Sociedad

La Junta reconoce que solo inspecciona al año el 25% de los comedores escolares de la provincia

Solo 47 de los 225 colegios de Cádiz cuentan con cocina central, mientras que la inmensa mayoría se nutren de menús diarios servidos por concesionarias bajo escasas revisión

Los delegados territoriales de Salud y Familias y de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Cádiz, Isabel Paredes y Miguel Andreu, respectivamente, han mantenido este miércoles un encuentro con representantes provinciales de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) y del sindicato Ustea para abordar la situación de los comedores escolares de la provincia gaditana e informarles de los procedimientos sanitarios para su evaluación.

Los delegados han estado acompañados del jefe de Salud Pública de la Delegación, Andrés Rabadán, quien ha explicado las competencias sanitarias en esta cuestión educativa. En este sentido, la Junta cuenta con un Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria de Centros Escolares (Plan Evacole) que valora el servicio de comedores desde un punto de vista nutricional y de calidad.

Según ha informado la Junta en una nota, el mencionado plan marca que cada año se inspecciona un 25 por ciento del total de los comedores escolares, tanto aquellos de gestión directa —cocina propia— como aquellos que dependen de una cocina central que luego distribuye bandejas por los centros. En el caso de la provincia son un total de 225 de los que 47 tienen cocina central y el resto funciona con empresas con las que la Consejería de Educación y Deporte firma una concesión administrativa.

Los agentes de salud pública están formados para realizar informes una vez visitados los comedores —sin previo aviso— en función no sólo de la garantía nutricional, sino también de la palatibilidad —el sabor de los alimentos— y de la pesada —lo que se sirve y lo que finalmente se come—. Asimismo, se revisan los menús en colaboración con la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición.

Si tras una visita hay margen de mejora, se realiza aproximadamente en un mes una nueva inspección; en caso de que el comedor siga presentando deficiencias, se comunica a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que adopte las medidas oportunas, ya que como concesionaria, suya es la competencia para establecer sanciones si la empresa incumple el pliego de competencias.

Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias, se han comprometido a, una vez conocidos los resultados de las últimas inspecciones, realizar una reevaluación de los mismos, al tiempo que han recordado que tanto su Consejería como la de Educación y Ciencia han mantenido en Sevilla reuniones con responsables de una de las empresas concesionarias de los comedores escolares andaluces, Amarark.

Por su parte, Miguel Andreu ha transmitido a los asistentes su compromiso de trasladar a la Consejería de Educación todas aquellas inquietudes que tanto padres como sindicatos exponen ante esta situación, además de trasladar que el nivel de exigencia a las empresas de catering será aún mayor para preservar la calidad de este servicio.

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