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La Justicia certifica “la mala fe” de la empresa que gestiona el aeropuerto de la Base de Rota

El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez deja sin efecto las medidas adoptadas por la firma desde que asumió el servicio a finales de 2016

“El nuevo contrato negociado y aceptado por la empresa propicia menores partidas económicas que los anteriores contratos; la empresa pretende no negociar el convenio colectivo, sino adaptar las cuantías, costes de personal y condiciones socio labórales del convenio vigor a dichas cuantías”, recoge una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez, que declara nula la modificación realizada por la empresa Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS), concesionaria del aeropuerto de la Base de Rota. La magistrada Soledad Ortega, titular del citado juzgado, deja sin efecto las medidas adoptadas por la firma desde que asumió el servicio a finales de 2016, y declara el derecho de los trabajadores a ser repuestos en las condiciones de trabajo anteriores, una sentencia ante la que se puede recurrir.

Los empleados consideran que este fallo “vuelve a dar la razón a los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota y pone de manifiesto la mala fe empresarial a la hora de negarse a negociar un nuevo convenio colectivo”, apuntan en un comunicado. El comité de empresa considera que después de “las peripecias y momentos duros y amargos que ha vivido la plantilla desde el comienzo del conflicto”, esta sentencia “pone de forma manifiesta la mala fe empresarial a la hora de sus actuaciones para vencer y doblegar la voluntad de este colectivo en defensa de sus legítimos derechos”.

La plantilla le recuerda a Louis Berger que entiende la huelga como “un instrumento para alcanzar unos objetivos de mejoras y defensa de sus legítimos intereses en las condiciones socio-laborales de los trabajadores, nunca como un fin en sí misma”, por lo que culpa a la empresa de los paros convocados, por su “postura intransigente y maximalista a la hora de negarse a negociar un nuevo convenio colectivo” que sustituya al actual, correspondiente al periodo 2011-2015.

La sentencia recoge que “el 2 de noviembre de 2016 el comité de empresa remite un escrito a la empresa señalando que la misma ha actuado con mala fe en la negociación desde el primer momento, entendiendo que el convenio está tácitamente prorrogado y que no pretenden negociar, utilizando argucias para proceder a cambios de las condiciones de trabajo a un grupo de trabajadores, sin estar debatido y tratado en la mesa de negociación”. La empresa, añade, “con su comportamiento y el devenir de los hechos ha demostrado la falta de intención de negociar un nuevo convenio colectivo y claramente subyace la voluntad de aplicar el III Convenio Colectivo general del sector de los servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, el llamado convenio colectivo de handling”.

La magistrada estima que la firma “no ha mostrado intención alguna de negociar el convenio colectivo; que pretende eludir la aplicación del convenio al que todavía está vinculado, aplicando el convenio colectivo del sector que obviamente es más perjudicial para los trabajadores; que ha firmado un contrato de servicios a la baja y no puede pretenderse que esa decisión empresarial perjudique los derechos de los trabajadores al margen de la legalidad, para mantener sus porcentajes de beneficios”.

La sentencia recoge que aparte de los despidos objetivos —desde que llegó han dejado la empresa 25 españoles—, ha habido otros disciplinarios y varias sanciones, y se ha pretendido que se declarara ilegal la huelga de los trabajadores, por lo que el juzgado estima que todas son “medidas de presión para que la parte trabajadora se avenga a otras condiciones que no son las del convenio colectivo que se les venía aplicando”.

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