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El socialismo le ‘echa la cruz’ a Franco

Desde el ministerio de Justicia se llevará a cabo una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica así como la pretensión de ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo

En apenas unos días se cumplirán ochenta y dos años desde que estallara la Guerra Civil española. Aquel verano del 36, un militar gallego, bajito y con ansias de poder decidió romper de golpe y porrazo una república instaurada de manera democrática. Luego llegaron los 40 años de dictadura, cobrándose a su paso miles de vidas. A día de hoy, que han pasado más de cuatro décadas de su muerte, el dictador sigue teniendo fieles que acuden a misa en el Valle de los Caídos, le rinden homenaje y alzan sus manos con el saludo fascista.

Desde que llegara al Gobierno el Partido Socialista el pasado mes de junio se ha vuelto a despertar la memoria adormilada durante la anterior legislatura popular. Y es que el equipo de Sánchez está dispuesto a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos de “forma inmediata”, aunque aún están estudiando la fórmula jurídica a seguir. “El Valle de los Caídos tiene que ser un memorial de paz y reconciliación que atienda a las víctimas de la Guerra Civil, donde todo el mundo se pueda reconocer y no puede ser el referente de la tumba de un dictador”, subrayaba hace unos días la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

No se ha detallado tampoco la situación de la negociación que inició Patrimonio Nacional con la familia del dictador para acordar sacar sus restos de la Basílica del Valle de los Caídos. El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, apuntó a mediados del mes de julio para sacar a Franco del Valle de los Caídos y dijo que “están avanzando” las negociaciones con la Iglesia y no está habiendo oposición por su parte para proceder a la exhumación. Aun así, julio está llegando a su ecuador y aún no parece haber movimiento.

El Gobierno también está estudiando la posibilidad de modificar la legislación para saber si se puede retirar el Ducado de Franco, que ha sido concedido a Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicaba que la concesión del titulo se ha cursado como herencia tras el fallecimiento de Carmen Franco Polo en diciembre de 2017 -única hija del dictador-. Ante esto, “la intención” del Gobierno es “estudiar” si se puede hacer una “modificación del Real Decreto que no prevé la retirada de los títulos nobiliarios previo análisis de la Ley de Memoria Histórica”, aclaraba Delgado. “Hay que considerar si esto forma parte y está amparado por la ley”.

Se pondrá en marcha la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación

Por otra parte, Delgado, ha anunciado este miércoles una futura reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, así como la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Además, ha adelantado que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la “ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”, como la Fundación Francisco Franco. “Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

Es por ello que el Ministerio de Justicia ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como ha explicado Delgado, se encargará de establecer “planes de búsqueda de desaparecidos” y contará con “expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica”.

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Nulidad de los tribunales de excepción franquista

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo “declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos”.

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

“No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen”.

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