Sociedad

La Junta se muestra favorable al ‘pin parental’, que limitará horas educativas sobre igualdad y tolerancia

La batalla entre el Gobierno Central y el de Murcia provoca que el ejecutivo andaluz hable abiertamente de su implantación, tras intentar mantener silencio durante meses

Las negociaciones entre PP y VOX para los presupuestos de Murcia se han saldado este viernes con una victoria del partido de ultraderecha: la imposición del ‘pin parental’. Esta medida implica que los padres puedan vetar ciertos contenidos en todas las etapas educativas de sus hijos, especialmente en los primeros años. Así, supondría que muchos alumnos dejarían de recibir horas formativas relacionadas con asuntos que rechazan los partidos de derecha. Desde VOX indican que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”.

Los contenidos a los que se refiere VOX son los relacionados, principalmente, con violencia de género, educación en igualdad, tolerancia o sexualidad. “Yo, que tengo una hija de 8 años, si algún día vienen a darle una charla a hablar de otras cosas que no son matemática, lengua… quiero saberlo de antemano y poder autorizarlo”, indicaba el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que celebraba este viernes Consejo de Ministros, ha respondido que ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el ‘pin parental’.

En el caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras (PP) no atienda al requerimiento, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado que iniciará “el procedimiento para llevar a los tribunales” el ‘pin parental’, una medida promovida por Vox que ha exigido tanto en Murcia como en Andalucía para apoyar los presupuestos de ambas comunidades.

Celaá ha afirmado que el ‘pin parental’ es contrario al “derecho fundamental y constitucional” de toda persona, “desde su nacimiento”, a ser educada. “No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres”, ha añadido, para proclamar que es “absurdo” e “ilegal” cuestionar ese derecho a la educación de los menores.

La pelota ha pasado, entonces, a la Junta de Andalucía, que acepta la medida, en tanto ésta se acordó para la investidura de Juan Manuel Moreno, hace un año. El superconsejero Elías Bendodo ha defendido “la libertad de los padres” a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos, matizando, eso sí, ha querido dejar claro que cualquier medida al respecto se haría con respeto a lo que marcan las normas.

Para Bendodo, la postura del Gobierno es “un ejemplo más” de lo distintos que son el Ejecutivo andaluz y el nacional. Ha defendido que mientras el Gobierno andaluz es “liberal”, apostando por que las personas puedan elegir y, en modo alguno, es “intervencionista”, el nuevo Ejecutivo nacional es “intervencionista” y prohíbe.

Sin embargo, VOX Andalucía ha retirado toda pátina de simple libertad de elección y continúa con su batalla ideológica, en tanto transmite que no es una cuestión de libertad -del cómo- sino de lo que se enseña. Para sus portavoces, el ‘pin parental’ es un “instrumento para muchos padres para preservar a sus hijos de un adoctrinamiento impartido por dementes comisarias políticas de género que les inculcan su veneno de odio, irracionalidad e inmoralidad“. “Nunca fue cuestión de enseñar valores, sino de imponer su ideología y cuánto más jóvenes, mejor”.

La consejera andaluza de Política Social, Rocío Ruiz, ha mantenido la línea de Bendodo parcialmente. Por un lado, defiende el derecho de su Consejería a mantener su propio modelo de enseñanza, mientras que a la vez ha defendido que “hay una asignatura que es de obligado cumplimiento que es educación en valores”, por lo que “desde la Consejería estamos promoviendo 1.700 proyectos de coeducación” en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ruiz ha explicado que se están impulsando proyectos de “educación contra la homofobia, LGTBIfobia, contra el acoso escolar y eso va a estar siempre dentro del currículo porque está dentro de nuestros valores constitucionales y de nuestra autonomía”. “Esa es la realidad de la sociedad y de esta Consejería”.

El Sindicato de Estudiantes, por su parte, ha mantenido que esta medida promovida por Vox pretende “hacer de la educación una plataforma para difundir su mensaje de odio contra las mujeres, los colectivos LGTBI y los inmigrantes”. “A la extrema derecha no se le va a frenar solo con palabras, sino con hechos”, añadían anunciando próximas movilizaciones.

La oposición en Andalucía, representada por PSOE y Adelante, han salido igualmente en tromba a deslegitimar el ‘pin parental’, por considerarlo “una censura encubierta”, un acto de “chantaje” de la extrema derecha y “una barbarie”.

El máximo responsable de esta medida, el consejero de Educación y miembro de Ciudadanos Javier Imbroda, se mostró a lo largo del jueves abierto a la puesta en marcha del ‘pin parental’. Es “algo que todavía está en una fase embrionaria”, y que “tenemos que analizar, y bien, porque lo que no se puede es contradecir con la ley, y todo tiene que estar dentro del marco normativo”. En la práctica, ha supuesto mantener esta medida en un cajón, o al menos, lejos de la visión de la opinión pública.

Mientras, la plataforma ultraderechista Hazte Oír ya ha amenazado con llevar a los tribunales a los docentes que no cumplan con el ‘pin parental’. Lo consideran un “derecho” de los padres “frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género”.

Hay que recordar que personas relacionadas con VOX ya denunciaron a un maestro por mostrar en clase un documental sobre el asesinato de Ana Orantes. En aquella ocasión, la Consejería dice que apoyó al profesor.

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