ProvinciaEdición Cádiz

Los vigilantes de seguridad ‘privatizados’ de Defensa pierden un 40% de su sueldo

La adjudicataria del servicio aplica un nuevo convenio, tumbado por la Audiencia Nacional, por el que han pasado de cobrar 1.110 a 700 euros. Los trabajadores, encargados de la seguridad de los Polvorines, Torregorda, Rancho de La Bola o San Cristóbal, no descartan la huelga.

La adjudicataria del servicio aplica un nuevo convenio, tumbado por la Audiencia Nacional, por el que han pasado de cobrar 1.110 a 700 euros. Los trabajadores, encargados de la seguridad de los Polvorines, Torregorda, Rancho de La Bola o San Cristóbal, no descartan la huelga.

La situación de los trabajadores del servicio de vigilancia privada en las dependencias del Ministerio de Defensa en Cádiz se ha vuelto insostenible y han comenzado una serie de movilizaciones para denunciar cómo el Gobierno ha contratado una “empresa pirata” que les ha recortado el sueldo en un 40%, según explican los trabajadores.

Una empresa, Marsegur, que desde abril es la nueva adjudicataria del servicio de vigilancia en todo el territorio nacional y que aplica a los trabajadores subrogados su propio convenio y no el del sector. El convenio está anulado por los tribunales de justicia pero la empresa sigue aplicándolo, provocando un recorte de cerca de 400 euros en las nóminas de los trabajadores. En concreto, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que declara el convenio contrario a derecho pues considera acreditada la existencia de mala fe y temeridad de la empresa, tal como ha denunciado CCOO que fue el sindicato que interpuso la demanda ante los tribunales. Pero a la empresa no parece importarle. El director general de la compañía, Antonio Redondo, ha declarado a lavozdelsur.es que efectivamente el convenio está anulado pero al haber presentado ellos un recurso de casación es legalmente aplicable. “Nosotros estamos convencidos que llevamos la razón y legalmente podemos hacerlo”.

Este conflicto nacional afecta en la provincia de Cádiz a 36 trabajadores que son los encargados de la vigilancia de Torregorda, poblado naval de Rota, San Cristóbal, Rancho de La Bola, Museo Naval y Polvorines de Fadricas, en San Fernando, entre otros. Con la protesta de este martes inician una serie de movilizaciones entre la que no descartan la huelga. “Estamos desesperados. Hablando con inspectores de trabajo y la ley parece que está hecha para sinvergüenzas”. Veinticuatro años lleva este trabajador en la empresa, que de golpe y porrazo se ha encontrado con cerca de un 40% menos de salario. “Estamos desesperados. En mi centro somos 18 y no hemos cobrado la nómina pasada. Nos debe mayo, y ahora pasaremos a cobrar entre los días 1 y 10; me faltan 142 euros con este convenio y tenemos una paga menos. Estamos asfixiados. He visto compañeros con 70 años llorando como niños pequeños. No tenemos por dónde tirar”.

El director de la compañía se escuda en que “nadie ha hablado con nosotros y si se lo permite la ley que hagan lo que consideren oportuno”. Entiende que “estas cosas se hablan en un proceso de negociación y si no se está conforme llevarlo a los juzgados que es donde se arreglan las cosas”.

Vinculaciones con la empresa morosa del presidente de la UD Las Palmas

Marsegur mantiene además una vinculación con la empresa Seguridad Integral Canaria, de Miguel Ángel Ramírez –presidente de la Unión Deportiva Las Palmas-, que ha sido incluida en la lista de morosas de la Agencia Tributaria. En declaraciones a lavozdelsur.es, Redondo ha negado que detrás de su compañía esté la de Miguel Ángel Ramírez, como denuncian los propios trabajadores. “Yo soy el propietario, mire usted el Registro Mercantil”.

Pero Marsegur y Seguridad Integral Canaria sí están vinculadas en la constitución de la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (Acosepri), cuyos promotores son los representantes de Marsegur, Seguridad Integral Canaria y dos empresas más. Integral Canaria era la empresa adjudicataria del servicio justo antes de Marsegur y se fue dejando a deber a los trabajadores la nómina de mayo y el finiquito, según denuncia CCOO. Para la central sindical, la situación que están viviendo los trabajadores “no es más que la precariedad que el Gobierno fomenta en las licitaciones de los concursos públicos, premiando al menor postor, que tiene como consecuencia el fusilamiento económico de los trabajadores y trabajadoras por parte del Ministerio de Defensa, contratando a esta clase de empresas, que para sumar beneficios llevan a sus trabajadores/as y sus familias a la indigencia y la pobreza”.

Los trabajadores que este martes se han concentrado en Cádiz han estado apoyados por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores y el grupo Acción Social Cádiz. Aún no han cobrado la nómina de este mes y “estamos asustados”, explica Alfonso de las Heras, portavoz del colectivo. Anuncian que mañana volverán a concentrarse en Torregorda.

Etiquetas

Más artículos en esta categoría:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *