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El Puerto tras 30 años de construcciones ilegales: más de 5.000 viviendas tienen que ser regularizadas

El Ayuntamiento apoya un proceso impulsado por la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía que pretende legalizar la situación de los 47 diseminados que tiene el municipio

El Puerto de Santa María tiene alrededor de 5.000 viviendas distribuidas por el extrarradio de la ciudad que, en su momento, se construyeron sin seguir un orden ni ajustarse al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Con el paso de los años, lo que en un principio fue la excepción se convirtió en norma, y en un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento portuense, que ahora quiere poner orden en este caos. Ya en julio de 2015, cuando gobernaba el PP junto al PA, el pleno aprobó con el voto favorable de estos dos partidos y el de Ciudadanos Portuenses, la ordenanza municipal que permitía regularizar estas viviendas. Después de más de 30 años, se sientan las bases para que los vecinos puedan ser portuenses de pleno derecho. Para ello hay que seguir un procedimiento que va bien encaminado pero que no se sabe cuando culminará.

“Es un fenómeno muy corriente en Andalucía ese de mirar para otro lado”, explica el abogado José Cepero, del Bufete Cepero, encargado de asesorar a los vecinos del Área de Regularización (ARG) llamada Montes de Oca, la urbanización ilegal más grande que tiene El Puerto, con 452.000 metros cuadrados y 375 propietarios. “Los ayuntamientos han sido permisivos por razones sociales —añade Cepero—, ya que la mayoría son viviendas que hicieron los mismos propietarios, situadas en enclaves rurales, donde los terrenos son más baratos”.

“Parcela a parcela, están trabajando desde el rigor jurídico y desde la precisión urbanística”, destaca el alcalde portuense, David de la Encina, en relación al trabajo realizado por Bufete Cepero y el Gabinete de Arquitectura Sánchez Pérez de Eulate, encargados de la ARG Montes de Oca. “Aunque no os deis cuenta, sois un reflejo para las otras 48 Áreas de Regularización”, añade, mostrando que del éxito de este proceso dependerá el desarrollo de otros diseminados del municipio.

El alcalde de El Puerto, David de la Encina, con representantes vecinales, del Bufete Cepero y del Gabinete de Arquitectura Sánchez Pérez de Eulate.

Cuando se aprueba la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), según Cepero, se plantean dos opciones: “O coger la pala y empezar a tirar casas o dar la opción a estas personas para que legalicen la urbanización”. El abogado define la situación como “una amnistía urbanística”, ya que “se sabe que los propietarios lo han hecho mal, pero se les da la oportunidad de rectificar”. El Ayuntamiento de El Puerto, además de Montesdeoca, muestra su respaldo al proceso de regularización en la zona de Los Naranjos, ya que ahora “la ciudadanía pueda visualizar que su urbanismo crece y avanza”.

La ordenanza que fija el proceso para regularizar estas viviendas recoge que el sistema de compensación establecido debe contar con el beneplácito del 51% de los propietarios de la zona, siendo los propios vecinos los que tengan que llevar a cabo el proceso. Las edificaciones tienen que contar con unas condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad —para conseguir la declaración administrativa de compatibilidad—, algo que no supone un problema en algunos casos, porque como explica el abogado Cepero, “las calles de algunos diseminados hasta tienen nombre y los vecinos pagan IBI”.

Los tiempos los marca el Ayuntamiento, que controla que la documentación requerida a los propietarios se tramita conforme marca la LOUA, para que El Puerto empiece a “corregir más de 30 años de un desarrollo urbanístico equivocado”, como exponen desde las ARG. Una decena de diseminados, del total de 47 Áreas de Regularización (ARG) con los que cuenta el municipio, se encuentran inmersos en este proceso. “El Puerto va a ser levantado entero, porque las ARG lo que tienen son fosas sépticas y tienen que conectarse al colector general”, explica Cepero.

La ARG Las Palmeras, la segunda más grande del municipio, con 270 propietarios, ya tiene el apoyo del 60% para crear la junta de compensación que dé inicio al proceso de regularización de las viviendas. El concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, asegura que “es una zona que tiene muchísimas posibilidades para su urbanización y por eso solo se puede dar las gracias, y quiero animar a los vecinos para que culminen todo este proceso que está impulsando el Ayuntamiento”.

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