Cádiz

El juicio del ‘caso Quality Food’ buscará culpables de la supuesta estafa de 30 millones a la Zona Franca

La Audiencia cita a las partes para aclarar los entresijos de una supuesta trama creada por el empresario Manuel García.

La Audiencia Provincial de Cádiz cita para este miércoles a las partes presentes en el caso Quality Food, sobre supuestas irregularidades en el Consorcio de la Zona Franca, con la intención de cuadrar las agendas de los diferentes abogados para fijar una fecha para el inicio del juicio, según indican a Europa Press fuentes judiciales. La causa trata de aclarar una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz por el empresario Manuel García y su familia con la puesta en macha en el año 2000 de la compañía alimenticia Quality Food, cuando era Miguel Osuna era delegado del Estado para la Zona Franca.

El juzgado cerró la instrucción —que se abrió en 2005 con una querella de Zona Franca al empresario— en un auto en el que mantenía acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, ex director de la Zona Franca, para quien la Abogacía del Estado solicita siete años de prisión por presunta malversación y fraude, al igual que para el exdelegado Miguel Osuna. La Audiencia juzgará si se cometieron irregularidades en la compra de las acciones de Quality Food, si la operación se hizo de espaldas al comité ejecutivo y si el empresario Manuel García ocultó la deficitaria situación de la empresa para enriquecerse ilícitamente a costa de la Zona Franca con el conocimiento del entonces delegado y la participación del exdirector del Consorcio.

Fue en el año 2000 cuando García Gallardo, por aquel entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando, creó la empresa Quality Food Industria Alimentaria S.A, destinada a crear platos preparados para comedores u hospitales, que poco después se alió con Zona Franca, con Miguel Osuna como delegado y Teófila Martínez como presidenta del pleno del Consorcio, y fue creciendo gracias a subvenciones recibidas gracias, supuestamente, a la simulación de facturas de obras que nunca se realizaron, por lo que ahora la Audiencia juzgará la supuesta estafa de unos 30 millones de euros a las arcas públicas.

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