Opinión

El tripartito andaluz contra las trabajadoras sociales

Lo preocupante de todo esto es que el ataque por parte de sectores neoliberales y reaccionarios a determinadas profesiones no es nuevo y tiene una clara intencionalidad

Por sorprendente que parezca, doce diputados ultraderechistas están determinando la línea ideológica del nuevo gobierno tripartito en Andalucía. Doce diputados de los cuales ocho han solicitado compatibilizar su empleo como parlamentarios con la actividad privada. Debe entenderse entonces que el lanzamiento de exabruptos será la única tarea que realicen por Andalucía en estos cuatro largos años que nos esperan. Doce diputados ultraderechistas liderados por un juez con posicionamientos insólitos a la vez que indignos en un estado social y democrático de derecho.

Lo que no es tan sorprendente es el seguidismo de los medios de comunicación reaccionarios, tal y como pudimos comprobar tras escuchar las palabras vertidas por la periodista de ABC María Jesús Pereira en la tertulia ‘Buenos Días Andalucía’ de Canal Sur TV sobre la profesión de Trabajo Social. Unas declaraciones que venían a decir que la profesión del trabajo social no está homologada, que casi ni es una profesión. Todo esto al hilo de la petición por parte de VOX de los datos de colegiación a las compañeras que trabajan con mujeres víctimas de violencia machista.

Afortunadamente la ciudadanía (a la que la señora Pereira parece tomar por ignorante) sabe muy bien que el trabajo social es una profesión reconocida, reglada y referente en el sistema público de servicios sociales, tal y como explicita el artículo 31 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. También lo sabe el actual presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, pues fue secretario de Estado de Servicios Sociales durante el primer mandato de Mariano Rajoy y además votó a favor de la ley de servicios sociales anteriormente mencionada, por lo tanto no merece la pena perder un solo minuto en defender la profesionalidad del trabajo social.

Lo preocupante de todo esto es que el ataque por parte de sectores neoliberales y reaccionarios a determinadas profesiones no es nuevo y tiene una clara intencionalidad: disciplinar a las personas profesionales que no se doblegan al mandato del aparato político o cuya misión confronta con sus valores heteropatriarcales, clasistas, racistas y ultracatólicos. Entre otros, sucedió con los bomberos que se negaban a colaborar para ejecutar desahucios, está pasando con Salvamento Marítimo y como era de esperar también nos ha tocado a nosotras. La diferencia es el modo: a las profesiones masculinizadas como los bomberos se les criminaliza, a profesiones feminizadas como la del trabajo social basta con ningunearlas (a fin de cuentas es lo que el patriarcado hace con las mujeres). En cambio, las profesiones que tienen el encargo de suprimir desórdenes y ejercer la violencia del estado son idealizadas en el ejercicio de sus funciones y homenajeadas hasta la náusea. Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la firme creencia de que en sus filas habrá profesionales de todo tipo y condición.

La periodista de ABC, en un ejercicio propagandístico sonrojante, ha tratado de legitimar las consignas de la ultraderecha con evidente torpeza, pero en realidad ha hecho un favor a la profesión del trabajo social: Darnos un toque de atención y recordarnos que, tal y como reza nuestra definición internacional, los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Las mujeres víctimas de violencia machista siempre tendrán en nosotras el apoyo que necesitan. Es una cuestión de justicia, la misma justicia, por cierto, que promulga el artículo 1 de la Constitución Española.

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Comentarios

  1. El primer requisito de una columna periodística de calidad es la precisión terminológica; llamar a las cosas por su nombre, no por la neolengua de determinados intereses políticos concretos. Así VOX no es un partido de ideología ultraderechista, sino de ideología conservadora, basta tomarse la molestia de leer su ideario, su programa político, cosa que la autora parece no haber hecho; quienes conocimos a la verdadera ultraderecha del tardofranquismo y los primeros años de la Transición sabemos muy bien la diferencia entre ambos conceptos, tanto en los objetivos como en los medios para conseguirlos.
    Y el segundo requisito es no falsear los hechos. Los doce diputados de VOX no están determinando la línea ideológica del nuevo gobierno andaluz, aunque sí condicionan algunas de sus actuaciones concretas, cosa lógica, pues no en vano apoyaron la constitución de la mesa y la investidura del presidente; y eso no puede causar sorpresa alguna, como tampoco la causa que los diputados podemitas y secesionistas condicionen las acciones del gobierno de Sánchez, quien fue investido presidente gracias al apoyo de esos diputados.
    Ignoro lo que pudo decir la periodista de ABC María Jesús Pereira en la tertulia de marras ni en qué contexto lo dijo porque no la vi y prefiero no opinar sobre lo que no vi; pero, en política, ser reaccionario es ser contrario al régimen político existente y pretender retrotraerlo a otro anterior, concretamente se decía de quienes se oponían al Nuevo Régimen, al Estado liberal, y querían regresar al Antiguo Régimen, al Estado absolutista. Como se ve, ser neoliberal y reaccionario a la vez es imposible, y el diario ABC podrá tener una línea editorial conservadora, pero, desde luego, no es reaccionario; aunque esa incoherencia no le preocupa a la columnista, que solo arroja calificativos contra sus adversarios políticos sin preocuparse qué significa realmente lo que dice.
    Sentado lo anterior, no cabe duda de que Trabajo Social es una profesión universitaria que inclusive tiene competencias en determinados procedimientos judiciales y quien sostenga lo contrario desconoce las leyes o miente. Ahora bien, la verdadera cuestión que se debate, al margen de suspicacias gremiales, es el derecho que tiene cualquier diputado a pedir en sede parlamentaria al gobierno que le facilite datos sobre las personas o empresas que prestan determinados servicios públicos para controlar la acción del gobierno. Es evidente que el diputado tiene todo el derecho a solicitar y obtener todos los referidos datos siempre que no atenten al derecho a la intimidad de las personas o que sean de obligado conocimiento público y el gobierno tiene toda la obligación de proporcionar esos datos. En el caso de los datos solicitados por los diputados de VOX, conforme a la ley todos esos datos debieron ser publicados oficialmente al designar a esas personas y empresas en los correspondientes procedimientos de provisión de plazas y de adjudicación de contratos y, en consecuencia, VOX está en su perfecto derecho de pedirlos y el gobierno en la obligación de dárselos. Así es como se controla la acción de los gobiernos en los parlamentos democráticos. Lo único que denota la negativa a facilitar esos datos es el temor a que se descubran ilegalidades, cacicadas y el sesgo ideológico de quienes debieran intervenir en procedimientos judiciales con la mayor independencia posible. El resto del artículo son meros exabruptos que no merecen comentario. Desde luego, si la militancia ideológica de la columnista es la norma en la profesión de Trabajo Social, entonces esos profesionales no están capacitados para intervenir con la necesaria imparcialidad en procedimientos judiciales de ninguna naturaleza; esperemos que esa profesión no responda a ese patrón sectario.

    1. Y entonces, cual debe ser la norma en la militancia ideológica de las trabajadoras y trabajadores sociales para que según tú estén capacitados para intervenir con la necesaria imparcialidad?? …militando en la derecha reaccionaria como tú supongo. Mira majo, si te informas un poquito y te lees el Codigo Deontológico del Trabajo Social a lo mejor entiendes algo de la profesión.
      El resto de tu arenga no hay por donde agarrarla “sesgo ideológico”, ” patrón sectario”….”así es como se controla la acción de los gobiernos en los parlamentos democráticos”…..VENGA YA! Así es como se inicia una caza de brujas y como se retrocede en los derechos fundamentales.
      Pues va a ser que NO.

      1. No hay peor sordo (en este caso, sorda) que quien no quiere oír. Vaya por delante que yo no milito en ningún partido ni de derechas ni de izquierdas y que no acepto ningún condicionante ideológico de ninguna organización, hace usted suposiciones precipitadas y equivocadas; vaya también por delante que, en mi vida profesional, he intervenido como perito en procedimientos judiciales y administrativos, y conozco la profesión de trabajo social; y vaya así mismo por delante que no recuerdo que seamos compañeros ni tengamos relación alguna que le permita ese tuteo con el que se dirige a mí.
        Por experiencia propia, sé perfectamente que, aunque todo el mundo (los profesionales también) tiene derecho a tener sus convicciones políticas, religiosas y a ser hincha del equipo de fútbol que quiera, sin embargo todo aquél que intervenga profesionalmente en un procedimiento judicial o administrativo tiene la obligación legal y ética de dejar sus prejuicios, simpatías y antipatías colgados en el perchero del vestíbulo del juzgado o de la oficina administrativa o del despacho y actuar solo (repito: solo) con criterios profesionales e imparcialidad; esta es la “norma en la militancia ideológica de los trabajadores sociales” (y de cualquier otro profesional) por la que me pregunta y, por ello, el principio general cuarto del código deontológico del trabajo social prescribe la “ausencia de juicios de valor”, de los que rebosa el artículo que comentamos. Es evidente que la autora del artículo, que demuestra estar fuertemente ideologizada en un determinado sesgo, no reúne la imparcialidad exigible a un profesional, y, mucho más, cuando dice que defiende el interés y buen nombre de una profesión, pues esa supuesta defensa sectaria se convierte en una denigración de la profesión que dice representar, cualquier profesional sensato del trabajo social no debería ver bien que le “defiendan” en esos términos tan poco profesionales. A ningún justiciable ni administrado le tranquiliza que en su procedimiento intervenga alguien que se manifiesta públicamente en esos términos y podría ser recusada; motivos hay sobrados. ¿Lo entiende ahora? Por ejemplo, resulta sorprendente que no se haya publicado ningún artículo suscrito por algún trabajador social sobre el evidente mal asesoramiento que llevó a Juana Rivas a secuestrar a sus hijos y a ser condenada a 5 años de prisión, a perder la custodia de sus hijos y a tener que indemnizar a su exmarido.
        Quiero pensar que usted no es trabajadora social, porque, si así fuera, su desconocimiento manifiesto y oceánico de cómo funciona y para qué sirve el control parlamentario del gobierno dejaría en muy mal lugar a esa profesión, que se supone que debe (y necesita) tener una buena formación jurídica.

  2. los bomberos no acatan órdenes judiciales, la policía si ve que te están violando no sale en tu rescate por su propia seguridad. los militares sí invaden tu país no te defiende, etc.. viva la anarquía. Se puede decir tantas tonterías tan rápidamente. Aún duele perder el poder

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