El presidente del Cádiz es procesado por recibir una ayuda de 300.000 euros para su empresa

El juez de Invercaria procesa al expresidente de esta empresa pública de la Junta y a Manuel Vizcaíno, presidente de la firma Own Spa Desarrollos S.L., que causó un "perjuicio" al erario público.

El juez de Invercaria procesa al expresidente de esta empresa pública de la Junta y a Manuel Vizcaíno, presidente de la firma Own Spa Desarrollos S.L., que causó un “perjuicio” al erario público.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en Invercaria, procesa al expresidente de esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta, Tomás Pérez-Sauquillo, y al actual presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, por la ayuda a la empresa Own Spa Desarrollos S.L. que presidía el exdirectivo del Sevilla y que causó al erario público un “perjuicio” de 304.044,33 euros. El juez Juan Gutiérrez Casilla, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, procesa al expresidente de Invercaria, al máximo responsable del Cádiz y exdirectivo del Sevilla y a su hermana, María Ángeles Vizcaíno, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

El magistrado, a su vez, archiva la causa contra la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, y contra el gerente de Own Spa Desarrollos, Eloy Bernárdez Moya, al entender que “no queda debidamente acreditado” que por parte de estos investigados “hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno”. El juez relata que Own Spa se constituyó el día 26 de febrero de 2007 con un capital social de 3.000 euros mediante escritura pública otorgada ante notario en Sevilla, mismo acto en el que se nombraron como consejeros delegados a María Ángeles Vizcaíno y a Eloy Bernárdez Moya, que son socios de la entidad.

De este modo, relata que el objeto social de esta empresa es el diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua “destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal”, mientras que también constituye su objeto social la gestión de contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua. Según indica el instructor, en enero de 2007, la sociedad Own Spa solicitó una ayuda a Invercaria a través del presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, y de su hermana, siendo analizada dicha solicitud de inversión por el departamento de Promoción de Invercaria, que lo archivó al establecer “reparos a la inversión” el propio director de Promoción de la empresa pública de inversión en capital riesgo.

“Pese a lo anterior y a sabiendas que el director de Promoción de Invercaria se había opuesto a la inversión y que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis e Inversiones”, Pérez-Sauquillo “decidió personalmente conceder la ayuda”, pone de manifiesto el juez en este auto fechado el día 3 de noviembre y consultado por Europa Press. El magistrado asevera que, “a tal fin”, Pérez-Sauquillo, “actuando en nombre de Invercaria”, firmó el 11 de febrero de 2009 un contrato de toma de participación a través de la suscripción y desembolso íntegro de once nuevas participaciones sociales de la mercantil “mediante aportación dineraria al capital social en la cifra de 330,66 euros, con una prima de asunción por participación social de 13.000 euros”, lo que “supone una prima de asunción de 149.669,30 euros injustificada”.

Tras indicar que Invercaria se incorporó al consejo de administración de la mercantil, el juez agrega que, en esa misma fecha, Invercaria le otorgó un préstamo participativo de 150.000 euros, de manera que al otorgamiento de esta escritura acudieron el propio Pérez-Sauquillo, por parte de la empresa pública, y Eloy Bernárdez y los hermanos María Ángeles y Manuel Vizcaíno por Own Spa. Según el juez, la mercantil, que actualmente se encuentra en liquidación, “solo atendió y en su caso satisfizo el primer vencimiento, ocasionando un perjuicio al erario público de 304.044,33 euros”.

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