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Juzgan a la alcaldesa de Algar por presunto acoso laboral contra un exfuncionario municipal

Junto a María José Villagrán (PSOE) se sentaron en el banquillo otros dos concejales algareños. El denunciante afirma que le hicieron 'mobbing' por haber reclamado al Consistorio unas cantidades que le debían.

Junto a María José Villagrán (PSOE) se sentaron en el banquillo otros dos concejales algareños. El denunciante afirma que le hicieron ‘mobbing’ por haber reclamado al Consistorio unas cantidades que le debían.

La alcaldesa de Algar, María José Villagrán (PSOE) y dos de sus concejales, Adrián G. M. —que ya no ejerce como tal— y Teresa T. C., se han sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez acusados de un presunto delito de acoso laboral contra un exfuncionario del Ayuntamiento de esta localidad. Fiscalía pide para ellos un año de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una indemnización de 3.000 euros al presunto perjudicado, en concepto de daño moral. La acusación particular eleva la petición de penas a los dos años y hasta los 30.000 euros la indemnización.

Los hechos, ya juzgados, ocurrieron en 2014, cuando el exfuncionario del Consistorio algareño, Andrés Ríos, que ejercía básicamente funciones de alguacil —atención al público y administrativo—, aunque también se dedicaba al cobro de tasas municipales, afirma que los tres acusados empezaron a hacerle mobbing, algo que, piensa, se debía a un dinero que meses atrás había reclamado al anterior equipo de gobierno, cuando por circunstancias había tenido que ejercer otras funciones ajenas a la de su categoría profesional. Si bien interpuso en su día una demanda por este motivo, ya con Villagrán en la Alcaldía llegó a un acuerdo extrajudicial por el que el Ayuntamiento le abonaría estas cantidades en dos pagos. Andrés considera, y así lo expuso ante el tribunal, que debido a su reclamación y a la delicada situación de la tesorería municipal, esto no gustó al equipo de gobierno, por lo que los tres encausados empezaron a hacerle “la vida imposible”, lo que se traducía en malas formas hacia su persona, amenazas y la retirada del ordenador y el teléfono que usaba para trabajar, algo que por otra parte negaron los tres acusados.

En este contexto, hay que destacar que durante los meses que Andrés denuncia acoso laboral se producen en el Ayuntamiento una serie de sabotajes, como cortes en el cableado de ordenadores y de la línea de teléfono, notas insultantes contra la persona de una de las acusadas, Teresa T.C, o la desaparición de un móvil del también imputado Adrián G.M.. Debido a esto, el Ayuntamiento da cuenta a la Guardia Civil, lo que provoca que se abra un expediente de investigación por parte de Diputación de Cádiz, que manda a un instructor que pone sus miras en Andrés, al que acusa de los hechos. Sin embargo, el extrabajador municipal defendió durante el juicio que fueron los tres imputados los que le acusaron de aquellos hechos, afirmando incluso que le decían “reconoce que lo has hecho tú”. Todo ello también fue negado por los tres acusados, que si bien consideran que los actos de sabotaje tuvieron que ser hechos por un trabajador municipal, nunca sospecharon de nadie en concreto. La cuestión es que, por estos hechos, Andrés fue juzgado y absuelto por un tribunal de Arcos.

Los tres acusados insistieron en que nunca se dirigieron mal a Andrés y que ni mucho menos lo acusaron de nada, además de negar que le quitaran su ordenador, sino que no podía usarlo debido a estos sabotajes que se produjeron durante varios meses. Esto fue refrendado por la ex secretaria-interventora municipal, que declaró como testigo, mientras que otro funcionario municipal, también citado, sí le daba la razón a Andrés en cuanto a que le suprimieron sus herramientas de trabajo: “Sin ordenador ni teléfono, le hicieron ir para atrás 10 ó 15 años”. Por otro lado, este funcionario afirmó que durante los sabotajes fue acusado por Adrián G.M. de cortar los cables de los ordenadores, aunque no supo decir si estas acusaciones también se dirigieron hacia Andrés.

Por último declaró un perito forense, que reconoció que el denunciante había padecido diferentes estados de estrés laboral, aunque no pudo establecer una relación de causalidad directa entre ese estrés y los hechos que afirma haber sufrido.

Tras las diferentes declaraciones, Fiscalía mantuvo su petición de penas, algo que los abogados de la defensa, que pidieron la libre absolución de sus representados, no entendieron: “No queda acreditado ningún episodio de hostigamiento. La única inquina que se ha demostrado es la del denunciante”.

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