Opinión

España: punto de mira para quienes defendemos los derechos humanos

No existe una definición internacionalmente aceptada del derecho a la autodeterminación, ni este derecho está reconocido.

En estos últimos días ha habido mucha información en este país sobre cuestiones de derechos y conflictos de intereses entre personas o grupos de personas, así como entre territorios. Medios de comunicación y personas preocupadas por los derechos humanos en todo el mundo observan a España preocupados por la situación de los derechos humanos en nuestro país. No vamos a dejar de lado el tema estrella, la cuestión catalana, a la que tendremos que enfrentarnos desde la óptica con la que siempre nos enfrentamos a los problemas, por muy complejos que sean, la de los derechos humanos.

En Amnistía Internacional solemos empezar siempre mirando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí, sentimos tener que decir que no encontramos nada sobre el derecho de autodeterminación del que a menudo se habla. Actualmente, no existe una definición internacionalmente aceptada del derecho a la autodeterminación, ni este derecho está reconocido a nivel internacional como un derecho que pueda tomarse de forma unilateral en una parte de un Estado preexistente. De hecho la comunidad internacional solo lo reconoce como medio de obtención de la independencia de territorios previamente colonizados y, por más que busquemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no vamos a encontrar nada que se acerque a él más que una parte del artículo 2 que viene a decir que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.  

Teniendo en cuenta que en el caso catalán no parece haber diferencias remarcables entre catalanes y el resto de españoles, no parece que podemos decir que Cataluña sea un lugar donde se han respetado o se respetan menos los derechos que en el resto del Estado. Y, sin embargo, Cataluña ha sido tema de comunicados de Amnistía Internacional. Y lo ha sido para denunciar actitudes y hechos claramente contrarios a los derechos humanos. Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no aparezca el derecho a la autodeterminación y que a la vista de ello no haya razón para decir que los derechos de los catalanes han sido o son menores que los del resto del país, no quita que, incluso en el caso de que los independentistas estuvieran equivocados en su interpretación de los derechos humanos, no tuvieran derecho a expresar su opinión o a manifestarse políticamente para reclamar lo que consideran sus derechos. 

No existe una definición internacionalmente aceptada del derecho a la autodeterminación, ni este derecho está reconocido

Como ya recordábamos el 23 de septiembre, las autoridades, tanto estatales como catalanas, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación de todas las personas, tanto dentro como fuera de Cataluña. Y esos derechos incluyen la realización de actos públicos como los prohibidos en Madrid y en Vitoria. La suspensión de dichos actos sí suponía una clara violación de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión, recogidos en la declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 20 y 19 respectivamente. 

No es admisible tampoco, desde ningún punto de vista que respete los derechos humanos, la persecución de quienes participan en reuniones y manifestaciones espontáneas. Tal y como señalan las directrices de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las reuniones espontáneas deben ser legales y deben considerarse como un rasgo saludable de una democracia. El Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayando la importancia de la libertad de reunión pacífica y la necesidad de garantizar que el requisito de notificación no actúe como barrera para el ejercicio de este derecho, ha recordado reiteradamente que la falta de notificación por los organizadores o convocantes de la reunión a las autoridades no debe ser objeto de sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas. Tampoco puede sancionarse a aquellas personas que participan en manifestaciones pacíficas no comunicadas a las autoridades.

En una situación como la que actualmente vive nuestro país con la crisis catalana, las autoridades tienen que extremar al máximo el respeto a los derechos humanos. Algo que no siempre se ha hecho, como vimos el pasado 1 de octubre con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y la Guardia Civil para impedir la realización del llamado referéndum de independencia.

Amnistía Internacional no suele realizar sus informes o comunicados con información sacada de cualquier medio, más o menos fiable. Por ello, enviamos el día 1 de octubre a 5 observadores propios a Cataluña para conocer de primera mano la realidad del desarrollo de esa jornada. Y hemos confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum.

Conforme a estándares internacionales, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y, en esta ocasión, en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron un uso desproporcionado de la fuerza. Del mismo modo, se utilizaron peligrosa e inadecuadamente materiales antidisturbios como pelotas de goma o cartuchos de fogueo. Por ello, Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El TEDH ratificó que las expulsiones en caliente que el Estado español lleva a cabo en la valla de Melilla son ilegales

Pero no sólo de Cataluña se ha hablado. También se ha hablado de otras cuestiones que, en Andalucía, nos tocan quizás más de cerca, a pesar de los innegables lazos de los andaluces con los catalanes, en muchos casos unidos a ellos con lazos familiares. Queremos referirnos también a otra noticia que, en la vorágine del conflicto de Cataluña, ha pasado desapercibida para la mayoría de la gente. Hace apenas cinco días, el pasado 3 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificaba que las expulsiones en caliente que el Estado español lleva a cabo en la valla de Melilla son ilegales. El TEDH responde así a la denuncia interpuesta por dos personas migrantes de Malí y de Costa de Marfil, que fueron devueltas a Marruecos desde Melilla sin los debidos procedimientos el pasado 13 de agosto de 2014. 

Esta condena confirma las prácticas ilegales que se están produciendo en la frontera española con Marruecos y que llevamos denunciando desde 1995. Desde entonces, miles de personas han sido expulsadas de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a tortura y malos tratos, como denunciaba en su momento Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Creemos que una práctica ilegal, contraria a los derechos humanos y que venimos denunciando desde hace más de 20 años debe ser parada de inmediato. Especialmente cuando un tribunal superior, como el TEDH, ha fallado en su contra.

En Amnistía Internacional siempre estaremos luchando por los derechos humanos nos digan lo que nos digan. Incluso cuando como le ha sucedido a Idil Eser, la directora de Amnistía Internacional en Turquía, o a Taner Kiliç, el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, las autoridades nos detengan por ser testigos molestos. Taner Kiliç fue detenido el 6 de junio; Idil Eser, justo un mes después. El cumpleaños de Idil será el próximo 14 de octubre. No habrá mejor regalo para ella que exigir su liberación, porque gente como ella son indispensables para que alcancemos ese mundo que soñamos en el que todas las personas tienen todos los derechos. Por eso, os invitamos a firmar aquí.

Juan Francisco Villar Caño, coordinador del Equipo de Medios de Comunicación de AI Andalucía.

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