Opinión

La Ley y el Imperio de la Ley

El Estado antes que la Ley es la violencia. Legal y legítima, pero violencia. La violencia es la fuerza de obligar para que se hagan o no se hagan determinadas cosas. Luis XIV decía que él era el Estado, un Estado donde él decía qué Ley era la Ley en cada momento, pero la violencia para que se cumpliera la Ley estaba siempre esperando sus órdenes. La potestad legislativa de Franco era su derecho a dictar la Ley, y la violencia estaba siempre esperando para hacer cumplir esa Ley. Y la violencia se ejercita siempre a través de la policía o de las Fuerzas Armadas.

El cumplimiento de la Ley se materializa a través de decisiones judiciales que se harán cumplir “por la fuerza si fuere necesario”. Esa fuerza la tiene la policía, y para usar de esa fuerza llamará el juez al Gobierno.

Tenemos la Ley española, legal y legítima, nacida de la soberanía popular española: el Estado español. Tenemos la Ley europea nacida de la soberanía popular europea: no hay un Estado europeo. Y no hay un Estado europeo, el Estado es violencia, porque la Unión Europea no tiene una policía a sus órdenes con la que pueda materializar la fuerza para hacer cumplir sus resoluciones. Las policías son las de cada país. El Gobierno que manda la policía en España no va a ordenar a la policía que no detenga a Junqueras porque actuaría contra las órdenes del Supremo. Las puertas de la prisión no se abrirán en contra de la decisión del Supremo. Quien se oponga a las decisiones del Supremo cometería un delito en España.

Si no se cumple la Ley europea en España por orden del Supremo, y la policía está a las órdenes del Gobierno español, la Ley europea terminará cumplirse, bastante previsiblemente, demasiado tarde.

Junqueras pudo salir de prisión para recoger su acta de Diputado. Junqueras goza de inmunidad parlamentaria. La Mesa del Congreso de los Diputados no puede retirarle la inmunidad parlamentaria y el Supremo tampoco. La decisión de la Mesa del Congreso se puede presumir como un acto de aparente legalidad, que un tribunal deberá examinar y determinar si es legal o no.

La Mesa del Parlamento Europeo, enfrentándose al Estado español o no,  tendrá que tomar una decisión sobre su derecho a proteger la soberanía popular de todos los ciudadanos europeos, una soberanía materializada en cada uno de los Diputados y Diputadas.

El Congreso español huyó de proteger la soberanía popular a través del cumplimiento del procedimiento del suplicatorio y se entregó al Supremo. ¿Quizá el Supremo se hubiera atrevido a acusar a la presidenta del Congreso o a toda la Mesa de desobediencia? Ante esa hipotética acusación hubiera estado esperando la fuerza de obligar, al menos teóricamente. Esa es la lucha de los Poderes del Estado que garantiza el sano funcionamiento del Estado. El Congreso no tuvo el coraje de enfrentarse legal y legítimamente al Supremo.

¿Tendrá Europa, otra vez, el coraje de enfrentarse al Supremo como lo hizo el Estado de Schleswig-Holstein? El Estado, recuerden, es violencia que se materializa con la fuerza de la policía. Y la policía no la mandaba al Sra. Merkel: recuerden que la policía que detuvo a Puigdemont tuvo que no-poder-detenerlo después de que el Estado de Schleswig-Holstein lo declarada, a través de su Tribunal Supremo, libre de algunas acusaciones.

¿Defenderá el Parlamento Europeo la soberanía popular, base de nuestra democracia? Los medios de comunicación han sido utilizados por varios ideólogos para afirmar que sin Ley no hay democracia, aunque eso sea bastante discutible, Para que haya democracia la Ley tiene que ser democrática y democráticamente aplicada; la Ley debe ser legal y legítima así como legal y legítimamente aplicada. Las dos cosas y no solo la primera. Tampoco debe confundirse Ley y aplicación de la Ley. La Ley puede ser legal y legítima; su aplicación puede ser ilegal e ilegítima. El modo de aplicar la Ley puede destruir la bondad de la Ley.

¿Podrá el Parlamento Europeo exigir al Estado español que cese la violencia contra Junqueras, que use la fuerza para que se cumpla la inmunidad parlamentaria de Junqueras? ¿Renunciará el Parlamento Europeo a la defensa del principio fundamental del funcionamiento de la democracia: la inmunidad parlamentaria?

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Un comentario

  1. El autor, aparte de no haberse leido la resolución del Tribunal Supremo que deniega la autorización al reo Junqueras para que salga de la cárcel y acuda al Congreso español para jurar como parlamentario europeo y adquiera así una inmunidad que permitiría su fuga e impediría el fin del proceso penal que se sigue contra él por delito de rebelión, demuestra, con su indisimulado sesgo antiespañol, un completo desconocimiento sobre el concepto de soberanía popular.
    No existe ninguna soberanía popular europea porque no hay ninguna Nación política europea, ya que tampoco la UE es en Estado, y sin Estado no puede haber Nación política, pues la existencia de aquél es un requisito necesario e imprescindible para la de ésta. La UE es actualmente una confederación de Estados soberanos (entre ellos, el Reino de España), cada uno con sus correspondientes Naciones políticas (como el Pueblo español). No existe un Pueblo europeo soberano. Los poderes de todas las instituciones europeas son los que les han delegado voluntariamente los Estados miembros en virtud de los Tratados y cualquier Estado miembro puede revocar esa delegación y salir de la UE cuando lo decida, como se evidencia con el Brexit.
    Además, entre las competencias del Parlamento europeo no se encuentra la legislación penal, que siempre es la del Estado miembro correspondiente a cada caso concreto, dictada por su Parlamento nacional, que sí representa a una soberanía popular. Así que el Parlamento europeo no tiene (ni puede) defender una inexistente soberanía popular europea.
    El Tribunal Supremo sí permitió que Junqueras fuera al Congreso español a recoger su acta de diputado español porque ello no comportaba riesgo de que se evadiera de la acción de la Justicia.
    El Tribunal Superior (que no Supremo, como erróneamente dice el autor, pues es un tribunal regional alemán) de Schleswig-Holstein dictó, en el caso de Puigdemont, una resolución manifiestamente antijurídica, pues entró en el fondo del asunto (además, con muy mala fundamentación) en contra de lo dispuesto en la norma europea que rige la euroorden, pues solo debió estudiar los requisitos formales (que se cumplían), ya que el fondo solo le corresponde a la Justicia española. El Congreso español y, sobre todo, el Gobierno de Rajoy huyeron de proteger la soberanía popular española, pero no por entregar a Junqueras a la Justicia en cumplimiento de la ley penal aprobada por ese mismo Congreso, sino por no haber sacado a España del Acuerdo de Schengen al haber incumplido el mencionado tribunal aleman la normativa de la euroorden en el caso de Puigdemont. El Parlamento europeo no puede oponerse a la acción (“violencia”, en la terminología antiespañola e interesada del autor) de la Justicia penal española contra Junqueras porque esa es una competencia exclusiva de España y tampoco puede defender ninguna supuesta inmunidad parlamentaria de Junqueras porque el reo no ha adquirido su condición de parlamentario europeo.
    Así la ley española no solo es legal (una redundancia del autor) y legítima, sino que su aplicación por el Tribunal Supremo ha sido, está siendo, legal y legítima; en todo caso, Junqueras sirmpre puede recurrir esa resolución ante el Tribunal Constitucional (al que desobedeció reiteradamente) y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que ya hs dictado varias resoluciones contra sendas demandas de los golpistas).
    Al margen de lo anterior, quienes sí han atacado claramente a la soberanía popular española han sido los autores del golpe de Estado secesionista de 2017, entre los que está el reo Junqueras (el “protegido” del autor), y, si las instituciones y normas europeas se van a utilizar como fraude de ley para permitir la impunidad de gravísimos delitos contra la unidad de España, lo mejor que podría hacer España sería seguir el ejemplo del Reino Unido y abandonar la UE, pues es la Nación política española (no la UE) la base de nuestra democracia. Por todo ello, la tesis del autor es antidemocrática por antiespañola.

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