Cádiz

Los chiringuitos firman la paz con el Ayuntamiento tras ser amenazados con multas de hasta 10.000 euros

Los empresarios cancelan el cierre de los establecimientos después de un acercamiento con el consistorio

Finalmente, los chiringuitos abrirán el próximo lunes. Es la conclusión de la reunión mantenida en la mañana de este viernes por parte de los dueños de los chiringuitos de las playas y el alcalde de Cádiz, José María González. En el encuentro han estado presentes David Navarro, la vicesecretaria general y técnicos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente, así como José Antonio Medina e Iván Periano, de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA). Según expone Iván Periano, vicepresidente de AECCA y gerente del chiringuito Pikachos, “se han desconvocado las acciones que teníamos previstas para el lunes”. 

El conflicto empezó hace unos días, tras la apertura por parte del consistorio gaditano de cuatro expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística por la situación de las terrazas. Tras la amenaza de los hosteleros de cerrar sus establecimientos el próximo lunes, además de anunciar que darían una rueda de prensa a las puertas del ayuntamiento para explicar a los medios la situación, desde el equipo de gobierno se propició el acercamiento. “Hemos tenido un primer encuentro muy cercano y, a expensas de nuevas reuniones para seguir aclarando la situación, como acto de buena fe hemos decidido desmontar el acto del lunes”, explica Periano.  

Desde AECCA se ha observado una “buena voluntad” tanto de los técnicos como los representantes del equipo de gobierno en aras de desbloquear la situación. Los empresarios han insistido en la necesidad de tener una seguridad jurídica y de criterios de interpretación técnica, ante una misma situación que se repite cada año como es la colocación de las terrazas en los chiringuitos. “Hemos concretado con los responsables municipales cuales son nuestros argumentos jurídicos y técnicos que formaran parte de nuestras alegaciones, apelando a la
buena voluntad y el objetivo común de legalidad y colaboración”, según manifiesta José́ Antonio
Medina, presidente de la asociación. A juicio de los empresarios se trata de una posición más sensible y dialogante por parte del consistorio, por lo que los concesionarios han tomado la decisión de “paralizar las protestas previstas, de momento, hasta comprobar la buena voluntad planteada dentro de los ámbitos de la legalidad”.

Aseguran que ha habido entendimiento por ambas partes en los criterios a discutir, por lo que seguirá habiendo reuniones futuras y continuarán con la presentación de alegaciones para los expedientes. Estas apelaciones interpuestas por el Ayuntamiento a aquellos establecimientos que no cumplen la norma podrían llegar a tener sanciones de hasta diez mil euros. El consistorio sostiene que la normativa regulada en el Plan General de Ordenación Urbana es de 150 metros cuadrados máximo, pero los empresarios rebaten y niegan la sanción alegando que años pasados han ocupados los mismos metros de playa que ahora y nunca había supuesto un problema.  

Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre de 2017 se hizo efectivo el cambio de titularidad de la transmisión de titularidad de las concesiones del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos, después de haberse recibido el informe jurídico favorable —como establece el Reglamento de Costas—. Por ello, la Junta de Andalucía considera que dichas instalaciones ya no se rigen por el pliego de condiciones del Ayuntamiento. No obstante, desde el consistorio no se mostraban dispuestos a pasar por alto las irregularidades. El concejal de Urbanismo, Martín Vila, se mostraba a comienzos de semana en desacuerdo con los procedimientos llevados a cabo por la administración autonómica, inquiriendo en que el PGOU y la Ley de Costas había que respetarlas. Después de la reunión mantenida hoy, ambas partes intentarán llegar a un acuerdo “desde la cordialidad”, según indican desde AECCA. Así, en los próximos días se continuará acercando posturas, esperando desde la asociación que las soluciones a los conflictos “lleguen lo antes posible por la estabilidad de los empleos, mejor servicio a los usuarios de las playas y seguridad jurídica para de los empresarios”.

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