Sociedad

La Junta permitirá viviendas ilegales incluso en zonas con riesgo de inundaciones e incendios forestales

Un decreto reconoce el "derecho a la calidad de vida" de los propietarios de estas casas, que solo tendrán que firmar una declaración responsable asumiendo los riesgos

Las 327.000 viviendas ilegales que se levantan en Andalucía cuentan con un nuevo decreto que reconoce el “derecho a la calidad de vida” de los dueños, según ha publicado El Mundo por boca del director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Morente. Esta amnistía urbanística y medioambiental, que según colectivos como Ecologistas en Acción provocará un efecto llamada, incluye en el texto del referido decreto la legalización de casas en zona de riesgo por inundaciones, desprendimientos o incendio forestal, “si se actúa para minimizarlos y los dueños firman una declaración responsable de que conocen y asumen esos peligros”. Solo en Córdoba capital, publica el referido periódico, “más de 3.000 viviendas sufren riesgo de inundación o de incendio forestal”.

Otra de las posibilidades que abre el decreto, mantienen desde la Junta, “beneficia a viviendas ilegales en espacios naturales protegidos. Si la casa ya estaba acabada antes de que el suelo se catalogase como protegido, podrá ser considerada Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura que permite la inscripción en el registro y las obras de mejora, pues las leyes no tiene efecto retroactivo”.

“Nadie va a tirar esas construcciones, y sus dueños tienen derecho a una calidad de vida”, ha asegurado Morente en declaraciones a El Mundo, de ahí un decreto laxo en el que también, una de las situaciones más peligrosas, tiene que ver con los pozos. “Me han dado los análisis de salud de los pozos y [la bacteria] Esterichia coli te salta al cuello, la incidencia es altísima, inadmisible” por los pozos sépticos”, ha reconocido el director general de Urbanismo.

Una comisión, formada por expertos en materia de Urbanismo, asesorará en la redacción de la nueva Ley Andaluza del Suelo, que sustituirá la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que tiene como principal cometido “la simplificación y unificación” de los diferentes textos normativos existentes en materia urbanística. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado en el Parlamento de Andalucía recientemente de los últimos avances en la redacción de esta ley, que “contará con un primer borrador antes de que finalice el año”.

Marifrán Carazo ha ahondado en “la necesidad” de redactar un nuevo marco normativo “que derogue la LOUA que, tras 16 años de vigencia, ya no responde a los problemas actuales del urbanismo en la comunidad autónoma”, además de “perder coherencia debido a las sucesivas modificaciones introducidas”. “Los anteriores gobiernos socialistas nos han dotado de legislación urbanística enmarañada que hace muy difícil la aprobación de planes generales”, ha incidido.

“No puede ser que un promotor en Andalucía que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza en nuestra tierra tenga que sortear 235 textos legales entre leyes, reales decretos, decretos-leyes, órdenes y resoluciones“, ha criticado.

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