descontárseles 1 día de prisión por cada 10 comparecencias (las firmas que tenían que hacer lunes, miércoles y viernes) y 1 día de prisión por cada mes sin pasaporte. Y todavía sigue pendiente una posible condena, en esta misma causa, por el delito contra la intimidad (el vídeo), más la condena por robo con intimidación a una de ellos (por el móvil).

Es un hecho que este procedimiento ha supuesto un antes y un después en el estudio de los delitos contra la libertad sexual y ha causado una sensación de apatía por la justicia que no se corresponde con la realidad. Hay tres fallos de tres tribunales diferentes que aprecian delitos contra la libertad sexual, ¿cuál es el problema?

Igual el problema es que no se estudia Derecho en ningún sitio que no sea la Facultad. El lego en Derecho ve en televisión cómo La Manada sigue libre y no entiende por qué, si están condenados, están en la calle, ya que la sentencia no es firme y ha sido recurrida por todas las partes las dos veces (apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia, y casación, ante el Tribunal Supremo).

Mario Neupavert Alzola (1995), es Grado en Derecho, Máster en Abogacía y Alumno de Máster en Sistema Penal y Criminalidad en la Universidad de Cádiz.Redacta el blog ‘enteladejuicio’, sobre temática jurídica.

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Un comentario

  1. El artículo, ciertamente simplón, defrauda a su titular tan ambicioso, pues el autor en modo alguno va “más allá” del fallo del Supremo sobre el caso de la manada. Sin perjuicio de lo que depare la lectura de la aún nonata fundamentación jurídica de dicho fallo del Supremo, me voy a arriesgar a adelantar unas reflexiones sobre el mismo en sus dos dimensiones: la jurídica y la político-mediática, que me dejan como saldo un regusto agridulce.
    En el plano jurídico, el fallo es decepcionante. Partiendo de la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra, que es la única que en virtud del principio de inmediación en la valoración de las pruebas puede establecer los hechos probados, lo primero que hay que señalar es que dicha sentencia de instancia fue unánime en su declaración de inocencia de los acusados respecto del delito de agresión sexual (ninguno de los magistrados apreció la existencia de violencia o intimidación), pero no lo fue respecto de la declaración de culpabilidad de los mismos por delito de abusos sexuales con prevalimiento, sino que se produjo el voto particular de uno de los magistrados de aquel tribunal, quien sostuvo la inocencia de los acusados también en ese otro delito; y en ese extenso (80 páginas frente a las 56 de la sentencia mayoritaria) y muy detallado voto particular, de gran calidad jurídica, considero que estriba, en gran medida, la explicación real del sentido del fallo del Supremo, como diré. Al margen de que ese voto particular consigue desvirtuar completamente el relato fáctico de la acusación y el de la sentencia (cuya principal y casi única prueba era la declaración de la supuesta víctima), aunque ello ahora en nada influye, pues, como dije, una vez sentado otro relato fáctico (a mi juicio completamente erróneo) por la mayoría del tribunal sentenciador, ya no cabía revisarlo en sede casacional, su verdadera trascendencia reside en su Fundamento de Derecho Cuarto (página 122), relativo al Principio Acusatorio, es decir, que nadie puede ser condenado por un delito distinto del que ha sido acusado, y hay que recordar que las acusaciones, en su convencimiento prepotente de que conseguirían la condena por agresión sexual, cometieron la temeridad de no pedir subsidiariamente la condena por abusos sexuales, por lo que la sentencia mayoritaria no podía condenar por un delito respecto del que los acusados no habían podido defenderse (conforme a abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), exponiendo el magistrado discrepante (con mucho rigor, a mi juicio) por qué no se podía aplicar en ese caso la excepción de homogeneidad descendente que sí aplico posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Así, tengo para mí que el Tribunal Supremo, consciente de que una confirmación de la condena por abusos sexuales conllevaría el riesgo muy probable de la estimación por el Tribunal Constitucional o, en su caso y con mayor probabilidad aún, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la vulneración del principio acusatorio y del derecho de defensa de los procesados, con declaración de nulidad de la sentencia condenatoria, ha optado por agravar la tipificación del delito al de agresión sexual para que sea coherente con la calificación de la acusación y, así, evitar que la defensa pueda recurrir a más altas instancias judiciales y la muy probable inconstitucionalidad y nulidad de las sentencias anteriores, en lugar de haber optado por el fallo a mi juicio correcto; esto es, declarar nula la sentencia de la Audiencia Provincial en lo referente a la condena por el delito de abusos sexuales y decretar la repetición del juicio en la Audiencia Provincial con un tribunal integrado por distintos magistrados que juzgara a los acusados por ese delito de abusos sexuales (del delito de agresión sexual ya habían sido declarados inocentes y no se les puede volver a juzgar por ese mismo delito), de forma que tuvieran, así, la oportunidad de defenderse. Lamentablemente, a mi juicio, el Tribunal Supremo ha sido afectado por la intensa campaña político-mediática (un verdadero linchamiento) contra los acusados (que ciertamente son unos indeseables, pero, a mi juicio, no unos delincuentes, aunque mi opinión es irrelevante), incluyendo intolerables intromisiones del Ministro de Justicia de entonces, y no se ha atrevido a declarar la nulidad del juicio. Se ha percibido un sospechoso nerviosismo del Tribunal Supremo al anunciar innecesariamente su fallo a escasas tres horas de haber terminado la vista oral, lo que denota que el fallo estaba ya decidido de antes, y sin esperar a tener escrita la fundamentación jurídica para publicar la sentencia completa, cosa del todo inusual y nada buena para la imagen del Alto Tribunal.
    Y, por el contrario, en la otra dimensión, en la político-mediática, es donde la sentencia produce un excelente efecto, pues, al margen de contentar a todas las organizaciones políticas y feministas que no buscaban que se impartiera justicia, sino, unas, aprovechar propagandísticamente el hecho de que en este caso están implicados un militar y un guardia civil para usarlo al servicio de sus fines políticos y, otras, apuntarse tímida y acomplejadamente a esa campaña mediática para no tener que enfrentarse a la ideología de género y a los secesionistas en un terreno que creen que no les favorece y en el que se han rendido, la sentencia establece un concepto de violencia (la “víctima” no sufrió ni un arañazo) tan amplio y tan aceptado socialmente a lo que se ve (es sintomático el tweet de Rufián) que ahora esa misma Sala de lo Penal tiene mucho más fácil un fallo condenatorio por delito de rebelión a los procesados por los sucesos del 1 de octubre de 2017, cosa que en coherencia cabe ahora esperar; y entonces a muchos se les helará la sonrisa que tienen hoy.

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