Isabel se levanta cada mañana y se prepara para llevar a sus hijas, de diez, catorce y 16 años, al colegio y al instituto, respectivamente. Cada una estudia en un centro distinto. Virginia, la mediana, es la que lo hace más cerca de la vivienda familiar, aunque es la que tiene más dificultades para desplazarse. Ella, a los dos días de nacer, sufrió convulsiones. Aún hoy sigue sin tener un diagnóstico reconocido pero es tratada como si hubiera sufrido una parálisis cerebral. Ha estado en centros hospitalarios de Madrid, Pamplona, en Galicia… “En la prueba genética no le sale nada”, cuenta su madre que es quién, principalmente, cuida de ella. Virginia no puede andar, no habla, y no puede valerse por sí misma para realizar labores cotidianas como vestirse, ducharse o comer, es decir, es dependiente. Tiene concedido el Grado III, de gran dependencia, por lo que su familia cobra 435 euros mensuales, que les ayudan a costear sus medicamentos. Ella es una de las 24.574 personas asistidas en la provincia por la ley de dependencia, que en diciembre de 2016 cumplió diez años de existencia.
Virginia es una niña “muy feliz”, cuenta Isabel, su madre, que va a todos sitios con ella, aunque confiesa que la falta de adaptación de determinados monumentos o sitios turísticos le limita los viajes con su hija, que se desplaza en silla de ruedas. “Hay lugares con zonas estrechas o escalones donde no podemos llegar, aunque algunos centros comerciales o parques de atracciones ya están adaptados”, dice. Donde no falta es a la escuela. Desde que tenía tres meses acude a Upacesur, una organización que atiende a personas con disCapacidad —como a ellos les gusta escribir—, especialmente las afectadas por parálisis cerebral, como —supuestamente— es el caso de Virginia. Allí recibe sesiones de fisioterapia, acude al psicólogo, va a la piscina y monta a caballo.
La vida de toda la familia cambió cuando nació Virginia. Isabel, que trabajaba de auxiliar de enfermería o gobernanta —según el contrato— en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, tuvo que dejar su empleo para dedicarse a la pequeña. “Tenía que elegir y cambié todo por mi hija, esto es mucho más trabajo que el que tenía”, señala. “La gente me decía que contratara a alguien y no dejara el trabajo. Un verano hice una sustitución en el hospital y llegué a trabajar turnos de mañana sin haber dormido, no se puede”.
Isabel, su marido y sus tres hijas, cambiaron de residencia. Pasaron de un adosado a una unifamiliar, cerca de Upacesur, donde acude todos los días Virginia, para facilitar el traslado de la mediana de las tres hermanas. También adaptaron el baño y la piscina para poder darle sesiones de rehabilitación, además de comprar una grúa para poder acostarla. El siguiente paso será rebajar los dos escalones que hay en la entrada de la casa y que, ahora, Isabel sortea como puede cuando lleva a su hija en la silla de ruedas. Luego tiene intención de comprar un coche adaptado: ahora se las apaña montando a la niña a cuestas. “Tengo la cintura fatal”, explica Isabel, que empezó percibiendo algo más de 500 euros para poder atender las necesidades de su hija.
Luego llegaron los recortes —en 2012 se rebajó un 15% la prestación a 400.000 cuidadoras no profesionales— y se quedó en los 435 euros que recibe ahora, aunque la rebaja no queda ahí, ya que Isabel, como cuidadora principal, cotizaba a la Seguridad Social, algo que el Gobierno central cortó de raíz, dejando a 170.000 mujeres sin la posibilidad de trabajar —por cuidar de sus familiares— ni de contabilizar el periodo de atención a personas dependientes como tiempo cotizado. “Cuando tienes que lidiar con una situación así aprendes a valorar muchas cosas —dice Isabel— y a saber lo que es realmente un problema”. A su hija, dice, procura proporcionarle “toda la felicidad posible” y a eso contribuyen también sus dos hermanas. “Ellas han madurado antes de tiempo, estoy orgullosa de cómo actúan. La pequeña, de diez años, si viene a Upacesur y ve a alguien que necesita ayuda, no duda en acercarse”, relata.
Virginia es una de las 371.600 personas atendidas en Andalucía durante los diez primeros años de vigencia de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Más de 10.000 millones de euros en toda la comunidad y 1.340 millones en la provincia asegura la Junta que se han dedicado a atender a beneficiarios, que llegan a ser 371.600 a nivel andaluz y 50.000 a escala provincial. Andalucía es de las comunidades donde mejor se aplica la ley de todo el país —junto a Castilla y León y el País Vasco—, ya que la administración autonómica aporta el 78% de las cuantías asignadas —a pesar de existir el compromiso de financiación del 50% entre Gobierno central y comunidades autónomas—, pero el Estado ha recortado 508 millones de euros entre 2012 y 2016 para los dependientes andaluces —más otros diez millones de la teleasistencia avanzada que ha dejado de recibir la comunidad—.
El retraso en la llegada de las ayudas y los múltiples trámites burocráticos que hay que realizar desde que se solicita hasta que se percibe son las principales quejas de los beneficiarios de la ley de dependencia. De quienes llegan a serlo, claro, porque en los últimos cuatro años más de 125.000 personas han fallecido antes de recibir la prestación que se les había reconocido. Andrea —nombre ficticio— la pidió para sus padres poco después de entrar la ley en vigor. Su madre sufrió un infarto y dejó de valerse por sí misma, pero tras ser evaluada no se le concedió la ayuda. Le fue denegada. Fue dos días antes de fallecer, después de serle detectado un cáncer de colon que la dejó vivir apenas cuatro meses, cuando llamaron a su hija para concedérsela. “Me voy a morir y no me van a dar la paga”, decía. Así fue.
El padre de Andrea, que ahora tiene 87 años, lleva seis de ellos esperando que le realicen la tercera valoración —tras el informe médico y social—, la que debe determinar el grado de dependencia. “No puede con sus piernas, antes de operarse de cáncer de colon —igual que su mujer— hacía de todo, pero ahora no tiene ganas de nada, no puede”, cuenta su hija, que afirma tajante: “Si revisaran las ayudas que se conceden, a mucha gente se las quitaban”. Realmente no existe un sistema de control que garantice que las cuantías asignadas se destinan a los fines adecuados.
La aplicación de la ley de dependencia, diez años después de su puesta en funcionamiento, aún deja mucho que desear. Actualmente, casi 356.000 dependientes españoles están desatendidos, según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicados por CTXT —aunque el Imserso rebaja esa cifra a 232.460 personas—, una organización que calcula que el Gobierno central ha recortado 2.865 millones en ayudas a la dependencia desde 2012.
¿Qué pasará de ahora en adelante? De momento, para 2017, la Junta de Andalucía tiene previsto invertir 1.188 millones de euros para estas ayudas, con los que se atenderán 230.000 personas —la cifra supone una subida del 2,5% respecto a 2016—. La provincia de Cádiz tiene en estos momentos más de 4.500 beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio y casi 27.000 con teleasistencia. Más de 28,2 millones de euros abonó la Junta en 2016 para costear estas ayudas en la provincia durante 2016, siendo Jerez (5,1 millones), La Línea (2,2 millones), Cádiz (2,1) y Algeciras (1,4) las poblaciones con mayores cuantías. En los diez años de vigencia de la norma se han creado 6.100 empleos en la provincia.
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